Tres jóvenes de 24, 20 y 18 años fueron imputados por mantener secuestrado a un adolescente en situación de vulneración social para obligarlo a vender drogas en una casilla ubicada Larralde y bulevar Seguí, en la zona sudoeste de Rosario. El caso tomó trascendencia pública el martes 4 de junio luego de que una denuncia anónima al 911 alertara a la policía sobre la presencia de un chico menor de edad que estaba retenido en una casilla precaria donde sus captores lo golpeaban y le causaron quemaduras en distintas partes del cuerpo.
El juez de 1ª Instancia Alejandro Negroni imputó formalmente a M. C., R. G. y R. U., quienes fueron detenidos en esa oportunidad, como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por ser la víctima menor de edad y alevosa por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas. También les endilgó encubrimiento, y en el mismo dictamen que se conoció este miércoles, el magistrado los dejó en prisión preventiva por el tiempo máximo que rige por ley, es decir que deberán esperar el juicio tras las rejas.
En la audiencia imputativa que se realizó el martes, el fiscal de la Unidad de Flagrancia Sebastián Narvaja les atribuyó a los tres acusados “en un contexto de venta de estupefacientes realizada de manera individual en el Barrio Los Olivos en el período comprendido entre mayo y junio de este año, haber utilizado a un menor de 15 años edad que se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad social y económica para que vendiera estupefacientes en ese lugar.
Durante esta parte de la investigación, el fiscal Sebastián Narvaja estableció que los tres acusados le entregaban al chico “una bolsa con cien envoltorios de drogas para que los comercializara, a cambio de lo cual se le abonaba una suma de dinero de acuerdo a la cantidad de droga que lograba vender”.
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Los sospechosos fueron imputados en el Centro de Justicia Penal (CJP)
Archivo (Héctor Rio / La Capital)
Narvaja señaló que la venta de droga “era realizada junto a otra persona joven, aún no identificada con quien cohabitaba en una vivienda precaria en un terreno localizado en cercanías de las calles Bv. Seguí y Larralde. Esa casa tenía una extensión aproximada de 80 metros, de este a oeste (sobre Bv. Seguí) y alrededor de 55 metros, de norte a sur”.
El fiscal describió cómo se produjo la liberación del chico y en definitiva cómo quedó expuesta la situación de explotación a la que era sometido el menor. Eso sucedió a partir de llamadas a la central de emergencias 911 en las que se denunció que en ese lugar había una persona secuestrada. “El 4 de junio alrededor de las 16.30, personal del Comando Radioeléctrico, de la Policía de Acción Táctica y de la Brigada Motorizada irrumpieron en el lugar y encontraron a la víctima en la habitación donde la tenían en cautiverio, con el rostro lastimado, con quemaduras en las manos y en mal estado en general por golpes”, describió el fiscal.
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Para remarcar su acusación, Narvaja señaló que durante los días en los que el menor estuvo retenido contra su voluntad, “los imputados mantuvieron el control del encierro sometiéndolo en forma violenta, situación que cesó cuando intervino personal policial”. El fiscal le atribuyó a los tres imputados haberle causado al chico quemaduras en manos, cara, abdomen y muslo, volcando una sustancia plástica en el cuerpo de joven. Asimismo, mediante golpes con el seguro de una motocicleta, puntapié y puñetazos le causaron un traumatismo facial, con corte de labio superior.
Además del secuestro y los golpes al menor, los tres acusados también recibieron imputaciones por encubrimiento porque, al ser detenidos, la policía halló en su poder, en una construcción lindera a la casa, cuatro motos de mediana cilindrada que figuraban como robadas entre mayo y junio de este año.
