“Yo limpié barrio Villanueva (detrás del cementerio La Piedad) y ahora voy a barrio Godoy”. Hace siete meses, uno de los tantos llamados que recibió desde la cárcel le advirtió a una vecina de ese último sector del oeste rosarino que un transero preso en Piñero quería su casa en inmediaciones de Deán Funes al 7100. El transero estaba completamente decidido y fundamentaba su orden en una supuesta deuda que había dejado un hijastro de la vecina asesinado a balazos en febrero de 2019 en Villa Las Palmeras. El hombre se presentó con sus palmarés. Le ofreció dinero, le baleó un par de veces el frente de la vivienda, se la hizo saquear y hasta envió un flete para sacarle sus cosas de la casa. Este último hecho terminó con dos soldaditos presos. Pero no fue el punto final.
“Me vas a tener que pagar las 30 lucas (30 mil pesos) que tuve que ponerle a la policía para sacar a los pibes. A mi no me gusta perder plata”, le dijo a la vecina el transa desde la cárcel. La mujer, que trabajaba en un geriátrico, le pagó 5 cuotas de 5 mil pesos y le entregó dos autos, aunque admitió que le había quedado debiendo una cuota. Así sobreviven los vecinos en la periferias rosarinas, en medio de balaceras intimidatorias y apretadas descomunales, mientras la política local juega a las escondidas.
El calvario de Andrea se materializó a partir del asesinato de su hijastro Isaías Leonel Catán, de 29 años. El hombre fue sorprendido mientras caminaba pasada la medianoche del lunes 5 de febrero de 2019 por la colectora de la avenida de Circunvalación entre Estudiante Aguilar y Monte Flores. Dos hombres en moto lo ejecutaron con balazos en el tórax. La víctima caminó unos 40 metros y buscó refugio en uno de los ranchitos ubicados en la zona. Pero ningún vecino se atrevió a abrirle la puerta. Y murió al sereno. Catán era un muchacho ligado al mundo del narcomenudeo. Un año después de su asesinato, en la vida de Andrea apareció un contacto telefónico al que todos llamaban “amigo”.
Nada más alejado de la realidad el apodo del contacto. “Amigo” se transformó en la punta del iceberg de amenazas que comenzó a padecer. Aprietes ya vistos en otras investigaciones por usurpaciones y por extorsiones llevadas adelante por grandes marcas ligadas a la narcodelincuencia o en manos de usureros colombianos.
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La historia de Andrea y como fue presionada hasta el hartazgo se reanimó esta semana cuando la defensa de Mirco Joaquín G., de 19 años y detenido en la cárcel de Coronda, requirió ante el fiscal Pablo Socca su liberación o morigeración de prisión. Socca integra la Unidad Fiscal creada para trabajar sobre balaceras junto a los fiscales Federico Rébola y Valeria Haurigot. El juez de Garantías Gustavo Pérez de Urrechu no hizo lugar al pedido. Mirco es uno de los cuatro detenidos sindicados como soldaditos de “Amigo” que fueron detenidos el 10 de octubre de 2020 a bordo de un auto con un revólver calibre 38 con 6 proyectiles y una pistola Bersa Thunder calibre 380 con 8 balas intactas en su cargador.
Manuel Elías “Carita” M., de 23 años; Martín Omar G., de 26 años y Mirco G., de 19, fueron imputados por portación de arma de fuego compartida dos hechos en concurso ideal y quedaron bajo prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Un pibe menor de 18 años que también estaba en el auto puesto bajo la lupa quedó a disposición de la Justicia de Menores en turno.
Amigo poco amistozo
A partir de septiembre de 2020, siete meses después del asesinato de Catán, la presencia de “Amigo” se hizo casi cotidiana. Primero a partir de intermediarios y posteriormente por mensajes directos. Todo lo que ocurría en la vida de Andrea, “Amigo” se lo hacía saber. Así se fueron sucediendo hechos violentos. Comenzaron con el toreo de motos en la puerta de la vivienda; continuaron con un ataque a balazos, el 4 de octubre, en el que recolectaron media docena de vainas. Proyectiles que impactaron en el frente y en un auto estacionado. En el mientras tanto, “Amigo” negociaba casa por casa “a la vuelta de la (comisaría) 32ª”; luego 2 millones de pesos. Posteriormente, nada. A cara de perro. Siempre dejándole claro que tenía un arreglo con la seccional del barrio.
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Entre septiembre y octubre del año pasado, “Amigo” le hizo robar la casa a Andrea y le mando un flete con dos secuaces para que limpiaran el domicilio, que terminaron detenidos. Fue entonces que “Amigo” se comunicó otra vez: “Vas a pagar lo que yo perdí”, le escribió. Y amplió “Perdí 30 mil pesos con la yuta para que me liberen a los dos pibes porque tenían pedido de captura”. Eso a la mujer le costó un pago de 5 cuotas de 5 mil pesos, un VW Gol modelo 99 y un Fiat UNO. En medio, el marido de la mujer murió de una enfermedad terminal y ella se quedó temiendo porque le mataron a sus dos hijos. Cada vez que un móvil policial llegaba a asistirla de oficio, porque el trato era “si denuncias con la yuta es peor”, la sugerencia era policial “vaya a la 32ª y haga la denuncia”.
Tras encrucijadas, miedo y un circulo vicioso que asfixiaba, la Fiscalía de Flagrancia tomó intervención a partir del ataque a balazos contra la vivienda, demostrando la importancia de investigaciones de largo aliento por sobre la mera incautación de armamento sin ver cual es la historia detrás de esas armas. Así fueron detenidos los cuatro muchachos que iban en el auto y se secuestraron dos armas de fuego. Una verdadera Caja de Pandora abierta a partir de las pericias a las armas. Según pudo conocerse, la pistola Bersa estaría vinculada al menos a otros dos ataques a balazos en la zona. Manuel Elías “Carita” M.; Martín Omar G.; y Mirco G. pasaron por al menos dos audiencias y, según la acusación, son la cara visible de hombres que disparan sin mirar a quien y teniendo como sponsor a un preso que ordena su quinta desde la cárcel.
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Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, ninguno de los tres acusados tiene autorización para portar armar. La DaJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) informó la identidad de “Amigo”: Jonathan Agustín Caminos, un muchacho sin relación de parentezco en principio con los descendiente de Roberto "Pimpi" Caminos, el asesinado líder de la barra de Newell's. Jonathan está privado de la libertad en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero y según pudo conocerse los tres imputados tienen un chat de WhatsApp con “Amigo”.
Esta es una investigación que esta dando sus primeros pasos y está al aguardo de pericias sobre armas, vainas y teléfonos que podría continuar con reimputaciones y con mayores detalles de la guerra de pacificación que “Amigo” dio, al menos hasta octubre de 2020, en los territorios en pugna con Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero; Alexis “Tartita” Schneider _ambos hijos de Ariel “El Viejo” Cantero_ y el dominicano Otniel De León Almonte, entre otros en la zona oeste de la ciudad.
En ese sentido, la semana pasada Tartita y Chanchón fueron imputados por amenazas coactivas calificadas a una mujer a la que le advirtieron que la iban a matar si no entregaba su casa de zona sur. Según la acusación de la Fiscalía, ambos ejercieron esa coacción a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp realizados desde la cárcel de Piñero donde están alojados purgando penas por distintos delitos.
