El diputado Paulón carga contra la reforma laboral de Milei y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

El polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei abrió una fuerte grieta dentro del propio oficialismo santafesino. Mientras el diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón salió a cuestionarlo con dureza y lo calificó de inconstitucional, la senadora Carolina Losada —también integrante de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que gobierna la provincia bajo la conducción de Maximiliano Pullaro— no solo expresó su respaldo a la iniciativa, sino que además participó de su redacción al integrar el Consejo de Mayo.

Paulón salió con los tapones de punta contra el proyecto de reforma laboral oficialista y denunció que su tratamiento actual “violenta la Constitución Nacional”. La crítica no solo apunta al contenido de la iniciativa, sino también a la forma y al contexto político en el que el oficialismo busca avanzar con una de las reformas estructurales más profundas sobre el mundo del trabajo.

Para el legislador rosarino, el intento de debatir una reforma de “enorme impacto” en apenas 15 días, en plena época de fiestas, revela una estrategia deliberada. “Una reforma laboral, que pone patas para arriba todo el mercado de trabajo y las relaciones laborales tal como las conocemos, es imposible que se discuta en 15 días, con dos fines de semana y el feriado de Navidad y la Nochebuena en el medio. Es poco serio”, sostuvo.

El “regalito de Navidad” y el apuro oficial

Paulón fue más allá y advirtió que el Gobierno busca aprovechar la distracción social de fin de año para avanzar con rapidez. “El gobierno está con esta idea de darle un regalito de Navidad para que ponga bajo el arbolito y están queriendo que el 26 de diciembre, en el medio de la fiesta y ante la distracción de la sociedad en general, poder pasar una reforma que considero muy grave para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó.

El planteo introduce un cuestionamiento político de fondo: la legitimidad de un debate exprés sobre normas que impactan de lleno en la vida cotidiana, el empleo y la organización familiar de millones de personas.

El eje constitucional: por qué Paulón habla de ilegalidad

Uno de los puntos centrales de la crítica del diputado santafesino es el recorrido parlamentario del proyecto. Según explicó, la iniciativa fue ingresada por la Cámara alta cuando, por su contenido, debería haber comenzado en Diputados.

“Una ley que contiene contenido tributario, y la Constitución en ese sentido es clara, en el artículo 52 establece que todas las leyes referidas a contribuciones deben iniciar por la Cámara de Diputados”, señaló. A eso sumó un argumento clave: la legislación laboral es considerada un “código de fondo”, lo que refuerza la obligación de que el debate se inicie en la cámara que representa directamente al pueblo.

En ese marco, Paulón advirtió que el Gobierno “se expone a caer en usurpación de funciones” y reclamó formalmente que el proyecto sea retirado para reiniciar el trámite legislativo de manera correcta. “Le planteamos tanto a la vicepresidenta Victoria Villarruel como al jefe de Gabinete que retiren el proyecto, que lo giren a la Cámara de Diputados y eventualmente iniciar un debate con tiempo y profundidad”, remarcó.

“No crea empleo”: el cuestionamiento al corazón de la reforma

Más allá de la forma, Paulón fue categórico al cuestionar el fondo de la iniciativa. “La reforma laboral no crea un solo puesto de trabajo. Nadie contrata a alguien pensando cómo lo va a despedir”, afirmó, y apuntó directamente contra el discurso oficial.

Según el diputado, una pyme contrata cuando hay consumo, inversión y una economía en movimiento, no cuando se abaratan despidos o se flexibilizan derechos. En esa línea, acusó al Gobierno de instalar una “gran mentira” al presentar la reforma como una solución al desempleo.

El contexto económico y la pérdida de empleo

Paulón contextualizó su rechazo en la situación actual del mercado laboral. Recordó que “hay 280.000 puestos de trabajo formales destruidos en estos dos años del gobierno de Javier Milei”, sin políticas orientadas a reactivar el consumo ni a recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

“Con salarios que siguen perdiendo capacidad de compra, difícilmente eso genere empleo”, advirtió, al tiempo que puso el foco en el impacto social de una reforma que, según su mirada, profundiza la precarización.

Indemnizaciones, banco de horas y convenios a la baja

Entre los aspectos más controvertidos del proyecto, Paulón destacó el fondo que asumiría el pago de indemnizaciones. “Una gran empresa podría despedir a todo el mundo y no pagar una sola indemnización, la pagarían los propios trabajadores solidariamente. Eso realmente es un contrasentido”, sostuvo.

También cuestionó el banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones y los cambios en los convenios colectivos que habilitarían acuerdos a la baja dentro de las empresas. “El banco de horas desordena la vida, anarquiza la vida de los trabajadores y trabajadoras”, dijo, y subrayó el impacto directo sobre la organización familiar y sobre quienes deben combinar varios empleos para llegar a fin de mes.

Informalidad y plataformas: “no hay derechos nuevos”

El diputado rosarino fue especialmente crítico respecto de la economía informal y los trabajadores de plataformas. “No hay ningún derecho nuevo. Consolida la informalidad y hace que los trabajadores tengan que pagar sus propios seguros”, afirmó, y alertó que el proyecto no incorpora mecanismos de control ni protección frente a los algoritmos de las aplicaciones.

El llamado a frenar el apuro

En el cierre, Paulón pidió bajar un cambio y abrir un debate profundo. “Tenemos que poder trabajar y abordar esto con mucha seriedad. A veces una victoria puede sonar a derrota, y una reforma mal hecha puede ser un problema incluso político en el corto plazo”, advirtió.

El otro extremo: Carolina Losada, a favor y en la mesa chica

En la vereda opuesta se ubica la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada (UCR), quien aseguró que “hay muchísimas posibilidades” de que el proyecto de reforma laboral sea aprobado por el Congreso. La legisladora rosarina sostuvo que la iniciativa tiene “muchos puntos que son favorables para los trabajadores y para las pymes”.

En declaraciones radiales, Losada cuestionó a los sectores sindicales que rechazan el proyecto y afirmó: “Quizás tienen miedo de que se les termine algún curro o beneficio”. Según su visión, la reforma “no quita derechos”, sino que apunta a “generar más trabajadores con derechos”.

“Hoy tenemos el 50% de los trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho porque están en negro”, señaló, y defendió la iniciativa como una herramienta para ampliar el empleo formal, con vacaciones pagas, licencias y cobertura legal.

El rol clave de Losada en la reforma laboral

La contradicción política se profundiza al analizar el rol institucional de la senadora santafesina. Losada integra el Consejo de Mayo, el espacio intersectorial que coordina la redacción del texto de reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en sesiones extraordinarias.

El Consejo está encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y lo integran también el diputado Cristian Ritondo, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT Gerardo Martínez y el presidente de la UIA Martín Rappallini.

“Hay un pacto de confidencialidad y el que habla sobre cómo va a ser el proyecto miente, porque todavía no hay nada cerrado”, explicó Losada, quien defendió la reserva como una condición para avanzar “con seriedad” en los borradores.

El Consejo de Mayo y el peso santafesino

El Consejo de Mayo surgió del acuerdo firmado en julio de 2024 entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro, que fijó diez puntos de consenso, incluida la reforma laboral. Desde entonces, se realizan reuniones mensuales y encuentros técnicos semanales.

Según detalló Losada, cada integrante representa a un sector específico: ella por el Senado, Ritondo por Diputados, Sturzenegger por el Gobierno, Rappallini por la UIA y Martínez por la CGT. Un entramado que explica por qué la senadora santafesina no solo apoya el proyecto, sino que forma parte activa de su construcción.