Un suboficial del Comando Radioeléctrico de la Costa de Santa Fe, con jurisdicción en la zona ribereña de la ciudad capital, fue condenado a cinco años de prisión por haber cometido 39 delitos (36 como coautor) en el marco de seis hechos entre octubre y noviembre de 2017. Juan Emilio Torres, de 29 años, fue condenado en proceso abreviado homologado por el juez José Luis García Troiano. La pena le fue impuesta por la coautoría de los delitos de vejaciones, apremios ilegales, severidades, amenazas coactivas, allanamiento ilegal, robo calificado por ser cometido por personal policial, falsedad ideológica en instrumento público y privación ilegítima de la libertad por abuso funcional. Y como autor de los delitos de comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones. Otros nueve policías de la misma repartición ya fueron imputados por delitos similares al de Torres y esperan la resolución de su situación procesal.
Torres fue detenido en febrero de 2018 junto a otros cinco efectivos, entre ellos la jefa del Comando de la Costa, acusados de integrar una banda que cometía todo tipo de tropelías en el distrito costero que corre paralelo a la ruta provincial 1, en el departamento La Capital. Los policías fueron imputados por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional de Santa Fe, quien a partir de la generación de la unidad fiscal detectó la repetición de denuncias contra efectivos del Comando. Así inició una investigación de la que participaron efectivos de la División Asuntos Internos y del área Judiciales de la UR I.
El modus operandi de la pandilla consistía en aprovechar los momentos en los que patrullaban su distrito para vulnerar los derechos de vecinos que tenían o habían tenido conflicto con la ley penal. Ese era su coto de caza. La pandilla actuaba mayormente de día. Ingresaba a las viviendas de sus víctimas, las privaban de la libertad, les exigían dinero, armas y drogas, y se llevaban todo objeto que consideraran de valor. Así convertían el lugar en un botín de guerra.
Valiéndose de la estigmatización social de sus víctimas los robaban y atacaban y "blanqueaban" las tropelías en actas preventivas falsas que daban cuentas de procedimientos en flagrancia. Si bien de la gavilla formaba parte la jefa de ese Comando no había entre sus integrantes una división de roles. Los procedimientos truchos eran trasladados a las subcomisarías 4ª, 6ª y 14ª, aunque la investigación no detectó complicidad policial en esas seccionales.
Esta pandilla continuaba operando más allá de las denuncias. Cuando las víctimas se presentaban ante el médico policial para constatar las lesiones, eran amenazadas. "Los policías les decían que si denunciaban los iban a matar, les iban a llevar a sus hijos, quemar la casa o, en uno de los casos, hacerlos desaparecer", indicaron fuentes de la pesquisa.
Siempre en funciones
Luego de la audiencia en la que se homologó el proceso abreviado el fiscal Hernández indicó que "Torres fue condenado como coautor de 36 delitos y como autor de otros tres. En todos los casos, las conductas fueron cometidas mientras cumplía funciones como suboficial del Comando Radioeléctrico de la Costa. Además, en algunas oportunidades, su accionar fue resultado de la previa distribución y asignación de tareas que hizo junto a los otros policías que delinquieron y a quienes seguimos investigando". También indicó el fiscal que "en todos los casos, luego de cometer los delitos, el condenado y los otros policías insertaron declaraciones falsas en las actas de procedimiento a sabiendas de lo que hacían y con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos".
Hernández aclaró que "las conductas del condenado eran siempre desplegadas bajo la supervisión —y a veces por orden— de personal superior en jerarquía, por lo que su responsabilidad en estos casos es menor por encontrarse en una situación de garante de evitar el hecho lesivo de gravedad intermedia".
Hernández se refirió a las calificaciones legales por las que se impuso la condena. En tal sentido, informó que fue "por la coautoría de vejaciones, apremios ilegales, severidades, amenazas coactivas, allanamiento ilegal, robo calificado por ser cometido por personal policial, falsedad ideológica en instrumento público y privación ilegítima de la libertad por abuso funcional. Además, se lo condenó por la autoría de la comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones".
Los delitos van desde vejaciones y apremios hasta robo calificado y falsificación de las actas de procedimiento
