Bajo el mando del jefe de tercio del Comando Radioeléctrico Luis Pais, otros nueve agentes estuvieron detrás de varios procedimientos ilícitos
Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos.
Diez policías que están presos desde enero, todos por delitos relacionados a procedimientos ilegales, fueron acusados por más hechos. Desde la primera imputación hasta hoy la investigación de Fiscalía llegó a determinar que habían participado de más operativos en los que allanaron domicilios sin permiso, fraguaron actas, armaron causas y otros ilícitos.
Los fiscales Karina Bartocci y José Luis Caterina ampliaron las imputaciones a los diez agentes que trabajaban en el Comando Radioeléctrico al momento de cometer los delitos por los que fueron acusados este miércoles. El juez Aldo Bilbao Benítez dictó prisión preventiva por el plazo de ley para todos, medida cautelar que está vigente desde enero pasado.
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Los policías imputados son Luis Pais, quien era jefe de tercio del Comando, Gislea Noni, Brian Pereyra, Jaquelina Roldán, María Tenaglia, Melani Pabón, Marcelo Buljubasich, Gastón Mendoza, Stella Maris Campi y Agustina Molina. A todos les atribuyeron haber participado, generalmente en grupo, de operativos plagados de irregularidades al menos desde marzo de 2023.
Uno de los hechos principales expuestos en la audiencia corresponde a un operativo ocurrido el 7 de abril de 2024 por los que fueron imputados Gisela Noni y Luis Pais. Los fiscales indicaron que insertaron declaraciones falsas en un acta de procedimiento, firmada por ellos y otros agentes, sobre la aprehensión de un hombre a quien allanaron para robarle. Según la acusación, sustrajeron una alianza, una cadena de oro y una de plata, un reloj, electrodomésticos y 500 mil pesos que estaban en una caja cerrada con llave le que obligaron a abrir a una de las víctimas.
Tiempo después, el 1º de septiembre de 2024, los mismos agentes identificaron en la vía pública a uno de los moradores de la vivienda y lo siguieron. Fue interceptado en la esquina de Avellaneda y Córdoba, donde le solicitaron que descendiera de su vehículo. Mientras le requisaban el auto le hicieron mención de la denuncia que había realizado en abril. Para la Fiscalía fue "en clara alusión al procedimiento irregular" y tuvieron la intención de infundir temor.
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Pais y Noni fueron imputados por otros hecho junto a Brian Pereyra y Jaquelina Roldán. Según los fiscales, junto a otros miembros del Tercio Beta del Comando Radioeléctrico, el 15 de noviembre de 2024 realizaron un allanamiento ilegal en Salvat al 2600. Allí funciona una chatarrería, adonde acudían frecuentemente a exigir a los encargados que les pasaran información sobre vendedores de drogas en la zona. En ese contexto los amenazaron con, que si no accedían al pedido, los meterían presos.
En ese mismo lugar, un mes antes, habían realizado un allanamiento ilegal con el pretexto de que perseguían a un prófugo. En la chatarrería dijeron haber secuestrado cuatro armas. Una mujer que fue aprehendida en ese procedimiento quedó presa pero como el acta de procedimiento había sido fraguada la causa quedó archivada. En ese hecho también participó la agente María Tenallia.
Pais, Noni y Pereyra también fueron imputados, junto a la agente Melani Pabón, por un intento de allanamiento sin fundamento ni autorización legal a un domicilio de Laguna al 3100. Ocurrió el 12 de noviembre de 2024 por la madrugada y el primer paso de los agentes fue dar vuelta las cámaras de seguridad. Luego forzaron la puerta pero no lograron entrar.
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Dos días después, por la noche, interceptaron al morador de la vivienda cuando iba en su auto por Candia y Laguna. Luego de pedirle la documentación del auto, lo amedrentaron diciéndole que eran quienes habían ingresado a su casa y que debía trabajar para ellos. Entonces lo amenazaron con formarle una causa si llegaba a denunciar lo que había ocurrido.
En el resto de las acusaciones los fiscales sumaron a los demás imputados. A cada uno le atribuyeron distintos delitos como abuso de autoridad, robo agravado, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio y allanamiento ilegal.
Natalia Coronel tenía 41 años, vivía en la calle y murió tras tres meses de agonía. La fiscal sostiene que su pareja la empujó de manera intencional bajo un auto en medio de una discusión en barrio República de la Sexta y pidió prisión perpetua.
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