El predominio de actores que están en prisiones sobre los estruendos cotidianos de las balas es un matiz fundante. El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, ubica como figura protagónica de estas dinámicas al líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero, que desde su detención en 2013 quedó implicado en hechos graves como disparos contra casas de jueces. Para los fiscales que trabajan los casos actuales eso se corrobora. La conclusión compartida es que las balaceras, tenidas como el problema criminal más importante de Rosario, no cederán sin cambiar un fracaso sostenido del sistema penal: la falta de control sobre los que ordenan tiroteos desde sus pabellones de encierro.
“El dueño de la violencia criminal de Rosario es Guille Cantero”, afirma Sain. Para el funcionario, la estrategia de hoy de Cantero es fragmentar el mundo criminal para dominarlo. Algo que logra con una línea portátil desde un presidio federal a 400 kilómetros de Rosario. “La evidencia deja claro que es auspiciante de los hechos de zona norte, oeste y sur de Rosario de estos meses. Y también de San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez”, afirma el ministro. "Tiene la capacidad para entender que patrocinar grupos de tiradores para impedir que cualquier otro grupo criminal se consolide en Rosario es indispensable para seguir teniendo dominio sobre negocios delictivos. Y utiliza esto no solo para liderar sino para crear fuertes climas de deslegitimación política”, agrega Saín.
Los mapas dinámicos de las balaceras ocurridas este año, que se presentan en la edición digital, recogen todos los incidentes desde el inicio de enero a fin de septiembre. Permiten ver los eventos y su concentración territorial. Los hechos consignados son los NN, es decir, los que no tienen autor individualizado. Se incluyen todos los hechos con disparos, excepto homicidios y los delitos de portación o tenencia ilegal de armas. De los mapas proceden cifras sorprendentes. En los casos NN, el día con más eventos con balazos fue el 11 de julio, con 12 hechos. De los más de 500 hechos registrados por el MPA, 233 son balaceras contra domicilios, 66 son balaceras simples y 4 balaceras a automóviles. Las cuadras con más incidentes con tiros fueron Alsina al 3100, Ayacucho al 4000, Ancón al 3300 y Arias al 3100.
Vastas franjas urbanas de la ciudad de Rosario están tomadas por la dinámica de los balazos. La excepción son las áreas centrales de la ciudad donde los hechos pueden aparecer pero son más esporádicos.
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Tres incidentes ocurridos en Rosario en los últimos veinte días revelan que bajo las formas más variadas en que se vacían cargadores está la penumbra del narcotráfico. Cuando los partes llegan a las fiscalías parecen otra cosa. Pero al internarse en los hechos la evidencia se vuelve notoria.
El 25 de septiembre a las 19 desde una moto tipo enduro acribillaron a balazos una casa en Vera Mujica al 3000 donde resultó baleada una chica de 17 años. La noticia sacudió en una ciudad todavía estremecida por el asesinato de Ticiana, una nena de 14, que recibió un tiro mientras lavaba platos en su casa diez días antes. La investigación del caso arrojó que en la casa de calle Vera Mujica estaba señalada como punto de venta de drogas.
El 26 de septiembre, un hombre que dijo ser plomero denunció haber sido víctima de un robo en Ayacucho al 4000 donde balearon su auto y fue herido en un brazo. Cuando le preguntaron qué hacía allí repuso que había ido a comprar un cochecito de bebé. Una unidad policial advirtió en la requisa que contra el vehículo se descargaron diez balazos. Demasiados tiros para un hecho de robo. Al examinar los perfiles del denunciante, llamado Juan Ramón A., se le encontraron delitos como portación de arma de guerra y haber herido una persona con una pistola. Lo más llamativo surgió al revisar un bolso en el baúl del auto. Tenía allí 560 mil pesos en efectivo. Todavía están en un depósito transitorio en el Banco Municipal. El “plomero” nunca los fue a reclamar.
Este mapa refleja las balaceras de enero a septiembre de 2020 en todo el departamento Rosario. Para visualizarlas hay que elegir la localidad correspondiente. En cada punto hay información. (Confección mapas dinámicos: Tomás Barrandeguy. Fuente: Ministerio Público de la Acusación MPA Rosario)
El miércoles pasado a la 0.45 una mujer, Fanny M., denunció que habían baleado su casa en pasaje Marguis al 5000, en barrio La Granada de zona sur. Se constataron cinco impactos contra el frente de la vivienda y una nota con el siguiente enunciado: “Con la mafia no se jode, pagan el tornillo o la casa es de la mafia”, con un número de teléfono: 341548... En la casa estaba la mujer junto a su hijo Jesús L de 19 años. La verificación automática con la incidencia priorizada del 911, que es la base de datos del Ministerio de Seguridad, indicó que Jesús L está relacionado a la venta de drogas. Y que el 25 de noviembre de 2018 fue baleado por dos tiradores en moto en Gutiérrez al 1900. Un joven de 20 años que estaba con él, Pablo Núñez, fue asesinado en el mismo hecho.
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En la unidad fiscal de balaceras se están conectando por primera vez todos los incidentes donde hay abusos de armas, es decir, en los que hay disparos: homicidios en tentativa o concretados, balaceras a domicilios, portaciones ilegales de armas, usurpaciones en las que el medio comisivo es efectuar tiros. Lo que se intenta es construir flujos de información constantes frente a cada hecho. ¿Para qué? Para ver si llevan a puntos comunes.
Y hasta ahora es así en forma abrumadora. ¿Cuáles son los puntos comunes? Básicamente domicilios y personas. Eso indica que en las muy diversas balaceras hay redes que se conectan por conflictos. El objetivo de los investigadores es hilvanar un circuito que tiene tres eslabones: el que es encontrado portando un arma, con la balacera que produjo, con la banda a la que pertenece.
¿Pero es que cada vez que se produce una balacera hay una banda detrás? “Lo que vemos al reunir los casos es que sí”, dice la fiscal Valeria Haurigot, coordinadora de la unidad. “Al relacionar los hechos sin autor claro, que por eso van a la fiscalía NN, aparecen detrás toda una constelación de nombres y lugares donde ya hubo violencia, lo que establece patrones de conflictos, y las bandas están en 9 de cada 10 casos”, establece.
“Algo que nos dimos cuenta rápidamente en lo que trabajó el fiscal Federico Rébola es que en la mayoría de las balaceras las víctimas no quieren dar información porque fueron agresores antes. Solo de los hechos de septiembre es evidente que quienes están mencionados como víctimas de una balacera aparecen como sospechosos en hechos previos”, asegura el fiscal Pablo Socca. “Una semana son víctimas y a la siguiente son autores. Reciben una agresión y la replican. Esas balaceras que tienen un trasfondo que supera el conflicto aislado son las que merecen total prioridad porque implican enfrentamientos entre grupos, familias o bandas que se repiten en el tiempo”, indicó.
La fiscal regional interina María Eugenia Iribarren inauguró algo que, de manera desconcertante, no se había hecho nunca en el Ministerio Público de la Acusación, que es centralizar la información de todos los hechos de balaceras. Un fiscal de turno de flagrancia recibía la detención de una persona con un arma. A la persona se la llevaba a audiencia por una portación ilegal pero sin verificación alguna sobre si este autor detenido con un arma estaba sospechado de una balacera anterior, o si el arma secuestrada tenía participación en un incidente previo.
Para ello lo que pidió Iribarren es que todas las vainas servidas que se levantan de escenas de disparos se remitan al laboratorio de Identificación Balística (Saib) de la Policía Científica de la Policía Federal que está centralizada en Buenos Aires. “Cada bala disparada tiene un ADN que se advierte en la vaina. Lo importante es que el resultado balístico nos conecte esa bala con otras disparadas en otros hechos, de manera de identificar redes”, indica Socca.
Tal asunto no es complejo. Una persona denuncia una balacera o se verifica un domicilio baleado. Las incidencias priorizadas del 911, reportes que salen de la base de datos de la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano de la provincia, escupen en minutos todas las relaciones de las personas que aparecen conectadas con los denunciantes, sus conflictos posibles y el historial del domicilio atacado. Surgen hechos previos, análisis criminal policial, bases públicas de datos económicos y notas periodísticas. “La información disponible es muy rica y muy valiosa para obtener resultados. Solo hay que cruzarla, profundizar y avanzar”, observa Haurigot.
La mayoría de las balaceras hoy son disputas narco de territorio. Se balea una vivienda para que se abandone para poner un bunker o para desplazar a un competidor corriendo a tiros a propietarios humildes. También, de manera clara, para sembrar miedo, de manera que la persona agredida le pague a la que la balea para evitar ataques futuros. “Es un problema enorme porque si se mantiene la directiva desde la cárcel sobra un ejército de chicos para disparar”, indica Socca. Una lógica operativa basada fuerza laboral en extremo joven: jefes de 25 años con ejecutores de 17. Hay otros móviles. Un prestamista que manda ajustar a un cliente por un atraso, o baleados en situación de robo. En la base de datos de este año éstos no llegan al 5 por ciento de los hechos.
Si las investigaciones avanzan habrá cárcel para los que actúan. Pero los que ordenan los hechos están allí. “Tenemos que meditar profundamente sobre este punto. Los hechos no se terminan cuando los jefes de las balaceras tienen en su calabozo su despacho administrativo. Los presos que comandan bandas desestabilizan la seguridad pública tanto peor que cuando estaban afuera. Les alcanza con sus teléfonos”, indica Socca.
“Guille Cantero lidera toda esta estrategia criminal desde una cárcel federal de máxima seguridad. Y encontramos obstáculos para neutralizarlo desde Marcos Paz", dice Sain. "La prisión de la mayoría de estos líderes favorece la inflación de violencia el territorio de donde provienen", agrega. En las agencias penales conciben la idea de traer a Piñero al líder de Los Monos para establecer sobre sus movimientos un cerco como el que jamás tuvo. Entretanto la unidad fiscal de balaceras encontraron toda la semana pasada que otros jefes encerrados, como un joven de 25 años de barrio de Fuerte Apache en el sur rosarino, siguen ordenando reventar esquinas desde atrás de los barrotes. Un problema donde los nombres con peso son algo más que un puñado.
