Desde hace al menos tres años las amenazas a negocios de todo tipo y puntualmente a comercios gastronómicos son títulos corrientes en las crónicas policiales. En 2019 se registraron al menos dos ataques a sendos bares del barrio Pichincha; en junio de 2021 otros dos a comercios de Tucumán y Cafferata cuyos dueños debieron cancelar los alquileres y mudarse; en julio balearon la vinería “Lo de Granado” de Mendoza y Matienzo; y ya en noviembre se registraron otros dos ataques: uno al restaurante El Establo, de Pellegrini al 1700; y otro en el bar de comidas rápidas Jorgito Junior, de 27 de Febrero al 800. Este martes a esa saga se sumó una nueva amenaza. Fue contra el bar Esquina Lagos, de Pellegrini y Ovidio Lagos, cuya dueña, Patricia P., de 62 años, recibió mensajes telefónicos el fin de semana desde dos números distintos con el objetivo de que pagara 200 mil pesos o en caso contrario le iban a balear el negocio. Además le enviaron fotos de su casa de zona oeste como muestra evidente de que conocían los movimientos de su familia y del comercio.
Patricia, quien tenía el negocio con su ex pareja, se negó a declarar ante los medios que se acercaron a tomar contacto con ella. No obstante trascendió que la llamaron varias veces durante el fin de semana desde dos líneas telefónicas distintas para exigirle el pago sin margen aparente de negociación porque sino le iban a balear el local mientras estuviera trabajando, es decir “con gente adentro, igual que le pasó a El Establo”. En uno de los contactos por celular le dieron un plazo para pagar hasta la noche del domingo y que si no lo realizaba algo iba a pasar en el bar o en su casa familiar.
En la parrilla El Establo el ataque sucedió el 21 de noviembre del año pasado alrededor de las 23.40 cuando en el local cenaban un centenar de clientes. Entonces, desde una moto que se paró frente a la puerta, un hombre bajó, hizo una seña con la mano para avisarle a un mozo que se proteja y disparó al menos seis veces. La policía constató tres impactos de bala en el frente, uno en la puerta de ingreso y dos más un vidrio lateral. Allí, de acuerdo al reporte de fuentes oficiales, un mozo fue alcanzado por una bala y fue derivado de inmediato al Heca en el vehículo de un compañero de trabajo tras sufrir un impacto en la zona lumbar que no revistió gravedad. Dentro del restaurante los comensales se cubrieron tirándose debajo de las mesas.
Con ese antecedente del ataque a un comercio situado a pocas cuadras del suyo, la mujer dudó en denunciar el hecho y cuando los policías que llegaron al bar la entrevistaron les dijo que ella se trasladaría al Centro de Justicia Penal para denunciar la extorsión. Una vez radicada, la denuncia ingresó a la Unidad de Flagrancia en turno y es probable que sea trasladada a la llamada habitualmente Unidad de Balaceras.
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En el marco de esta saga, en octubre pasado desde la cárcel de Piñero un detenido llamó a varios comerciantes invocando el nombre de Pablo Cantero y la banda de Los Monos y les explicó que debían pagarle 10 mil pesos semanales para trabajar “tranquilos”. Ese hecho fue directo en cuanto a su objetivo y se dio contra una heladería y otros negocios de la zona sudoeste. El argumento de quien realizaba las amenazas era bastante creíble para los comerciantes: “Te paso a comentar. Trabajamos para los Cantero. Estoy cobrando a todos los negocios de la zona 40 mil pesos por mes. Me dan 10 mil por semana. Voy a pasar a buscar la contribución ahora. De otra manera, vamos a mandar a tirar tiros al negocio. En este momento veo que están atendiendo a una señora que está con un perrito. Para que sepan que los estamos vigilando”.
Los primeros días de noviembre la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizó dos allanamientos. Uno en Garibaldi al 4000, donde vive la madre del joven preso en Piñero desde cuyo teléfono se hicieron las amenazas. El otro fue en una casa de Francia al 5300 donde quedaron detenidos Brian H. y Noelia L., una pareja que para el fiscal Mariano Ríos Artacho sería la que accionaba en las calles las órdenes impartidas por el detenido.
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En los otros casos, por ejemplo el de la vinería de Mendoza y Matienzo, el local fue baleado cerca de las 21 del sábado 17 de julio del año pasado por varias personas que dejaron una nota manuscrita: “Mónica, decile a Matías que pague por que esto es ederitario (sic)”. La mujer es propietaria del inmueble que estaba alquilado a una pareja que puso la vinoteca. En aquel momento, el encargado de la franquicia de la vinería sostuvo: “No sé qué hace o hacían ni la dueña del local ni su hijo. Nos encontramos con este garrón que no sabemos de dónde viene ni por qué es”. Lo cierto es que el hombre decidió cerrar el local que el pasado 18 de enero fue incendiado intencionalmente. Se ve que la deuda aún no fue saldada. Matías, a cuya madre estaba dirigida la nota, está acusado de ser testaferro de organizaciones ligadas al narcotráfico y en diciembre del 2019 fue condenado a más de 8 años de prisión como proveedor de la banda de Los Monos.
Casualmente la madre de Herrera también estuvo a cargo del gimnasio del Club Unión Americana de Fisherton hasta octubre del año pasado, sitio que fue atacado de ocho balazos los primeros días del año. Tras la balacera, el titular de la institución aseguró que desconocían los motivos del ataque ya que no habían dejado ninguna nota.
Así, como en el actuar de la vieja mafia de principios del siglo veinte, las extorsiones volvieron a ser una importante fuente de recursos para bandas de todo tipo.