El diputado Oscar Martínez.
El diputado del Frente Renovador-PJ, Oscar Martínez, que presentó en febrero de este año en la Legislatura un proyecto de ley para crear una Oficina de Protección Inmediata (OPI) para la protección de jueces, fiscales, empleados del Poder Judicial, periodistas y trabajadores de prensa ante casos de amenazas por parte de delincuentes imputados y/o condenados volvió a insistir con el pedido al gobernador de que se trate en sesiones extraordinarias.
Ante los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar en las últimas semanas en la ciudad de Rosario, el legislador manifestó que “en los últimos años estamos sufriendo la consolidación de una criminalidad más compleja y organizada a lo largo y ancho del territorio provincial que parece haberse agudizado terriblemente en estos meses. Balaceras y mensajes amedrentadores contra medios de comunicación, como hemos visto primero en Telefé Rosario y luego dos veces -una en el día de ayer y otra hace solo dos semanas- contra las instalaciones del multimedio Televisión Litoral, balaceras contra edificios como el Centro de Justicia, la cárcel de la zona oeste, y oficinas del Servicio Penitenciario así como amenazas directas contra jueces y fiscales como sucedió días pasados en una audiencia contra personas vinculadas al narcotráfico en Rosario en la cual fueron amenazados los fiscales Valeria Harigot y Franco Carbone. Jueces, Fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial se ven constantemente intimidados por delincuentes que están fuera y también dentro de las cárceles”.
“Sin ninguna duda -agregó- desde los tres poderes del Estado debemos reaccionar de una vez por todas ante este fenómeno y garantizar la plena libertad de actuación de los integrantes del Poder Judicial, y para ello es necesario generar las herramientas que permitan que esta protección sea eficiente y rápida. Por esta razón propusimos en febrero de este año la creación en el ámbito de la Corte Suprema de la Oficina de Protección Inmediata –OPI – que tendrá a su cargo no solo el diseño de las políticas generales para la protección de estas personas, sino que elaborará un Protocolo de Actuación, reglas, manuales y recomendaciones que tengan como propósito generar condiciones de seguridad, libertad e independencia, que junto a otras medidas garantizarán el pleno ejercicio de la función judicial libre de cualquier presión”.
“Consideramos -continuó- que tanto los magistrados penales, como el personal del poder judicial, y también los trabajadores de prensa deben desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad sin temer por sus vidas, su integridad, su seguridad y la de sus familias y colaboradores. El Estado les debe prestar las debidas garantías de protección a estas personas expuestas a riesgos por sus actividades vinculadas a la administración de justicia penal, a fin de preservar su integridad física y que no se vean afectados por amenazas, intimidaciones ni otro tipo de presiones”.
Martínez solicitó días pasados al gobernador Perotti el tratamiento en extraordinarias de proyectos de ley relacionados con la inseguridad, y en estas horas debido a los últimos hechos acontecidos le envió nuevamente una carta renovando esta solicitud y poniendo énfasis en la necesidad de que el tratamiento del proyecto de creación de la OPI tenga prioridad.
El hecho se registró en primer año. Los atacantes habrían sido siete y ya hay dos detenidos. Especulan que podría haber otros hechos no denunciados
Por Lucas Ameriso
