Policiales

Rebrote de violencia que invita a revisar los métodos de la investigación criminal

En Rosario recrudecen los asesinatos ligados a narcomenudeo en una lógica donde los actores son conocidos por las distintas agencias penales.

Lunes 23 de Abril de 2018

Hace ocho días un grupo de efectivos de la PDI con un fiscal en turno se acercaron a la medianoche a una casa de Centeno y Pueyrredón porque les habían reportado un homicidio. Al llegar los funcionarios vieron a tres personas conversando apesadumbradas en donde acababa de ocurrir el ataque. Supieron así que Maximiliano Acosta, de 27 años, había llegado a comer a lo de sus suegros. Estaba en la puerta de la casa cuando un comentario pueril de chicos sentados en la vereda hizo que Maximiliano se entreverara a golpes con uno de ellos. Un muchacho muy joven que estaba parado a unos metros se aproximó, sacó un arma y le pegó un tiro por la espalda que lo mató en el acto.

"Toda esta violencia viene de acá al lado", le dijeron al fiscal los vecinos que charlaban con tristeza. Se referían a un búnker que funciona a 30 metros del lugar del homicidio. El que lo mató, decían los vecinos, era un soldadito del búnker, al que veían a diario. Lo conocen por nombre y apellido. Se llama Mauro O. y tiene 21 años.

En comparación con la espectacularidad de otros, como el triple homicidio de Granadero Baigorria, este pasó casi desapercibido. Sin embargo tiene detrás el común factor de muchos otros recientes. Ese reaparecido lugar es la presencia del búnker de drogas como factor de violencia. Hay un búnker en Dinamarca al 500 donde mataron brutalmente el jueves a Cristian Reynoso, le atravesaron la cara de un tiro a su esposa Joana y balearon en el pie al hijo de ambos de ocho años. Los hay en todas las escuchas generadas desde el año pasado a los grupos denominados como los Funes y los Caminos cuya pugna sangrienta gestó decenas de notas en la prensa nacional. Los hay asimismo en cientos de incidentes graves que no llegan a la prensa porque los heridos no pierden la vida, como el caso de Carlos Moreyra y Ulises Salas en Tablada, cada uno con un disparo en el abdomen el sábado 14. También detrás de allanamientos que ven todos como los del viernes en Medrano al 2700, barrio La Cerámica, donde mataron a Leandro Zarandonelli y Carlos Gálvez, en una ejecución a sangre fría hace veinte días.

Acaso porque nunca se haya ido el búnker está de nuevo. Se cuela porfiadamente en todas las investigaciones de homicidios. Genera terror en los vecinos que soportan a la fuerza su vigencia y que, como en el caso del primer caso aludido, desata homicidios. Su pertinaz vigencia tiene que ver con una problemática multicausal en la que la violencia asoma como foco. Pero el búnker existe porque hay consumidores de la mercancía que ofrece y porque en los barrios da trabajo. El de Centeno al 2700 le da empleo a una decena de jóvenes y es un reservorio de armas de fuego. Los testigos del homicidio de Maximiliano Acosta lo ven abierto. Y saben que si no funcionara allí Maximiliano estaría vivo.

En estos nudos se montan los resortes que disparan el tipo de homicidios que desde diciembre pasado escala sin pausa. Frente a estos problemas la vieja receta de sacar la policía a la calle es un recurso que inspira una sonrisa mordida. Porque no hay un problema de inseguridad homogénea en la ciudad, sino uno que involucra tramas con actores específicos que operan en los mismos ligamentos territoriales. El remedio preventivo contra quien va a producir un delito de sangre no es mover la policía de un lado a otro sino la inteligencia criminal. Acumular efectivos en la calle deja el problema en pie si no se estudia y ataca, con herramientas idóneas, la lógica que produce el delito.

Se verifica que en Rosario se desarticularon algunas organizaciones robustas que tienen hoy a sus líderes presos o muertos, pero explota una nueva conflictividad derivada de aquello. Hay un mercado de drogas más fragmentado que se disputan pequeñas bandas, con actores juveniles portadores de una violencia muy vehemente y descompuesta, que es efecto de los grupos de antaño que se fueron desarmando. Pero a la vez hay actores de otra madurez criminal que surgen en las investigaciones. Y a veces es una incógnita el modo en que se trabajan datos que están asegurados en agencias estatales. Es muy raro que en los homicidios ligados a delitos previos los fiscales, las dependencias del Poder Ejecutivo o las fuerzas de seguridad no conozcan a los involucrados. Cada tanto una ejecución tremenda nos recuerda que a los implicados los conocemos muy bien.

Ocurre con el triple asesinato de Granadero Baigorria del lunes pasado, incidente de una violencia teatral que parece superar las puestas de las series de narcos. Uno de los tres muertos era Ezequiel "Parásito" Fernández, de 38 años, socio de Ariel Máximo Guille Cantero en un secuestro extorsivo que el líder de Los Monos tramó desde la cárcel de Coronda y se concretó hace cinco meses. La Justicia Federal había esclarecido ese delito con información aportada por la Unidad de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. En el MPA estaban siguiendo a "Parásito" porque alguien desde la provincia de Chaco lo había contratado para ejecutar un homicidio. Meses después surgieron los indicios del secuestro y los fiscales provinciales pasaron los datos a sus colegas federales. Estos avanzaron y allanaron la casa de Parásito en septiembre. A él no lo encontraron pero se hallaron cuatro armas poderosas en su vivienda.

Si se hallaron cuatro armas muy poderosas en la casa de alguien que había sido detectado para cometer un crimen por encargo, ¿cómo siguió esa investigación? Si a Parásito al no hallarlo le dictaron un pedido de captura, ¿qué pasó con eso? Ninguna de esas preguntas elementales tiene respuesta. Ahí la política de persecución muestra un agujero. La primera es cómo se organizan hoy entre los órganos del sistema penal formas más inteligentes de investigación, que pase por acumulación subjetiva de hechos, de lógicas territoriales, tipología de delitos y actores implicados. Hoy lo común es escuchar que eso no existe o es harto incipiente. Los que deben atar esos cabos son los fiscales pero dado que ellos estan litigando, además de investigando, requieren apoyo de la Fiscalía Regional y de los órganos de pesquisa criminal del Ministerio de Seguridad, para avanzar de manera coherente. Otro asunto llamativo es el tremendo déficit de los encargados de ir por quienes tienen captura recomendada. A Parásito Fernández lo acribillaron a 30 cuadras de su domicilio. Lo terminaron matando. Pero él era además del ejecutor de un secuestro extorsivo el depositario de un mandato para matar a alguien en un cuadro donde sus alianzas eran conocidas. En las fiscalías y en los juzgados de ejecución creen que hay un evidente negocio económico detrás de las capturas que siempre dan negativo.

El mercado de drogas fragmentado está explicando en buena parte los homicidios que escalan. Esto a la vez trae un estado de miedo y desconfianza en los habitantes de las zonas donde estallan estas contiendas que se saben en riesgo. La lógica de los búnkeres es generadora de estos abismos que además exhiben la vulnerabilidad de gente muy joven a ser captados por los grupos o ser víctimas de violencia.

Al día de ayer hubo este año en el departamento Rosario 74 víctimas de homicidios en 62 hechos. A la misma fecha de 2017 eran 49 víctimas fatales en 48 hechos. Son 14 hechos más que terminaron con resultado de homicidio en 2018. Pero con 25 personas asesinadas más. Independientemente de lo que dure esta escalada lo que aparece como un factor inquietante son los homicidios y heridos en ataques perpetrados con más de un arma, según datos relevados por el MPA Santa Fe.

Este tipo de hechos en los que se usa más de un arma para perpetrar ataques, o hay ataque con autores múltiples, marca una violencia típica ligada a economías delictivas como la droga. Hay además un encadenamiento de homicidios y heridos movilizados por la variable mafiosa en donde a un ataque se le presupone una réplica. La abrumadora participación del arma de fuego como medio empleado es en Rosario otro problema endémico. El año pasado el 80 por ciento de los homicidios se concretó mediante disparos. En ningún otro distrito de la Argentina este factor, que explica la alta letalidad, es comparable.

El anuncio del Ministerio de Seguridad de ir por armas a los enclaves delictivos provocó humor viperino en el MPA. "Ahora capaz nos esperan con facturas y las armas en la mano así no revolvemos tanto". Más allá de bromas que expresan un momento de tensión en general las armas no se guardan donde sus tenedores residen. Otro malestar proviene de la diferencia de necesidades entre órganos políticos y órganos de investigación. Frente a los sobresaltos del órden público los primeros se muestran ávidos de mostrar resultados. Lo hizo el gobernador Miguel Lifschitz al requerir detenciones de las segundas líneas de las grandes bandas. Los segundos dicen que si se mueven sin consolidar evidencia pueden ordenar detenciones pero no habrá condenas. Y que su cometido es lograr condenas y no hacer prevención.

En este momento está pendiente consolidar estructuras que en base a una información que existe en los legajos pueda identificar a los actores que provocan la violencia para neutralizarlos. Lo primero es tarea de los órganos de inteligencia del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Lo segundo, investigar los delitos, de las fiscalías provinciales y federales. En medio está algo que escala produciendo conflictos comunitarios y situando a Rosario en el incómodo espacio destacado de la crónica roja nacional. La presencia del búnker o las disputas por temas de narcomenudeo son un fuerte factor de violencia con resultados letales.

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