El ministro de Economía provincial, Walter Agosto, anticipó que la provincia no está en condiciones de seguir con el esquema de la cláusula gatillo, al tiempo que alertó sobre la “delicada situación financiera” del gobierno santafesino, producto en buena medida al “elevado” déficit fiscal que dejó la administración anterior -estimado en 8.200 millones de pesos- y a los compromisos pendientes que deberán ser asumidos por Omar Perotti en los próximos meses.
Frente a esta dificultad, el gobierno resolvió darle asueto durante enero a los empleados estatales -con la excusa de la reorganización interna de la administración provincial- y el pago desdoblado del aguinaldo para los empleados y jubilados provinciales. “La situación es difícil de resolver en el corto plazo, estamos viendo como cumplir las obligaciones”, dijo Agosto.
Al ser consultado por la continuidad de la cláusula gatillo, el funcionario anticipó que "en este contexto no es posible financieramente una cláusula gatillo pidiéndole recursos al Banco de Santa Fe, que es lo que está ocurriendo en este momento".
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En tal sentido, explicó: "Cuando digo que hay que componer el escenario económico y financiero, está claro que es muy poco probable que eso pueda llevarse adelante porque no es sostenible en el tiempo".
“La provincia tiene una situación financiera delicada, con un déficit fiscal elevado, que según el gobierno anterior ascendía en noviembre a 8.200 millones de pesos”, señaló el funcionario provincial, y agregó: “Esto se agravará a fin de año, por el impacto del aguinaldo y por la gran cantidad de trámites pendientes que implican erogaciones que no están contabilizadas”.
En declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, Agosto advirtió que la nueva administración deberá afrontar, además de los salarios y aguinaldos de los estatales, el pago de una deuda contraída por el gobierno anterior, pero que no saldada y estimó que la cifra asciende “a 22.700 millones de pesos al 30 de noviembre”.
Con respecto a la actualización del valor del impuesto inmobiliario, el ministro aseguró que se resolverá “en los próximos días”, una vez que se analicen en profundidad las finanzas de la provincia. “Pero con las tasas de inflación de estos últimos meses, impuestos de estas características tienen que tener alguna relación con esos índices”, indicó.
Consultado si el monto será similar al dispuesto por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que asciende al 50 por ciento, Agosto dijo que se están evaluando “rangos similares”, y añadió: “Creo que varias provincias que tienen características similares a la nuestra y algunos municipios de la provincia están haciendo cálculos que dan esos montos”.
Otra de las cuestiones que se plantearon en las últimas horas tiene que ver con la decisión que tomó el gobernador Miguel Lifschitz cuando expiraba su mandato y que le dio continuidad a los empleados estatales del área de Cultura. Fuentes de la gobernación, revelaron “muchos de esos nombramientos serán revisados porque son irregulares”.
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En ese sentido, Agosto dijo: “La provincia está adherida a la ley de responsabilidad fiscal, que establece una norma de fin de mandato, eso significa que 180 días antes de finalizar la gestión no se pueden realizar gastos que implicaran compromisos permanentes a futuro, en ese marco se analizarán un conjunto de situaciones que puedan comprometer el presupuesto”.
Por otra parte, señaló que “el instrumento de financiamiento con el que contaba la provincia, el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), que al 11 de diciembre ascendía a 15.190 millones de pesos”, y añadió: “No es posible contar con esos recursos, porque ya se usaron 14.450 millones de pesos, y quedan disponibles solamente 740 millones de pesos”.
Agosto anticipó que para pagar los sueldos de los empleados públicos el gobierno provincial apelará al crédito bancario, que tiene un costo financiero que ronda el 57 por ciento y que implica un riesgo, porque llegó al 70 por ciento. No obstante, afirmó que “endeudarse a estas tasas para pagar erogaciones corrientes no es sostenible en el tiempo”.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Facundo Borrego
