Abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados o surgidos de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este martes un recurso de amparo contra el DNU que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y amplió sus facultades para detener a personas. Consideran que la iniciativa es inconstitucional y se reservan, en el caso de no tener eco favorable en primera instancia, el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum.
La reforma de la ley de inteligencia fija modificaciones que buscan fortalecer el rol de la Side, a cargo de Cristian Auguadra (responde al asesor presidencial Santiago Caputo), y la faculta para detener personas, entre otras medidas.
La presentación ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo con las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, el santafesino Luis Changui Cáceres, Manuel Garrido y Ricardo Terrile, entre otros.
En ese marco, solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto por considerar que “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
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Según el planteo, el DNU habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, a partir de conceptos considerados “amplios y vagos” como la noción de “influencia” o “injerencia”.
El peligro del DNU
Para los demandantes, la sola vigencia de la norma genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Carta Magna.
El escrito sostiene que el decreto afecta derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales.