Especialistas en genética, toxicología, química ambiental y salud pública declararon en audiencias centrales del proceso que investiga la aspersión de agrotóxicos cerca de zonas urbanizadas
Especialistas del sistema científico nacional declararon en las audiencias clave del juicio por fumigaciones en Pergamino.
La especialista en genética Delia Aiassa declaró que los estudios de genotoxicidad realizados en vecinos de Pergamino demostraron daño genético compatible con la exposición crónica a agrotóxicos. Confirmó así ante el tribunal un vínculo entre las fumigaciones y las afecciones sanitarias detectadas en la población.
El juicio por las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino atravesó esta semana uno de sus momentos más relevantes desde el inicio del debate oral. Durante las audiencias realizadas entre jueves y viernes, el Tribunal Oral Federal escuchó testimonios de alto peso científico que aportaron evidencia técnica y sanitaria sobre los efectos de los plaguicidas en el ambiente y en la salud humana.
Lejos de opiniones o valoraciones subjetivas, las exposiciones se apoyaron en investigaciones publicadas en revistas especializadas, estándares internacionales y experiencia clínica y epidemiológica acumulada en poblaciones expuestas. La discusión se desplazó así desde cuestiones meramente procesales hacia un eje de fondo: qué establece hoy el conocimiento científico sobre el impacto del uso intensivo de agroquímicos en zonas periurbanas.
Uno de los ejes centrales fue la calidad del agua destinada al consumo humano. En ese tramo declaró María Fernanda Cuño Basaldúa, bioquímica clínica con especialización en química analítica, quien intervino en la causa interpretando los informes elaborados por otros organismos técnicos. Cuño Basaldúa explicó los criterios utilizados para evaluar los análisis de agua realizados en Pergamino, en los que se detectaron y cuantificaron distintos principios activos y metabolitos, entre ellos atrazina, glifosato, AMPA, 2,4-D, clorpirifos, imidacloprid y metolaclor.
La especialista señaló ante el tribunal que tomó como referencia la normativa de la Unión Europea, considerada una de las más estrictas a nivel internacional. Ese marco fija límites bajos y universales para plaguicidas en agua potable y, a diferencia de la legislación argentina, contempla la suma de sustancias presentes y los posibles efectos combinados. Desde esa perspectiva, varias de las muestras analizadas no resultarían aptas para consumo humano.
Cuño Basaldúa también advirtió sobre los vacíos de la normativa vigente en la Argentina. Explicó que tanto la ley bonaerense 11.820 como el Código Alimentario Argentino regulan un número limitado de compuestos, en gran parte hoy en desuso, y no contemplan muchos de los productos que actualmente se utilizan de manera masiva en la actividad agropecuaria.
Otro aspecto desarrollado ante el tribunal fue la persistencia y el transporte ambiental de los agroquímicos. Especialistas del sistema científico nacional coincidieron en que las moléculas aplicadas en superficie pueden desplazarse hacia napas subterráneas, ser arrastradas por partículas de suelo o trasladarse por deriva, incluso a distancias significativas. Se remarcó que se trata de sustancias sintéticas, ajenas a la naturaleza, cuya presencia en agua subterránea solo puede explicarse por la intervención humana.
La dimensión sanitaria ocupó un lugar central en las audiencias. Desde la toxicología y la medicina forense se abordaron los efectos conocidos de distintos herbicidas e insecticidas sobre el organismo humano, con especial énfasis en la exposición crónica. Se habló de genotoxicidad, alteraciones endocrinas, daño neurológico y riesgo carcinogénico, y se subrayó que muchos productos aprobados en el país son evaluados principalmente por su toxicidad aguda, dejando en segundo plano los efectos a largo plazo.
En ese marco declaró Flavia Vidal, médica toxicóloga forense, quien explicó los mecanismos por los cuales la exposición sostenida a agroquímicos puede desencadenar procesos de daño celular que no necesariamente se manifiestan de manera inmediata, pero que incrementan el riesgo de enfermedades con el paso del tiempo. Vidal remarcó que la ausencia de sistemas de seguimiento poblacional para plaguicidas contrasta con lo que ocurre con los medicamentos, cuyos efectos adversos son monitoreados de manera permanente.
Uno de los testimonios más técnicos fue el de Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en genética, directora de investigaciones sobre efectos genotóxicos de sustancias químicas. Aiassa explicó ante el tribunal los estudios de aberraciones cromosómicas y micronúcleos realizados en integrantes de una familia de Pergamino. Señaló que los resultados mostraron daño genético por encima de los valores de referencia y que ese tipo de alteraciones resulta compatible con la exposición a agentes ambientales genotóxicos.
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Aclaró que el daño genético puede disminuir si cesa la exposición, pero advirtió que su persistencia incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades graves, como distintos tipos de cáncer. También explicó que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la misma exposición, debido a factores genéticos y a distintas capacidades de reparación celular.
La situación de niños expuestos ocupó un capítulo particular. En ese tramo declaró Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, referente nacional en salud ambiental. Ávila Vázquez describió los efectos de los agroquímicos en la infancia y explicó cuadros de linfoproliferación ganglionar persistente como señales de disrupción inmunológica. Indicó que la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina o 2,4-D puede agravar condiciones preexistentes y aumentar el riesgo de linfomas.
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El pediatra aportó además resultados de investigaciones epidemiológicas realizadas en localidades agrícolas del país, publicadas en revistas científicas internacionales, donde se verificaron mayores tasas de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas en poblaciones expuestas a agroquímicos. Subrayó que los períodos de mayor vulnerabilidad son el embarazo y la primera infancia.
Más allá del impacto sanitario, los testimonios incluyeron una reflexión sobre el marco regulatorio. Se destacó que la Argentina carece de una ley nacional de plaguicidas y que el sistema actual se apoya en normas fragmentadas del Senasa y disposiciones provinciales y municipales. Los especialistas coincidieron en que el enfoque regulatorio sigue centrado en la toxicidad aguda y no incorpora adecuadamente los riesgos derivados de la exposición crónica y de las mezclas de productos.
Como decisión procesal relevante, el tribunal resolvió hacer lugar al pedido de la querella para realizar una inspección judicial en Pergamino. Los jueces recorrerán los campos involucrados, las viviendas de los denunciantes y los puntos donde se tomaron las muestras ambientales, al considerar que la percepción directa del territorio puede aportar elementos útiles para la valoración de la prueba.
Las audiencias de esta semana marcaron así un punto de inflexión en el juicio. Frente al tribunal, desde disciplinas distintas pero con conclusiones coincidentes, habló la ciencia: genética, toxicología, química ambiental y salud pública convergieron en una advertencia común sobre los riesgos del uso intensivo de agroquímicos en zonas habitadas.
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