El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, sindicado por un asesor de otro legislador como supuesto sabedor de antemano del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, contragolpeó este viernes en Tribunales, donde negó la imputación y denunció por “falso testimonio” a su acusador.
Por su parte, la querella de CFK reclamó que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras de Milman que lo acompañaban el 30 de agosto pasado en la confitería Casablanca, cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después contra la ex mandataria.
Milman presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el que negó la acusación en su contra y reclamó que sea investigado por supuesto “falso testimonio” el testigo que dijo haberle escuchado decir la frase “cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.
Las presentaciones se dieron en un día en el que subió la tensión en torno al expediente: la querella, por primera vez, expuso por escrito fuertes diferencias de criterio con la jueza, mientras que el diputado sostuvo que el testigo puso palabras en su boca con “inconfesables fines políticos”.
Los cruces están relacionados al desarrollo del legajo de investigación que, hasta esta semana, había mantenido en secreto.
Detonante
El expediente se inició a partir de la denuncia de un testigo que dijo haber escuchado que Milman aludió a un hecho que podría ser el atentado fallido contra la vicepresidenta, dos días antes de que ocurriera.
El testigo, un colaborador del diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Marcos Cleri en el Congreso, declaró el 23 de septiembre. “Escucho con mis propios oídos que Milman dice textual «cuando la maten, yo estoy camino a la Costa», a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer, algo así como «¿tu chofer?». Y el contesta: «lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo»”.
A partir de esa declaración se inició un legajo de investigación reservado que permitió a la jueza y al fiscal Carlos Rívolo constatar, a través de distintas medidas de prueba, que el 30 de agosto Milman había estado con dos colaboradoras (Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco) en la confitería y a la hora señalada en el testimonio.
Las diferencias entre Capuchetti y la querella surgieron el miércoles, cuando la magistrada se opuso a disponer la orden de secuestro de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras que, ese día, concurrieron a los Tribunales Federales de Comodoro Py a declarar como testigos.
En ese contexto, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, quienes representan a la vicepresidenta, presentaron un recurso de reposición ante el juzgado de Capuchetti para que “se ordene el inmediato secuestro de los celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco”.
Milman, por su parte, aseguró que “jamás” hizo la “afirmación” que le atribuyó el testigo y lo denunció en un escrito presentado en la misma causa.
“Jamás hice una afirmación como la que el testigo ha pretendido imponer como salida de mi boca, quién sabe con qué inconfesables fines políticos”, dijo el legislador en el escrito que fue remitido a la Cámara Federal porteña que, por sorteo, lo envió al juzgado a cargo —interinamente— de Julián Ercolini para que lo investigue.
“Estuve reunido en el referido bar con mis secretarias, siendo que, en la oportunidad a la que el testigo se debe referir, estábamos organizando un evento en Mar del Plata y, al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que realizaría en distintas semanas”, aseguró Milman.
Paralelamente, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, afirmó que el diputado “va a tener que explicar” ante la Justicia las reuniones que mantuvo en inmediaciones del Congreso días antes de producirse el intento de asesinato de Cristina.
A su vez, el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sostuvo respecto del vicepresidente del bloque PRO en la Cámara baja: “Todas las puntas de investigación que se abran merecen profundizarlas”.