La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para un hombre de 48 años por el femicidio de su pareja, de 43, a quien asesinó el 24 de enero de 2020 de un balazo en la cabeza en la vivienda que ocupaban en el barrio Los Tigres de Villa Gobernador Gálvez.
En una audiencia preliminar realizada este jueves en el Centro de Justicia penal, la fiscal Georgina Pairola solicitó la pena de prisión perpetua para Juan Antonio B., de 48 años, quien el 24 de enero de 2020 asesinó a su pareja, Marisa Alejandra Molina, de un disparo en la cabeza en el dormitorio de la casa que ocupaban en Paraguay al 500 bis, en Villa Gobernador Gálvez.
El delito que se le atribuye es el de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y femicidio, y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal entre sí, éstos en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
Según detalló La Capital en su momento, el crimen de Marisa Molina fue el 24 de enero de 2020 alrededor de las 3.30 de la madrugada. En ese momento, Juan Antonio le disparó en la cabeza a Marisa con un viejo revólver calibre 38 mientras dormía. Luego tomó el arma y volvió a disparar, pero el tambor estalló hiriéndole una mano. Los investigadores estiman que intentó quitarse la vida luego de asesinar a su concubina ya que luego del crimen tomó un cuchillo y se provocó heridas a la altura de la tetilla izquierda. En ese estado lo encontró uno de sus hijos, que vive en una casa lindera a las de sus padres. "Maté a tu mamá", confiaron los investigadores que Juan le dijo al muchacho.
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En la audiencia se reflejó que el crimen de Marisa se inserta en un contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género sostenida en el tiempo y sufrida por la víctima. Asimismo, en la audiencia se le atribuyó a Juan Antonio B., en las mismas circunstancias de tiempo, lugar y modo, haber tenido ilegítimamente en su poder un revólver calibre 38 (arma de guerra), sin contar para ello con la debida autorización legal, la cual fue utilizada para perpetrar el homicidio de su pareja.
La jueza de 1ª Instancia Marcela Canavesio resolvió tener por ofrecidas las pruebas de las partes para rendir en el juicio y admitir la acusación formulada por la Fiscalía.
El rodado era parte de la investigación judicial. Fiscalía ordenó su devolución, pero ya se había convertido en chatarra
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