La legisladora votó a favor de la reforma pero sería asesora de una empresa minera y socia de otras dos firmas de la misma rama
Una senadora fue denunciada penalmente tras la media sanción que la Cámara alta le dio a la reforma de la ley de glaciares.
En el marco del debate por la reforma a la ley de glaciares, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó una denuncia penal contra la senadora nacional Flavia Royon (Salta) por la posible comisión de delitos contra la administración pública. La demanda es por negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho.
En un comunicado, desde la entidad indicaron que la causa recayó en el Juzgado Federal N° 12 y que "alcanza hechos y delitos de extrema gravedad institucional: negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho, previstos en los arts. (artículos) 256, 256 bis y 265 del Código Penal, en el marco de su actuación en cargos públicos estratégicos vinculados a energía, minería y litio, y su participación en empresas privadas del mismo sector".
"Se trata de una funcionaria pública y actual senadora que, por los cargos que ocupó y por las relaciones empresariales que mantuvo y mantiene, actúa desde una posición de privilegio para favorecer intereses privados ligados a una serie de proyectos mineros, mientras interviene sobre decisiones públicas capaces de producirles un beneficio económico directo. De los dos lados del mostrador", apuntaron desde Aadeaa.
Los abogados que presentaron la denuncia explicaron que la incompatibilidad que mencionan se fundamenta en diversas cuestiones. En primer lugar, detallaron que quien hoy es senadora, fue, años atrás, secretaria de Minería y Energía de Salta, secretaria de Energía de la Nación en las gestiones de Alberto Fernandez y de Javier Milei y secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio (provincias del noroeste). Estas posiciones, señalaron, le permitieron a la legisladora contar con "acceso privilegiado a funcionarios e información oficial, además de capacidad de influencia sobre decisiones estatales, para luego obtener beneficios para sí y para las empresas a las que pertenece y representa. De ese modo, desvió el interés público y dejó desatendido su rol de garante de los bienes comunes".
En la demanda, los letrados de Aadeaa ponen la lupa sobre los vínculos de Royon con las empresas mineras Minenco SAS y Mineneco SAS, además del holding minero Zelandez. Respecto a esta última firma, explicaron que se trata de "una empresa de tecnología minera que presta servicios para proyectos de litio y cobre, entre ellos servicios de modelización hidrogeológica y balances hídricos. Es decir: servicios técnicos directamente vinculados con la evaluación de territorios, agua subterránea, salares y ecosistemas sensibles donde avanzan proyectos extractivos".
Desde la entidad de abogados remarcaron que el "entramado de incompatibilidades" no se explica sólo por el hecho de que la senadora fue parte de Zelandez sino que, además, "la propia senadora se presenta como «líder» de Minenco SAS, empresa que tiene domicilio fiscal, legal y real en el mismo que Flavia Royon declara como su domicilio «residencial» en otros documentos". Esto, aseguraron, es un "elemento que se suma al resto de las pruebas que permiten afirmar que existe una relación societaria y/o de titularidad entre la senadora y las empresas Minenco SAS y Minenenco SAS, y de esa condición no se sale con una simple renuncia como si fuera empleado de la firma. Por ello, el reproche penal es viable".
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A su vez, expresaron: "La incompatibilidad es todavía más evidente cuando se observa el contenido de la reforma (de la ley de glaciares). El proyecto cuestionado habilita que determinados estudios técnico-científicos definan si una geoforma o un cuerpo de hielo merece o no protección legal. Ese criterio no es abstracto: abre la puerta a liberar territorios hoy protegidos para el avance de proyectos extractivos. Zelandez presta justamente ese tipo de servicios técnicos: modelización hidrogeológica y balances hídricos para proyectos mineros. La reforma que Royón impulsó podía aumentar el valor, la demanda y la importancia de servicios que ofrece una empresa de la que formó parte".
"Mientras desde el Estado y luego desde el Senado intervenían sobre las reglas del juego, Royon aparecía vinculada a empresas privadas que operan o asesoran en los mismos territorios, para los mismos sectores, sobre los mismos intereses", agregaron, para finalizar: "Está en juego la integridad de la función pública y la defensa de territorios estratégicos para el agua. Defender glaciares, agua y territorios también exige denunciar a quienes convierten la función pública en plataforma de negocios privados".
Una de las principales cuestiones que se modifican con el proyecto de reforma a la ley de glaciares es la quita de relevancia al Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos.
Uno de los puntos que marcó a La Capital el biólogo Matías Arrigazzi, de Greenpeace, es que el proyecto de reforma "genera competencias entre las provincias porque se bajan los estándares de protección y se deja de lado la palabra del Ianigla, que son especialistas en el tema y que ya advirtieron que (el proyecto) es peligroso". En tanto, resaltó que las decisiones administrativas tendrán más relevancia que la palabra técnica de los científicos que elaboraron el ING: "Cualquier persona podrá tomar una decisión administrativa, basada en cualquier criterio que considere, para determinar qué zonas se protegen y en qué zonas se pueden desarrollar proyectos mineros".
La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros. También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.
Científicos, abogados y referentes del ambientalismo vienen alertando el retroceso que marcaría esta modificación no sólo en términos ambientales, si no también en relación a la protección jurídica con la que actualmente cuentan estos ecosistemas.
La ley de glaciares actual (Nº 26.639), sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo central de la ley fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.
Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.
El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.
Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.
La apertura de sobres se realizó este jueves. El presupuesto es de $12.600.000.000. Buscan que las obras estén listas para el próximo verano
Por Mariano D'Arrigo