El gobierno nacional y las provincias suscribieron ayer una modificación al Consenso Fiscal firmado en 2017, que establece la suspensión por un año de los juicios entablados por los Estados provinciales a la administración central, la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos, y la creación de una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas de cada distrito.
Además se suspende la nueva reducción de los impuestos provinciales, Ingresos Brutos y de Sellos, que estaba prevista para el año que viene, que se encontraba contemplada en el acuerdo fiscal firmado hace dos años y modificado en el 2018, y se fijan las alícuotas en los valores correspondientes a este año.
Al suspenderse la baja de los impuestos, el acuerdo representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según estimaciones oficiales.
El gobernador Omar Perotti, al igual que el resto de los mandatarios provinciales, avaló el “impasse” del Consenso Fiscal, pero respecto de los litigios a la Nación, aclaró que para la Santa Fe solo tiene implicancia sobre el reclamo del IVA y no alcanza a los juicios con sentencia firme, en este caso el fallo de la Corte Suprema a favor de la provincia por la retracción indebida de fondos coparticipables (ver aparte).
El fin de semana había trascendido que la Nación buscaba incorporar en este nuevo “pacto” la suspensión del pago de la deuda por coparticipación (tienen fallo favorable Santa Fe, Córdoba y San Luis), pero finalmente esta demanda no quedó incorporada al paquete que se firmó ayer.
El acuerdo, plasmado en una “addenda” al Consenso Fiscal de 2017, fue suscripto por el presidente Alberto Fernández, los gobernadores de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, del que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Previamente, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar los detalles de la letra chica que suspende efectos del Consenso Fiscal de 2017.
Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, las provincias tomaron el compromiso de reducir gradualmente la presión impositiva hasta el año 2022, pero la crisis económica sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos.
Al suspenderse la baja de los impuestos, el acuerdo representará aproximadamente un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según estimaciones del ministerio del Interior.
El gobernador de San Juan, el justicialista Sergio Uñac, en una conferencia de prensa posterior que ofreció junto con su colega de Jujuy, el radical Gerardo Morales, se mostró satisfecho por la firma del documento. “Debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”, señaló.
El pastor evangélico y diputado provincial Walter Ghione cuestionó a la Iglesia Católica que pide ordenar y regular la actividad de trapitos y cuidacoches.
Por Nicolás Maggi