El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, aseguró que los ataques a balazos al frente de un edificio de departamentos y a una casa registrados entre anoche y esta madrugada "son un claro mensaje de amedrentamiento no sólo para la Justicia, sino para algunos policías y a algunos funcionarios del gobierno".
En declaraciones al programa "Procopio 830", que se emite por La Ocho, Pullaro dijo que en los atentados contra viviendas vinculadas con la jueza Marisol Usandizaga, integrante del tribunal que condenó a los líderes de Los Monos, no se descarta ninguna hipótesis.
"En estos casos, con esta complejidad, no descartamos absolutamente nada. Hay que estudiar las pruebas que quedan, tomamos rastros, está actuando la Policía Científica y seguimos investigando los hechos para poder establecer los responsables del hecho", afirmó, en relación con los ataques a tiros contra el edificio de departamentos de Dorrego al 1600 y en la vivienda de Zeballos al 2500.
Asimismo, recordó que "en uno de lo edificios atendió Horacio Usandizaga cuando era senador nacional, pero a veces las diferentes hipótesis de la investigación toman diferentes caminos, sin descartar absolutamente nada". De este modo, amplió la investigación más allá de la banda narcocriminal que manejaba el clan Cantero en Rosario.
Celina Mutti Lovera / La Capital
La casa de Zeballos 2575 perteneció a Horacio Usandizaga, padre de la jueza, exintendente de Rosario y expresidente de Central. El "Vasco" vendió esa propiedad en 1975 al padre de Ricardo Brachetta, un perito en balística que tuvo participación en causas judiciales de gran repercusión.
Minutos después del incidente en Zeballos al 2500, se registró otro ataque similar, a ocho cuadras de ese lugar. En este caso, el blanco fue el frente del edificio casualmente llamado "Marisol", que está situado en Dorrego 1615, donde tuvo su estudio Usandizaga padre. Al menos ocho disparos impactaron en la fachada de la torre que está a una cuadra de los Tribunales Provinciales.
Consultado sobre si estos ataques buscaban intimidar a la Justicia, Pullaro señaló: "Sí, van dirigidos a la Justicia, a algunos policías y muchas veces también a funcionarios del gobierno de la provincia. Esto deja en claro una decisión que tomó el Estado provincial de trabajar y no dejar impune a estos delincuentes y condenarlos con penas ejemplares".
Alfredo Celoria / La Capital
"El mensaje de es amedrentamiento, de generar miedo y terror en el Estado, pero también le decimos a la sociedad que no lo van a lograr", enfatizó el titular de la cartera de Seguridad, y añadió: "Hay una decisión de seguir avanzando sobre estos grupos criminales para que estén tras las rejas y paguen por los crímenes que cometieron".
Pullaro sostuvo que se está trabajando "fuertemente para evitar que estos ataques se reiteren", y detalló: " Tenemos secuestros de motos con personas que portan armas todas las semanas. Nunca podemos saber qué hecho van a realizar dos ocupantes de una moto portando armas. Trabajamos en inteligencia criminal y si no funcionara eso no habríamos puesto a tantas organizaciones criminales tras las rejas".
No obstante, indicó: "Lamentablemente en seguridad podemos contar las perdidas, porque son hechos que explotan, que son resonantes y está bien que así sea. Las ganadas son las que uno termina previniendo".
En ese sentido, reclamó "cambios" en las leyes que le permitan a los responsables de combatir el delito con rapidez y eficacia y garantizó que van a dar con los responsables. "Los vamos a poner ante un tribunal y los vamos a condenar -dijo-. Sobre todo con este tipo de ataques que son amenazas y amedrentamientos".
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"Este tipo de delito es de muy baja pena", se quejó Pullaro sobre la carátula que los jueces le han puesto a los ataques contra los magistrados, y explicó: "Si alguien pasa por delante de un domicilio y dispara es posible que se le impute amenazas con arma de fuego, que tiene una expectativa de pena de tres meses a un año, o abuso de arma, que tiene una pena de uno a tres años. Esos son delitos excarcelables".
Finalmente, concluyó: "Entendemos que una persona que hace eso no quiere amedrentar, quiere matar y hay que llevarlo ante la Justicia con la imputación de tentativa de homicidio, que tiene una expectativa de pena de entre cuatro y 12 años. Eso permitirá que los delitos no queden impunes. Porque si el que los comete entra por una puerta y sale por otra la verdad que es muy difícil frenar este tipo de hechos que tienen tanta impunidad".
