Con documentación falsa abrían cuentas bancarias para lograr créditos y transferían fondos a cuentas de criptoactivos. Allanamientos en Rosario y Puerto Madero.
Parte del dinero secuestrado luego de los allanamientos por la ciberestafa
Tras una serie de allanamientos realizados en Rosario, los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Colón y General López, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una compleja organización criminal dedicada a estafas informáticas y maniobras de defraudación.
Según la investigación, las estafas provocaron un grave perjuicio económico a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por un monto superior a los 1,8 billones de pesos.
La causa se inició en octubre de 2026, a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, a cargo de Néstor Mastorchio, que convocaron al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado para indagar el funcionamiento de una estructura vinculada a reiteradas estafas y al lavado de activos de origen delictivo.
Tras tareas de inteligencia, los investigadores lograron establecer el modus operandi de la banda. Según se determinó, la organización utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado. A través de esas cuentas fraudulentas, los implicados accedían a préstamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.
No obstante, los agentes policiales establecieron que el dinero era luego redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se remitía a billeteras digitales cuyo origen aún no pudo ser identificado. Para encubrir estas operaciones y otorgarles una apariencia de legalidad, el grupo recurría a terceras personas que simulaban realizar actividades de arbitraje de criptoactivos.
Con el avance de la investigación, se comprobó que las maniobras atribuidas a supuestos “arbitrajistas” de activos virtuales carecían de legitimidad, ya que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente.
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La ausencia de documentación respaldatoria y de registros estatales reforzó la hipótesis de un esquema sofisticado destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos y a darles apariencia de legalidad.
En ese contexto, la Justicia libró diversas órdenes de presentación a sucursales de la entidad bancaria involucrada, lo que permitió identificar a varias empresas damnificadas, todas vinculadas al sector agropecuario. Además, se confirmó que, mediante múltiples transacciones bancarias, la organización logró sustraer un monto estimado en 1,8 billones de pesos.
A partir de estos elementos, la Justicia ordenó ocho allanamientos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Fe.
Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a tres hombres y notificaron de la causa a otros dos. Asimismo, secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo —en pesos argentinos, dólares y otras divisas—, además de teléfonos celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación considerada de alto valor probatorio.
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