La investigación de una brutal balacera a una vivienda en Empalme Graneros ocurrida en septiembre pasado, en la que resultó herida una nena de 12 años, condujo a los fiscales que actuaban en el caso a poner al desnudo, en forma sorpresiva, un aceitado negocio inmobiliario: el que practicaba una organización dedicada a usurpar casas de gente fallecidas o desocupadas, ocuparlas con personas que simulaban ser sus dueñas y gestionar las ventas, para lo cual falsificaban documentación para dar apariencia de legalidad al negocio.
Por este hecho quedó detenido un abogado que tiene su estudio jurídico frente a los Tribunales de Balcarce y Pellegrini. También está involucrado un gestor inmobiliario conocido como Miguel Angel que no pudo ser hallado en los allanamientos realizados por lo que se dispuso su captura. También participaba de la maniobra un vendedor de nombre Maximiliano.
En el trámite de la investigación, encabezada por los fiscales Federico Rébola, Valeria Haurigot y Pablo Socca, se detectó que tres policías de la Agencia de Investigación Criminal que tenían que colaborar en la investigación de la balacera, en vez de hacerlo utilizaron información privilegiada para extorsionar a los cabecillas del grupo delictivo.
Por último, en la mira de los investigadores hay varios escribanos sobre los que existen dudas sobre si eran participantes activos de esta maniobra o fueron engañados de buena fe.
Todo se inició cuando el 8 de septiembre un grupo no identificado acribilló el frente de una casa humilde en Fraga al 700 bis. En el ataque una nena de 12 años fue herida por un disparo en una pierna. Lo único que se supo en ese momento es que los padres de la menor, una familia de origen boliviano, deslizaron que suponían que la agresión venía del dueño de la casa. Ellos habían comprado de buena fe el inmueble, por el que pagaron 1.400.000 pesos al gestor inmobiliario Miguel Angel y al abogado Pedro C. Pero sospechaban que habían sido estafados porque alguien que decía ser el verdadero propietario les dijo que esa casa estaba usurpada antes que ellos la ocuparan.
El equipo de fiscales del grupo especial que investiga balaceras detectó que efectivamente la familia de la nena había comprado la vivienda un mes antes. Esa casa con anterioridad había sido apoderada por la fuerza por personas implicadas en una estructura dedicada a vender viviendas usurpadas con papeles adulterados o truchos; pero a su vez el usurpador recibió amenazas de un grupo criminal por lo que recurrió a la organización mencionada para deshacerse de la vivienda, no sabiendo los atacantes que balearon que éste había abandonado la vivienda.
En esa organización trabajaban regularmente, según la investigación, un abogado, un gestor inmobiliario, un falsificador de títulos que desplegaban su actividad en conexión con escribanos. Lo que hacía la estructura ilícita era cesión de derechos, presentar papeles truchos para usucapiones y trámites en Tribunales para quedarse con casas, para lo que contaban con contactos privilegiados que les marcaban casas desocupadas o de personas fallecidas sin familiares, o que se encontraran en trámites sucesorios.
Todo se descubrió en base a que a la familia boliviana que compró la casa le hicieron firmar unos papeles en un estudio jurídico. Los papeles eran adulterados, pero el lugar donde firmaron era el bufete de un abogado, Pedro C., situado en Pellegrini al 2000. Eso permitió llegar a un gestor que era el que había contactado al matrimonio boliviano, un hombre al que conocían como Miguel Angel. El abogado fue detenido y el gestor se encuentra prófugo.
Pero hay más: cuando se produjo la balacera fue a relevar el incidente una brigada policial de la AIC. Uno de los policías que la integraba recibió la información de los compradores de la persona que les había vendido la casa. Los damnificados también le mostraron su foto y les dijeron que se llamaba Miguel Angel. Este policía les dejó un teléfono a las víctimas que se fueron de la casa por miedo. De la fiscalía recién ubicaron al matrimonio un mes después, el 10 de octubre. El matrimonio contó la historia y dijo también que un policía los había entrevistado.
Cuando ubicaron a este policía desde la Fiscalía este uniformado, de apellido R., dijo que estaba investigando el caso por decisión de una fiscal quien nunca había intervenido en el tema. Durante 40 días este policía retuvo para sí las actuaciones sin dar parte a ningún fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se inició un seguimiento hacia el policía y se detectó que tenía contactos con los usurpadores, el abogado y el gestor. Lo que se estableció es que este policía junto a otros dos compañeros de la AIC extorsionaban a la organización para no dar a conocer sus movimientos.
La pesquisa fue conducida por la Brigada Operacional Delegación Tribunales UR II, en colaboración con la AIC Inteligencia que detuvo a su mismo personal y Tropa de Operaciones Especiales. En tal sentido, los uniformados fueron detenidos en la fecha en la base de la AIC por personal de la Agencia de Control Policial. El jefe de la AIC, Maximiliano Bertolotti, según los fiscales, colaboró activamente con la fiscalía para identificar y detener a los policías infieles.
Hasta el momento se encontraron ocho personas como parte de la organización pero se presume que los integrantes pueden ser muchos más: de hecho se detectó que el grupo tiene una especie de grupo de tareas dedicado a usurpar viviendas con violencia.
Las imputativas en principio estaban previstas para el sábado pero por la complejidad de la causa los fiscales evaluaban pedir la duplicidad de plazos prevista por el Código Procesal Penal para investigaciones complejas.
La fiscalía prevé que sean muchos más los damnificados por esta red ilícita por lo que suministró el número de contacto 341-3627418 a fin que eventuales víctima envíen un mensaje de Whatsapp con sus datos para posteriormente ser citados.
