El fiscal de Puerto Iguazú consideró que no existió delito en esa jurisdicción, pero en los Tribunales de Retiro ordenaron varios informes. Santilli defendió la salida del senador brasileño de la Argentina
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro se fue de su país hacia Ecuador y pasó por Argentina el martes 27 de octubre.
La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú (Misiones) desestimó la denuncia por el presunto ingreso irregular al país del excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro, al considerar que no existió delito. No obstante, en los Tribunales de Comodoro Py la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó una batería de informes.
En Misiones, la decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez. El caso se inició a partir de dos denuncias recibidas este miércoles, vinculadas con el supuesto ingreso ilegal de Bolsonaro a la Argentina, una posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la zona de frontera de Puerto Iguazú y la eventual violación de medidas cautelares extranjeras.
Según la presentación fiscal, Interpol indicó que, consultadas sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro al momento del informe.
Además, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que Bolsonaro ingresó desde Brasil al territorio nacional el 27 de octubre de 2026, a las 22.37, por el Puente Internacional Tancredo Neves y egresó el mismo día, a las 23.52, desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.
La fiscalía sostuvo que el ciudadano brasileño “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino” y que no se comprobaron irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal de control interviniente.
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En esa línea, Martínez consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas.
La sede fiscal entendió que las medidas iniciales resultaron suficientes para descartar la hipótesis delictiva en la jurisdicción de Puerto Iguazú, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
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No obstante, la fiscalía señaló que remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal Nº 10 de la ciudad de Buenos Aires, donde tramita una causa relacionada con denuncias de similar objeto.
Paralelamente, Capuchetti pidió al gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y ordenó preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Lo hizo a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal.
La magistrada no aceptó todas las medidas que propuso y se limitó a solicitar a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar en la Argentina.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio que permitió al senador brasileño salir de la Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que el dirigente ingresó al país con la documentación en regla y sin restricciones registradas por Interpol.
"Como expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones", afirmó Santilli durante su participación en la primera Ronda de Negocios Rigi en Rosario.
María Celeste Santillán tenía 42 años y fue encontrada en un descampado. Su familia denuncia que tenía una soga al cuello y reclama justicia. La Fiscalía aguarda el informe final de la autopsia para determinar cómo murió.
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