El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), según la resolución 194/2026 que publicada en el Boletín Oficial.
La Casa Rosada definió el ingreso de Gabriela Zangaro al frente del organismo que debe posar la lupa sobre la administración pública nacional y empresas y sociedades con participación del Estado
Gabriela Zangaro es abogada especialista en Derecho Penal.
El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), según la resolución 194/2026 que publicada en el Boletín Oficial.
Zangaro reemplazará a Alejandro Melik. La medida fue adoptada dentro de las medidas ordenadas por el nuevo ministro de Justicia nacional, Juan Mahiques.
Es abogada especialista en Derecho Penal y cuenta con una larga trayectoria a la par de su formación en varias instituciones nacionales. Desde 2003 se desempeñaba como jueza en la ciudad de Buenos Aires.
El abogado Melik había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de marzo. Mantenía un vínculo cercano con el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado previamente en el ámbito penal.
La designación de Zangaro ocurre mientras la Justicia federal recolecta contratos en la TV Pública por orden del magistrado Ariel Lijo.
La Justicia busca determinar si existieron dádivas en un viaje privado a Punta del Este que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió con el periodista Marcelo Grandio.
La investigación intenta establecer si el pago de dicho vuelo fue una retribución por los contratos estatales de Grandio. En ese contexto, el organismo deberá intervenir para fiscalizar el debido uso de los recursos públicos.
>>Leer más: Vuelo a Punta del Este: otro testimonio ante la Justicia contradijo al jefe de Gabinete
La Oficina Anticorrupción es un organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Su función principal es velar por la prevención e investigación de conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, bajo los lineamientos del decreto 102/99.
El organismo actúa en la administración pública nacional y en empresas y sociedades con participación del Estado.
El dispositivo, inédito en el país, comenzará a funcionar tras el receso invernal. La tragedia de San Cristóbal marcó un antes y un después en el sistema educativo
Por Gonzalo Santamaría
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