El gobierno podría enfrentarse a la primera batalla en el Congreso de la Nación en la previa del recambio de bancas. Es que la oposición está impulsando una maniobra legislativa para impugnar la asunción de una senadora de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de Lorena Villaverde, actual diputada por Río Negro. También se le imputa una causa de narcomenudeo en Estados Unidos que data del año 2002
Lorena Villaverde, senadora electa de LLA, junto a Claudio ‘Lechuga’ Cicarelli, primo hermano de Fred Machado
El gobierno podría enfrentarse a la primera batalla en el Congreso de la Nación en la previa del recambio de bancas. Es que la oposición está impulsando una maniobra legislativa para impugnar la asunción de una senadora de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de Lorena Villaverde, diputada por Río Negro que en los últimos comicios fue electa para formar parte de la Cámara Alta. El Partido Justicialista (PJ) de dicha provincia la acusa de tener vínculos con el empresario Fred Manchado, investigado por narcotráfico, y le imputan una causa de narcomenudeo en Estados Unidos que data del año 2002.
Este miércoles, a partir de las 11, se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para tratar los pliegos de los legisladores electores para integrar la Cámara alta a partir del próximo 10 de diciembre. Esta instancia suele ser un momento formal, un mero trámite. No obstante, en esta oportunidad este momento puede terminar en el rechazo de la asunción de Lorena Villaverde.
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Desde la sede del PJ de la provincia presentaron una nota ante la presidencia de la Comisión, a cargo de la cordobesa Alejandra Vigo, para bloquear su asunción. El peronismo local señala que el ”pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde configura “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que le impedirían ocupar un escaño en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.
“La idoneidad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional comprende la honestidad, transparencia y conducta ética que deben caracterizar a toda persona que aspire a representar al pueblo y/o a las provincias en el Honorable Congreso de la Nación. La conducta de la Sra. Villaverde vulnera de modo grave estos principios, afectando el orden público electoral y los valores republicanos de la democracia representativa”, expresa el escrito presentado por el PJ de Río Negro ante el Congreso.
En particular, Villaverde es cuestionada por una detención por narcomenudeo en Estados Unidos, que data del año 2002. Se la acusa de haber transportado entre 400 gramos y un kilo de cocaína, aunque la legisladora lo negó en más de una oportunidad.
Por otro lado, Villaverde también está bajo la lupa por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, argentino que fue extraditado a Estados Unidos para ser investigado por delitos vinculados al narcotráfico. Machado también fue vinculado a José Luis Espert, razón por la que el economista fue imputado por lavado de dinero y se vio obligado a renunciar a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Con más detalles, se acusa a la diputada rionegrina de tener una relación cercana con Claudio ‘Lechuga’ Cicarelli, primo hermano de Fred Machado, quien fue señalado como “testaferro” del empresario por el PJ local. Incluso circularon fotos de Cicarelli con Villaverde juntos.
“Villaverde ha quedado expuesta en los últimos meses ya que los medios han revelado su secreto vínculo con el presunto testaferro de ‘Fred’ Machado, su primo Claudio ‘Lechuga’ Cicarelli”, afirma sobre este tema el texto del PJ de Río Negro.
“El narcoescándalo y la narcopolítica no pueden explicarse en Argentina sin hablar de Espert y Fred Machado. En Rio Negro no se puede explicar a Fred Machado sin Claudio Ciccarelli. El silencio criminal, la falta de explicaciones claras y la actitud de Villaverde no hacen otra cosa que confirmar que ella forma parte del esquema narcopolítico que actualmente está operando y penetrando en el sistema político argentino”, continúan desde la sede peronista de la provincia patagónica.
Este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado definirá la suerte de Villaverde. Este espacio tiene 19 integrantes y para emitir un dictamen de rechazo, el peronismo necesita 10 votos. Por el momento tiene 8 votos propios.