A casi un mes de la muerte del presidente de la entidad, José Leiva, el MPA reasignó la causa penal ante la sospecha sobre pérdidas multimillonarias
Foto: Google Street View.
La Asociación Mutual Club Libertad cerró sus puertas en el inicio de junio.
La investigación por el presunto desfalco millonario en la Mutual Libertad de Nelson ingresó en una nueva etapa judicial. Luego de la muerte del presidente José Leiva en los primeros días de junio, el expediente cambió de manos frente a un caso que tuvo eco político al norte de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Ignacio Orio se había hecho cargo de analizar la denuncia inicial a unos 30 kilómetros al norte de la capital provincial. Después de este abordaje, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que su colega Bárbara Ilera continúe con las medidas correspondientes para esclarecer un presunto fraude multimillonario en el pueblo y localidades vecinas.
La decisión no sólo implica un cambio de nombres. Además, el organismo judicial traspasó la causa a la unidad especial de Delitos Complejos. Esto suele implementarse cuando se requiere análisis profundo de documentación contable, movimientos patrimoniales, operaciones financieras y la posible existencia de múltiples damnificados.
La reasignación de fiscales representa un nuevo impulso para una causa que mantiene en vilo a decenas de ahorristas de Nelson y otras localidades del centro-norte santafesino. Estas personas llevan varias semanas exigiendo la devolución de sus depósitos.
El escándalo salió a la luz por denuncias de numerosos asociados que advirtieron que ya no podían retirar el dinero de la Asociación Mutual Club Libertad. La situación se agravó luego del fallecimiento de Leiva, ocurrido el 4 de junio, cuando la entidad cerró sus puertas, dejó de operar normalmente y los fondos quedaron bloqueados.
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La investigación procura reconstruir el recorrido del dinero administrado por la institución y determinar el destino de los fondos. En ese camino pueden llegar a exponerse maniobras irregulares que configuran delitos económicos.
Mediante el traspaso al área de Delitos Complejos, la Fiscalía contará con equipos especializados para analizar balances, documentación contable, movimientos financieros y demás pruebas vinculadas con la operatoria de la mutual.
Según la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos damnificados, los primeros inconvenientes comenzaron a advertirse varios meses antes de que el caso tomara estado público. A fines de marzo, algunos asociados ya encontraban obstáculos para retirar sus plazos fijos y recibían respuestas cada vez más evasivas en las oficinas ubicadas frente a la Comuna de Nelson.
Uno de los datos más preocupantes es que, de acuerdo con los asesores legales de los ahorristas, la propia mutual habría admitido no contar con liquidez suficiente para afrontar la devolución de los depósitos. Como alternativa se mencionó la posibilidad de gestionar asistencia financiera con otras mutuales para pagar en cuotas, una propuesta que rechazada en busca del reintegro total.
Aunque todavía no existe una estimación oficial del perjuicio económico, una de las denuncias da cuenta de la pérdida de 42 millones de pesos por parte de un solo cliente de Monte Vera. Los abogados sostienen que el monto global podría ser muy superior.
La causa penal también puso bajo la lupa el entramado institucional que rodeaba a la asociación. José Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, mientras que la tesorera de la entidad se desempeñaría además como secretaria privada del jefe comunal.
Si bien hasta el momento no existe ninguna imputación vinculada a esos cargos, los ahorristas consideran que esos vínculos deberán ser analizados durante la investigación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales. Mientras tanto, esperan que la incorporación de equipos especializados permita acelerar la búsqueda de evidencia para reconstruir el circuito del dinero.
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En paralelo al avance judicial, el último lunes se realizó una reunión entre un grupo de ahorristas y exintegrantes de la comisión directiva de la mutual. Durante el encuentro se expresaron inquietudes sobre el estado del expediente y la situación institucional de la entidad, en un clima marcado por la incertidumbre de quienes aún esperan recuperar sus ahorros.
Como coletazo de las denuncias, el Club Libertad de Nelson decidió tomar distancia en el plano formal. Un comunicado publicado hace dos semanas indica que la entidad no mantiene ningún vínculo jurídico ni patrimonial con la mutual. La comisión directiva recordó que ambas instituciones poseen personerías jurídicas independientes, autoridades distintas y administraciones separadas. Así, sus representantes aseguraron que no intervinieron en la gestión financiera ni tenían facultades para controlar lo que ocurría en la otra asociación civil.
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