Condenaron por tercera vez a Bignone, el último dictador

El último dictador, Reynaldo Bignone, fue sentenciado ayer a 15 años de prisión, en su tercera condena por crímenes de lesa humanidad, esta vez por 15 privaciones ilegales de la libertad y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención "El Chalet" que funcionó en el Hospital Posadas de Haedo, al oeste del Conurbano bonaerense.

El Tribunal Oral Federal 2 porteño condenó también a 8 años de prisión y ordenó la inmediata detención del ex brigadier Hipólito Rafael Mariani, quien fue arrestado y cumplirá prisión domiciliaria. Además, aplicó la pena de 13 años de cárcel al ex custodio del hospital Luis Muiña, todos por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a trabajadores del establecimiento, pero no por desapariciones ni asesinatos.

Un cuarto acusado, Argentino Ríos, que integraba junto a Muiña el autodenominado comando de seguridad interna o Grupo Swat, fue separado del juicio por "razones de salud", pero será juzgado cuando se restablezca, según el fallo.

Esta es la tercera condena que recibe Bignone, quien ya acumula una perpetua y una sentencia a 25 años de cárcel pero goza del arresto domiciliario en razón de su edad (85 años). Actualmente también está siendo juzgado por el robo de bebés a desaparecidos junto al golpista Jorge Rafael Videla y otros acusados. El ex dictador fue el último mandatario de facto, pues en 1983 entregó el poder al primer presidente de la entonces restaurada democracia, Raúl Alfonsín.

La lectura del fallo de los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini fue seguida en silencio y decepción por decenas de médicos y empleados del hospital presentes en la sala, muchos de ellos ataviados con remeras con la nómina de desaparecidos, una lista que duplica el número de casos juzgados.

En la madrugada del 28 de marzo de 1976 un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Bignone ocupó el Hospital Posadas y capturó, entre otros, al director del establecimiento, Julio Cesar Rodríguez Otero (ya fallecido), que habitaba el llamado Chalet, que fue convertido en centro de detención y torturas.

En los primeros días se produjeron las 15 privaciones ilegales de la libertad y tormentos juzgados en este juicio, incluidas las del médico infectólogo Jorge Roitman, y el empleado Jacobo Chester, cuyos cuerpos asesinados aparecieron luego.

Por razones procesales estos delitos no fueron juzgados en este juicio y serían sometidos a un posterior proceso en el que se incluirían las demás denuncias de desapariciones que ahora no fueron acreditadas.

El total de desaparecidos y asesinados en el Posadas denunciados por el personal asciende a 11: Jacobo Chester, Jorge Roitman, Julio César Quiroga, María Esther Goulecdzian, María Teresa García de Cuello, Ignacio Luna Sánchez, Eduardo Carla Sala, Josefina Pedemonte, Daniel Eduardo Calleja, Osvaldo Fraga y María Angela Cairo.

Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y ya fue condenado a 8 años de prisión por ser jefe del centro clandestino Mansión Seré, pero llegó en libertad a este juicio. Ahora sólo fue condenado por la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Ester Cuervo, un enfermera sobreviviente y querellante, torturada en la base. Al termino de la lectura del veredicto quedó detenido, pero cumplirá su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Reclamo del gobierno a Casación

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se reunió con el titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Pedro David, a quien planteó que se aceleren las causas por crímenes de la dictadura.
  David y Duhalde analizaron los juicios por crímenes de la dictadura y los obstáculos para su avance y conclusión, e intercambiaron opiniones acerca de las medidas posibles para acelerarlos salvaguardando las garantías del debido proceso.
  A la salida de la reunión, que Duhalde calificó como “altamente positiva”, manifestó que “los procesos de memoria, verdad y justicia son políticas de Estado con fuerte consenso social como reiteradamente ha dicho el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, y que es urgente y necesario tomar medidas que eviten la prolongación innecesaria de este tipo de juicios”.
  Agregó que “la rémora en dictar sentencia y la tardanza de la Cámara de Casación en resolver las apelaciones a los fallos, crean un estado de incertidumbre a querellantes, a los testigos familiares de las víctimas y a los propios procesados o condenados sin sentencia firme, que es obligación del Poder Judicial evitar”.

La Justicia indagó al represor de La Pampa capturado en Bolivia

El represor Luis Baraldini, extraditado este fin de semana desde Bolivia acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura, se negó a declarar ayer ante el juez federal de Santa Rosa Pedro Zabala, y quedó detenido en la Unidad 4 local.
  El ex jefe de la policía de La Pampa llegó por la mañana trasladado desde el penal de la ciudad bonaerense de Marcos Paz a la sede de la Justicia federal pampeana, en un vehículo de la Policía federal y fuertemente custodiado.
  Allí, un grupo de militantes de derechos humanos y víctimas de la represión en la provincia lo aguardaban y cuando bajó del móvil, fue insultado y bajo los gritos de “asesino” fue rápidamente ingresado al Juzgado para ser indagado.
  Baraldini fue informado sobre los delitos que se le imputan, a partir de los testimonios de víctimas de la represión durante el primer juicio de la Subzona 1.4 que se sustanció en Santa Rosa en 2010.
  Tras poco más de una hora, Baraldini se negó a declarar, fue retirado por la parte trasera del edificio para evitar incidentes y fue trasladado a la la cárcel de Santa Rosa, donde se encuentran alojados los otros ex policías y ex militares que fueron condenados en el primer juicio.
  Baraldini, que estaba prófugo de la Justicia argentina desde 2003 por violaciones a los derechos humanos, será juzgado en La Pampa por su participación al frente del Comando de la Subzona 1.4, responsable de más de 300 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la provincia durante la última dictadura. El ex militar había logrado esquivar el juicio a los represores pampeanos en el que finalmente en noviembre de 2010 fueron condenados varios de sus subalternos al momento de los hechos.