Antes de que el desarrollo de las bandas narcocriminales impregnara las calles de su lógica de sangre, antes de que el desarrollo de las bandas narcocriminales impregnara las calles de su lógica de sangre, miedo y eternas ansias de monopolio hubo, entre 15 y 10 años atrás, una estructura de la policía santafesina que gerenciaba el narcotráfico según una modalidad de dejar vender a algunos a cambio de dinero y, sobre todo, de información para meter presos a otros. Eso que siempre se manejó como presunción quedó demostrado, para el fiscal federal Federico Reynares Solari, en el juicio en el cual pidió 15 de prisión para el ex oficial de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta por organizar con el narco Ignacio “Nacho” Actis Caporale un emprendimiento basado en ese patrón.
“Druetta no era el único policía que hacía eso. Si se hubiera investigado de otra forma se podría haber llegado a otros. El sistema falló”, dice el fiscal sobre un proceso que se enfocó en demostrar hechos y conductas de hace más de diez años en una escena con otras lógicas y actores. Un trabajo de “arqueología judicial” que muestra cómo el sistema federal mixto, con su instrucción inquisitiva y juicio oral, no puede perseguir delitos en tiempo y forma.
Relaciones y sociedades
Las tropelías entre Actis Caporale y Druetta comenzaron, según la acusación, en julio de 2007 cuando el policía le encontró a Nachito unos cartones de LSD en la plaza Pringles y le propuso que, para evitar la prisión, le aportara datos de otros dealers para meterlos presos. Ese vínculo se terminó en septiembre de 2012, cuando fueron detenidos los miembros de la banda de Nacho, excepto él que estuvo prófugo hasta 2016 cuando cayó a bordo de un Ford Fiesta en la largada de una carrera en el autódromo de Buenos Aires.
Druetta siguió ascendiendo. Llegó a ser jefe de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas de la provincia y luego jefe de Contrainteligencia de la PDI, cargo del que fue apartado en 2018 acusado de confabular con Actis Caporale. Esa acusación se basaba en escuchas que sugerían que la relación entre Nacho y Druetta había seguido mientras el policía estaba a cargo de la brigada de Drogas Peligrosas de Villa Constitución. Las escuchas, de mayo de 2012, dejaban oír a Druetta avisándole a Actis que sería trasladado a Venado Tuerto y que podrían continuar desde esa sede con sus intereses en común.
Preso a la espera del juicio oral contra su banda, en 2019 Actis decidió declarar como arrepentido, figura que le permitiría mitigar su condena. Así, le puso nombre a cuatro o cinco “informantes de calle” y “llamadores anónimos” gracias a los que Druetta había realizado procedimientos exitosos contra narcotraficantes. Arrepentido, Nachito relató hechos en los cuales el informante había sido él ya que en eso consistía el pacto que tenía con Druetta y el ex policía Juan Angel Delmastro, antes condenado en asociación ilícita con Los Monos. Si bien en esos procedimientos solía hallarse droga y varios terminaron con condenados, se trató de requisas ilegales y falseadas que formaban parte del plan delictivo de Druetta para progresar en su carrera a partir de procedimientos falseados.
Las revelaciones de Nacho fueron corroboradas por los investigadores y resetearon las acusaciones contra Druetta. Así, ellos dos y Delmastro llegaron a juicio como organizadores de tráfico de drogas. “Se comprobaron cinco procedimientos con falsedad ideológica en Rosario. Pero encontramos más, fuera de la ciudad, cuando estaba en Villa Constitución. Gente de esa zona relató en el juicio la misma historia que Actis: que Druetta les ofrecía trabajar para él a cambio de información. De ellos, uno que cumplió condena dijo que fue preso porque no quiso entregar a nadie”, recordó el fiscal, y aclaró: “Pero Druetta no sólo fue acusado de falsear procedimientos sino también por permitirle vender a Actis”.
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Una forma de hacer
El jueves pasado Reynares Solari pidió en su alegato de cierre 15 años de cárcel para Druetta, 12 para Delmastro y 12 para Actis, quien tal vez haya esperado un pedido de pena más bajo luego de declarar que el policía había sido su jefe. Sin embargo, si bien los fiscales consideraron que Nacho cumplió con su pacto de arrepentido, su labor al frente de la banda iba mucho más allá de la relación con Druetta. Hacia 2010 el joven intentó aprovechar el traslado del policía a Constitución para abrirse un poco y para 2012, cuando terminó la sociedad investigada, Actis tenía seis o siete proveedores. Además una de las acusaciones contra el policía, que proveía a Nachito de la droga para que vendiera, no se probó.
Pero más allá de la suerte de estos tres actores, que se conocerá en las próximas semanas —faltan los alegatos de las defensas y luego se conocerá la sentencia— para el fiscal quedó claro que lo investigado da cuenta de una modalidad de gestión policial del narcotráfico, con varios Druettas y varios Nachos. “Algunos testigos dijeron que les pagaban a Druetta para que los dejara vender. Presumimos que el dinero era para la estructura”, sostuvo Reynares respecto de las pruebas colectadas, especialmente escuchas y charlas de Druetta con policías y funcionarios políticos y judiciales de esos tiempos.
¿Por qué no llegaron al banquillo los otros? Para el fiscal la razón más importante tiene que ver con el sistema penal federal y cómo se investiga. El modus operandi de Druetta era muy claro y constante, para el fiscal: sus procedimientos nunca mostraban una investigación previa sino que siempre se iniciaban con una llamada anónima o una información de calle que desembocaba en el arresto de una persona con drogas. “Al estar separadas las causas es más difícil notar este tipo de coincidencias. Faltaba una mirada global desde el Ministerio Público Fiscal que organice una estrategia unificada de persecución. En cambio, la investigación en la calle estaba en manos de la policía que mientras hacía su trabajo de persecución también regulaba la venta de drogas”, consideró Reynares.
Arqueología judicial
Los hechos por los cuales fueron juzgados Druetta y Delmastro con la banda de Actis ocurrieron básicamente entre 2008 y 2012. Desde 2013, y a partir de los aún impunes crímenes de Claudio “Pájaro” Cantero y Luis Medina que dieron paso a una reconfiguración del mapa narco, el escenario cambió de actores y modalidades en una dinámica cada vez más violenta que hoy parece ser regulada desde las cárceles donde están detenidos los jefes narcos más importantes y otros que, paradójicamente, se vuelven más poderosos tras las rejas.
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En cierto modo la estructura de regulación policial de la venta de drogas que según Reynares Solari quedó a la luz a partir de este juicio ya no existe. “Este esquema tuvo cierta estabilidad hasta 2012 y después se empezó a quebrar. El ingreso de las fuerzas federales a investigar, con otras lógicas, tuvo un impacto. También hubo disputas dentro de la policía y desde 2013 las cosas cambiaron mucho”, opina el fiscal, y admite que la investigación y el juicio de cosas ocurridas hace más diez años coloca a los fiscales en una suerte de “arqueología judicial”.
Para Reynares, si Actis hubiese revelado en 2012 lo que contó en 2019 se habría podido actuar en tiempo y forma. Pero también se podría actuar a tiempo si cambiara la forma de investigar y, tal como sucede en el sistema penal provincial, las fiscalías tuvieran una mirada global que permita relacionar lo que siempre se termina analizando por separado y, por ende, genera brechas por donde surfea la impunidad.
“Esa mirada global la tiene la policía. Mientras la Justicia accede a los casos por separado, la policía sabe todo lo que pasa en la calle. Hay que acortar lo máximo posible la distancia entre las fiscalías y la calle: en un sistema mixto como este, en el que la policía maneja la calle, la policía tiene la palabra santa y el fiscal no puede saber cómo son las cosas. Se necesitan estrategias para superar eso”, dice el fiscal sobre la importancia de que la Justicia federal se ponga al día. Tal vez así no haya que esperar diez años para comprobar lo que hacen quienes deben perseguir delitos en vez de cometerlos.
