“Los Ruíz”, una familia residente en la villa Ciudad Oculta que hizo un emprendimiento familiar de la venta de drogas al menudeo modalidad de delivery, fueron detenidos en octubre de 2019 y presentados por la gestión de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como un “clan narco familiar”. Cuarenta y tres meses más tarde, ocho integrantes de la banda fueron condenados en un proceso abreviado homologado por el juez federal Osvaldo Alberto Facciano, del Tribunal Federal Oral 2. Cuatro de ellos recibieron penas de cumplimiento efectivo: Nicómedes “Nico” Ruíz (considerado el organizador) y su hijo Jorge, apodado “Tacha”, fueron sentenciados a 6 años; Gustavo “Gusti” Blanco e Ignacio Román Castañeda, acusado como distribuidor, fueron condenados a cuatro años. Por el tiempo que llevan bajo prisión preventiva estos quedaron a un paso de quedar en libertad. Otras cuatro personas fueron condenadas a tres años de prisión condicional y un el cumplimiento de un régimen de normas de conductas.
“Junto a las fuerzas federales trabajamos para erradicar el narcotráfico de Rosario y de todo el país. Nuestro objetivo es detectar y desmantelar estas bandas que tanto daño hacen en la sociedad”, expresó por aquellos días la entonces ministra Bullrich, en una declaración viralizada desde sus redes sociales. El miércoles 2 de octubre de 2019 habían sido detenidas siete personas por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), apoyados por personal de Gendarmería Nacional, incautaron un trozo de marihuana con un peso de 197 gramos y 135 envoltorios de la mismo droga. Además, secuestraron 15.500 pesos, dos armas de fuego y cartuchos de distintos calibres, una balanza de precisión, elementos para “corte” y “estiramiento”, nueve teléfonos celulares, una filmadora y documentación de interés para la causa.
La causa contra los Ruíz, una familia con raíz en la provincia de Chaco, había comenzado a mediados de 2017 con una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, que indicaba que en calle Polledo entre Salvat y Oncativo funcionaba un búnker de droga. Se indicó que las personas que manejaban el punto de venta, de los que se dio en la denuncia un pormenorizado detalle, residirían “en un terreno que se encuentra sobre las vías de calle Polledo enfrente del pasaje que queda en paralelo a Oncativo en dirección a Salvat, y que estarían comercializando estupefacientes sobre esas vías”.
Además, surgió que los proveedores de esas sustancias serían una mujer apodada "Titi” Ruíz y sus hermanos, quienes se domiciliarían en las inmediaciones de calle Washington y Cavia. El expediente que se abrió por la denuncia fue remitido al Juzgado Federal 3, a cargo de Carlos Vera Barros, quien delegó la investigación en la Fiscalía Federal Nº 1 de Rosario.
La denuncia
El 19 de octubre de 2017 se le encomendó al jefe de la Unidad Operacional del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la PSA que comenzara con las tareas de campo que dieron como resultado la existencia de una organización delictiva a cargo de la “familia Ruíz” dedicada al narcomenudeo. Y que la misma estaba liderada por Nicómedes Ruíz y que los principales abastecedores serían Gusti Blanco e Ignacio Castañeda, entre otros. Al trabajo de campo le siguió la intervención telefónica de los principales involucrados.
Así, en el expediente surgieron tres direcciones: Polledo 4012, Colastiné 2496 (a seis cuadras de la anterior) y la casa número 166 del barrio Remanso Valerio, en el límite de Granadero Baigorria y Rosario a uno de los costados del puente Rosario-Victoria. Esos domicilios fueron allanados por la PSA y Gendarmería el 2 de octubre de 2019. En calle Polledo detuvieron a Nico Ruíz y secuestraron dos envoltorios con marihuana y seis bolsitas de nailon transparente con marihuana; en calle Colastiné apresaron a las hijas de Nico, Mercedes del Valle Tití Ruíz y Daiana Jaquelina "Gorda" Ruíz e incautaron envoltorios de nailon transparente con marihuana, una bolsa de nailon azul y blanco conteniendo marihuana y una cuchara de acero conteniendo restos de cocaína; y en el Remanso Valerio fueron aprendidos Alexis Samanta “Sami” Vallejos y Tacha Ruíz y secuestrados 98 envoltorios de nailon con marihuana y otro envoltorio con marihuana además de dos trozos compactos con marihuana.
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Polledo al 4000, un punto rojo en el mapa de la violencia generada por la narcocriminalidad.
Foto: Archivo.
Para la investigación el eje de la banda era la casa de Nico Ruíz en Polledo 4012, una cuadra en rojo en el mapa de calor de la inseguridad rosarina. Y desde ese lugar se contactaba con otros miembros de la organización. “Se observó en diferentes días y horarios y en reiteradas ocasiones el ingreso de personas a la vivienda, quienes luego de permanecer escasos segundos, se retiraban. Además, se pudo determinar que los proveedores se acercaban a su domicilio con la mercadería y llevaban o buscaban estupefacientes en la vivienda de su hijo (Tacha Ruíz)”, se explicó en un tramo de la carpeta judicial.
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Tras los allanamientos y detenciones de 2019 desde el Ministerio de Seguridad de Nación se describió que la gavilla también “tendría un punto de venta que se pudo identificar en la calle Blomberg al 4000 (la calle que marca el límite de los monoblocks de barrio Rucci con Nuevo Alberdi, el Fontanarrosa, la ex Zona Cero y la villa Ciudad Oculta), donde vivía otra mujer miembro de la banda”, algo que no fue mencionado en la sentencia condenatoria. La modalidad utilizada por Nico para conseguir drogas era comunicarse con los abastecedores, quienes se acercaban a su domicilio, donde se les pagaba por la sustancia.
También se comprobó que muchas veces Nico enviaba a Milton, por aquellos días menor de edad, en remís hasta el barrio Remanso Valerio, donde compraba estupefacientes. El 28 de octubre de 2019 los acusados fueron procesados y el 11 de noviembre de 2021 “se clausuró parcialmente la instrucción” y la causa fue elevada a juicio.
En un acuerdo de partes entre las defensa y el fiscal Oscar Arrigó que se cerró en seis años de condena para Nico y Tacha Ruíz, acusados por el delito de tráfico de drogas en la modalidad de comercio abarcativo de la tenencia con fines de comercialización de la droga encontrada en su poder. Para Gusti Blanco e Ignacio Castañeda dictaron cuatro años de sentencia imputados por trafico de estupefacientes en la modalidad de comercio. Sobre ellos en la sentencia se hizo la salvedad “que ni de las tareas investigativas ni de las escuchas telefónicas surge que los nombrados hayan intervenido en la actividad ilícita desarrollada por sus consortes procesales”.
Vale resaltar que, una vez que la pena quede firme, cumpliendo las dos terceras partes de la condena los sentenciados podrían acceder al derecho de la libertad condicional. Titi y Daiana Ruíz, Sami Vallejos y su hermana Débora fueron condenados a tres años de ejecución condicional por considerarlas participes secundarios en el delito de tráfico de drogas en la modalidad de comercio.
