Revocan el fallo de un tribunal federal que absolvió a tres traficantes de drogas

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó la absolución que un tribunal federal de esta ciudad le dictó en 2007 a tres hombres detenidos y juzgados como distribuidores de drogas y ordenó la realización de un nuevo proceso. En el fallo, los camaristas criticaron el accionar de los magistrados rosarinos que, a la hora de emitir su dictamen, habían puesto en duda el operativo policial que derivo en las detenciones y causó un cisma en la cúpula de la fuerza.

  "Es unas de las críticas formales más fuertes que recibió la justicia federal rosarina en los últimos años", aseguró un vocero cercano a los despachos de bulevar Oroño al 900 al hacer referencia al fallo que, en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía, anuló la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario que en junio de 2007 absolvió a Luis Gabriel Jaime, Mario Floreal Silva y Juan Antonio Jure, tras declarar nulo el juicio en su contra por narcotráfico. Desde entonces, los imputados siguieron operando y el mismo Jure fue apresado en julio pasado en un procedimiento que culminó con el secuestro de 40 kilos de cocaína (ver aparte).

El comienzo.

  El juez de Instrucción Eduardo Suarez Romero ordenó el allanamiento y el mismo Almada fue al lugar, donde se apresó a Jure, Silva y Jaime. Aunque la policía no halló los elementos que fue a buscar, secuestraron 42 gramos de marihuana y 14 de cocaína por lo que se dio intervención a Drogas Peligrosas.

  Así las cosas, el caso pasó a la justicia federal y los tres detenidos fueron sometidos a un juicio oral y público por tenencia de estupefacientes para comercialización. En junio de 2007, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por Jorge Luis Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo absolvió a los imputados tras declarar nula la orden de allanamiento de Suárez Romero y "todos los actos que fueron su consecuencia".

  El tribunal dijo entonces que la orden del juez carecía de fundamentos y que "ni siquiera hay acto fundado y no se remite a investigaciones policiales". Además, agregó "que se cometieron excesos porque la orden de allanamiento no ordenaba detener a nadie y que si se buscaban herramientas no se entiende por qué fueron a buscar (la droga) debajo de una baldosa".

El 3 de mayo de 2005 una denuncia presentada en la comisaria 20ª dio cuenta de la sustracción de herramientas y un celular de un galpón de Gambetta 920 bis. En el marco de la pesquisa, dos meses después el entonces jefe de Seguridad Personal de la UR II, Víctor Almada, solicitó una orden de allanamiento para una casa ubicada en calle French al 6900 donde presuntamente se encontrarían los bienes robados y en donde se desarrollaban "actividades ilícitas y se observaban extraños movimientos de tres hombres de mediana edad".

La respuesta.

  "Si bien el Código Procesal refiere a un auto fundado para el registro domiciliario, frente a la existencia de posibles actividades ilícitas merece recordarse que no se requiere la semiprueba de la existencia del hecho, ni de la autoría y culpabilidad del sujeto que ha de soportar la medida, pues ello implicaría que los jueces conozcan de antemano el resultado de la medida que ordenan", dice el fallo. Y agrega que "la nulidad declarada por el Tribunal Oral de Rosario se encuentra desprovista de sustento normativo" ya que "los elementos tenidos en cuenta no resultan suficientes para descalificar la medida adoptada por el juez de Instrucción santafesino".

  En otra parte, la Cámara argumenta que "aunque la formulación del decreto de allanamiento sea breve, los motivos que dan fundamento a la orden aparecen delineados en el legajo policial en el cual un alto funcionario (el subcomisario Víctor Almada) efectuó un pormenorizado detalle de inteligencia sobre la vivienda" donde se hicieron las detenciones.

  Y, finalmente, resalta que "es válido el secuestro de elementos vinculados con otro ilícito que no sea el buscado". Así las cosas, Jure, Jaime y Silva deberán ser sometidos a un nuevo juicio oral y público por la droga encontrada en la vivienda que ocupaban cuatro años atrás.

En el fallo de Casación firmado por los jueces Juan Rodríguez, Liliana Catucci y Raúl Madueño no sólo se avala el procedimiento ordenado por Suárez Romero y encabezado por Almada, sino que también se critica el accionar de la justicia federal y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Cuestionamientos.

  Cuando su defensor le pidió identificar al policía que lo amedrentaba, Jure sostuvo: "Era el señor (Alejandro) Franganillo, que estaba secundado por Luzbel, Mendoza y Almada". Franganillo entonces era jefe de Unidades Especiales de la Unidad Regional II y la denuncia no pasó desapercibida. Tras el juicio, el tribunal elevó las actuaciones al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa; a la subsecretaría de Seguridad, a cargo de Gustavo Peters; y al jefe de la policía santafesina, Gabriel Leegstra, quien inició un sumario administrativo y ordenó el desplazamiento de Franganillo a la regional Villa Constitución.

  "Hice lo que correspondía, si se abrió un sumario contra Aldo Monzón (ex jefe de Drogas Peligrosas) por una denuncia de la jueza (federal Laura Inés Cosidoy), ¿por qué no hacerlo contra Franganillo si hay un requerimiento de la justicia?", se preguntó entonces Leegstra.

  El gobernador Jorge Obeid, enojado por esa declaración obligó a Leegstra a presentar su renuncia y Ricardo Cáceres quedó a cargo de la fuerza. En diciembre de 2007 se archivaron las actuaciones contra Franganillo por falta de pruebas y el comisario (con la venia de la jueza Cosidoy y el aval del gobernador Obeid) terminó poco después al frente de la Dirección de Drogas peligrosas rosarinas.

Durante las audiencias, Juan Antonio Jure le dijo a los jueces: "Hay un policía que no me quiere en la calle, que me ha amenazado más de diez veces y hasta le tuve que ayudar a aclarar temas de robo que él no podía aclarar (?) esto fue más o menos en el año 2003". Asimismo, Jure dijo que ese jefe "me pedía 10 mil pesos para no mandarme a (la cárcel de) Ezeiza". l