Mañana se resolverá el recurso de hábeas corpus con el que Ariel "Guille" Cantero y Jorge Emanuel Chamorro piden ser otra vez alojados en cárceles de Rosario. Ambos fueron condenados por la causa de Los Monos y a la vez están procesados como líderes de una organización de 39 personas que será juzgada por narcotráfico en septiembre.

   La definición de esta medida abrió una preocupada expectativa en el Colegio de Magistrados de Rosario el mismo viernes en que se tramitó el pedido. Primero cuando se confirmó que el blanco de dos atentados a balazos, ocurridos horas antes, eran domicilios vinculados a una jueza que en abril pasado condenó a la banda del barrio Las Flores. Y poco después cuando, en la audiencia de hábeas corpus y por videoconferencia, Guille le dijo desde la cárcel de Resistencia al camarista José Luis Mascali que sabía que le negaría el traslado y que lo hacía responsable por su vida si algo le ocurría en ese penal.

   En el Poder Judicial se cuidaron de utilizar la palabra amenaza para calificar esa situación porque el destinatario de esos dichos nunca lo hizo. Pero en privado no disimularon que el planteo se tomó como una intimidación mayúscula que causa miedo.

Contexto

Los voceros consultados remarcaban que el contexto de la advertencia de Guille son los atentados sin esclarecer a ocho domicilios ligados a jueces y policías que actuaron en distintos tramos en el juicio que condenó al grupo liderado por la familia Cantero. Todos ataques a tiros contra frentes de casas en menos de dos meses que tienen, en la primera hipótesis de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la marca de agua de Los Monos.

   Y en el mismo día en que ocurren los dos últimos, remarcaron fuentes judiciales, Guille Cantero le dice a un camarista en una sala colmada "que se fije la decisión que va a tomar". Los mismos voceros judiciales destacan que Guille Cantero afronta un pedido de pena de siete años de prisión pedidos del fiscal Fernando Dalmau por amenazar de muerte al juez Edgardo Fertitta precisamente al pedirle un traslado desde la cárcel de Rawson a Rosario.

   Fuentes judiciales dejaron saber que Mascali habría evitado denunciar lo ocurrido por un motivo funcional: hacerlo le imponía excusarse. Eso abría la posibilidad de que se interprete que es un apartamiento por miedo lo que convierte a un mensaje como el que le fue planteado en una herramienta útil para desplazar a un juez.

Problema incierto    

El tema de los atentados es un problema de orden público de primer nivel. Lo que se revela como crítico es que no hay ninguna hipótesis basada en prueba que haya identificado a autores. Nada por afuera de las muchas conjeturas.

   El hecho de que se ataquen domicilios a personas que les compraron la casa a jueces o a sus familiares induce a un terror germinal a lo incierto lo que, a la vez, multiplica los posibles destinatarios, lo que desactiva la capacidad de protección o custodia estatal.

   Pero el mayor déficit es que los sistemas de inteligencia se revelan sobrepasados o con incapacidad de detectar a los autores de estos ataques. No lo hace el Ministerio de Seguridad. El flamante OJO, central de información criminal que se presentó en 2016 como laboratorio de observación permanente y constante del delito, es en el mejor de los casos todavía un proyecto.

   El MPA tampoco logró hasta ahora avances en las pesquisas unificadas de delitos contra domicilios de jueces. Hoy no se pueden advertir, conocer o anticipar los movimientos de estas bandas de manera de reducir los daños, que es lo que hace la inteligencia criminal. Por eso los hechos se reiteran.

Idénticos   

Sin embargo hay abundante información, básicamente en escuchas telefónicas del MPA, que al estar dispersas y no sistematizadas son como si no existieran, todo lo contrario del trabajo estratégico. Eso hace que delitos se repitan de manera idéntica con una rutina que genera alarma pública.

   Lo más llamativo hasta ahora, como saben todos, es que sólo por azar no hubo costos en vidas. Los tiros atravesaron aberturas de las casas atacadas donde había gente. Pasó en la que era la vivienda del juez Ismael Manfrín, en la casa del padre del juez Juan Carlos Vienna y en una propiedad que en 1975 vendió el padre de la jueza Marisol Usandizaga.

   Fuentes judiciales señalan como problemática la falta de reacción investigativa ante los hechos. También se da un efecto nocivo ante la falta de esclarecimiento que es la viralización. Solamente ayer en un turno de flagrancia del MPA se recibieron consultas por cuatro ataques a balazos contra fachadas de casas. Todos por distintos motivos: cobrar una deuda, riñas vecinales o problemas personales.

Desconfianza

El otro quebranto sigue siendo la gran desconfianza en el sistema penal hacia la policía que es la que se produce la información de calle con la que se hace inteligencia. Hay sectores policiales elogiados por los fiscales como muy profesionales. Pero conviven con otros como los cuatro agentes de la PDI que recientemente robaron un arma del departamento de un delincuente durante un allanamiento con el presumible propósito de protegerlo.

   Hay policías interesados en crear caos a propósito de esta crisis. Hoy el sistema penal se mueve a ciegas con esta realidad que supone desconfianza. En el trabajo de investigación de los atentados ligados a jueces están trabajando, por eso, fuerzas de seguridad externas.

   Mientras tanto efectivos de la santafesina sondean en una provincia vecina a uno de los señalados como ideólogo de los atentados. Que es una persona que figura como tirador de Los Monos, en un caso en el que hubo muertos, en un expediente de 2013.

   En esta incertidumbre se conocerá hoy el resultado del hábeas corpus sobre el pedido de Guille Cantero y Ema Chamorro para retornar a una unidad penitenciaria. Una resolución judicial de una medida cautelar cobra dimensión por una crisis que no tuvo freno y por las inusuales palabras de la persona que pide el traslado al juez que debe resolver.