Se oponen a juicio por videoconferencia en la causa "Los Patrones"

Los abogados defensores de Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de la banda Los Monos y principal acusado por narcotráfico en la causa conocida como "Los Patrones", se opusieron formalmente a la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario resolvió que, junto a otros 22 imputados alojados en cárceles federales participe por videoconferencia del juicio oral y público previsto para el mes de septiembre.

"La defensa técnica disiente totalmente con esta errada interpretación que ha formulado el tribunal en cuanto a poder sustituir la inexorable presencia física de los imputados durante la sustanciación del juicio oral y público por medio de su seguimiento por el sistema de videoconferencia", dicen los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure en un escrito de reposición que presentaron el lunes ante el Tribunal a cargo de comandar el juicio contra 39 imputados de la causa "Los Patrones".

Falta de espacio

Como ya se adelantó, están avanzadas las gestiones entre autoridades nacionales y provinciales para que el debate oral y público se traslade por falta de espacio físico de su sede natural (los Tribunales Federales de Oroño al 900 donde hay dos salas de dimensiones reducidas para una inédita cantidad de acusados) al Nuevo Centro de Justicia Penal provincial de Sarmiento y Virasoro.

En tren de agilizar las audiencias e invocando cuestiones de traslado y seguridad, el 25 de julio el Tribunal Federal resolvió realizar el juicio sin la presencia física de "Guille" Cantero, detenido en el penal federal de Resistencia (Chaco), como así también de otros 21 acusados desperdigados en otros penales federales. Entre ellos está Emanuel "Ema" Chamorro, alojado en una cárcel de Rawson (Chubut).

Pero la defensa de "Guille" no está para nada de acuerdo con esa modalidad. Y por eso el lunes presentaron un recurso de reposición ante el Tribunal. En 25 carillas los profesionales analizan y cotejan el caso local con jurisprudencia nacional y procedimientos de otros países, como España.

Jurisprudencia

En ese sentido citan el artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación que "impone la presencia física del imputado durante la realización del juicio oral y público, no estableciendo la posibilidad de reemplazarla por una forma virtual a través de algún medio tecnológico".

En otro punto dicen que se violan principios constitucionales y procesales, como el de "inmediatez y de comunicación del imputado con su defensor", que no solamente comprende la posibilidad del contacto directo del Tribunal con los medios de prueba durante el debate, sino que también alcanza al imputado y a su defensor en cuanto a observar las actitudes y gestos de testigos y peritos a fin de comprobar la veracidad o mendacidad de sus dichos, y la posibilidad de confrontarlos a través del respectivo contrainterrogatorio".

Para Edwards e Yrure si se implementa la modalidad de videoconferencia, "tal inmediación se torna ilusoria, al resultar imposible materialmente que pueda visualizarla por medio de una pantalla por más que se trate de la mejor transmisión bidireccional, ya que lo característico de la inmediación es lo vivencial, a lo que únicamente puede accederse con la presencia física en la sala".

Recuerdan que sin bien en España la ley de Enjuiciamiento Criminal regula esa posibilidad y la contempla con ciertos requisitos, el Tribunal Supremo de ese país declaró nulo un juicio oral por homicidio que se realizó con el imputado fuera de la sala y por videoconferencia ya que se vulneraba su derecho de defensa.

Inconstitucionalidad

Es más, los profesionales interpretan que "ni siquiera la invocación de razones de seguridad por la aparente peligrosidad de los acusados justifica su ausencia física de la sala", ya que ello "debe ser neutralizado por el Estado en el ejercicio de la persecución penal pública, con medidas de vigilancia adecuadas, sin sacrificar el derecho de defensa".

Y aunque existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (de julio de 2013) por la cual se regula la videoconferencia tanto de imputados como de testigos y peritos donde se establecen "reglas prácticas para su aplicación en causas en trámite", los abogados recalcan que se refiere a "audiencias" y no a la totalidad de los juicios orales.

Los defensores solicitaron entonces que se declare la inconstitucionalidad esa acordada, se revoque la resolución que autoriza la videoconferencia, y que el debate oral y público se realice con la presencia física de su asistido y de los otros coimputados. Además, dejaron planteadas las reservas para ir en queja ante la Corte Nacional.