El 10 de junio de 2014, en un minimarket del macrocentro de la ciudad, dos supuestos ladrones asesinaron a balazos al comisario mayor Guillermo Morgans, quien por entonces era el jefe de la Agrupaciones de Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II, tercero en la línea sucesoria de la Jefatura de Rosario. Qué se escondió detrás de ese homicidio llevó a numerosas especulaciones, desde las más básicas que oficialmente sostuvieron que fue un crimen en ocasión de robo, hasta las más complejas que vincularon el hecho a una investigación que la víctima llevaba adelante en torno al asesinato a sangre fría de un supuesto narco y el secuestro de una computadora por parte de funcionarios del Ministerio de Gobierno provincial antes de que la misma sea peritada oficialmente. Lo cierto es que hasta el momento nadie fue imputado por el episodio y el asesinato de uno de los más altos jefes de la fuerza local sigue impune.
Morgans tenía 44 años y había cumplido 24 al servicio de la fuerza. El martes 10 de junio de 2014, cuatro meses después de la entrada en vigor del nuevo sistema penal en Santa Fe, el oficial salió pasado el mediodía de la sede de Jefatura al mando de una Toyota Hilux negra. Iba vestido de civil, pasó por un mecánico para un breve chequeó al vehículo y siguió hacia al maxiquiosco y rapipago que uno de sus hijos tenía en Rodríguez al 200. Llegó poco antes de las 15 y mientras su hijo se dispuso a contar la recaudación, se pusieron a tomar mates.
En esas circunstancias ingresaron dos maleantes a cara descubierta que los redujeron con la supuesta intención de asaltarlos. Morgans hijo fue maniatado con precintos, y el oficial elevó su voz para identificarse como policía. Primero le pegaron dos culatazos en la cabeza que le produjeron dos profundos cortes constatados en la autopsia. Después hubo un intercambio de disparos en un espacio de no más de dos metros cuadrados. Morgans murió en el acto con un tiro en la nuca y los ladrones huyeron sin llevarse nada.
Los investigadores, conducidos por el fiscal Florentino Malaponte, recabaron testimonios y tuvieron imágenes difusas de los matadores que captó la cámara de vigilancia del Colegio San Patricio, ubicado frente al comercio. En ese marco el gobierno santafesino anunció la disolución de la AUE y un centenar de efectivos de esa repartición fueron entrevistados por fiscales que evaluaron sus competencias y examinaron sus legajos. Tras ello la mayoría pasó a la Policía de Investigaciones.
Líneas sin fin
Un año después del crimen, incluso, se hizo público un identikit a mano alzada de uno de los agresores. Tras ello pesquisas allegados a la causa indicaron que se siguieron alrededor de una decena de líneas de investigación, se realizaron una veintena de allanamientos y media docena de reconocimientos de personas, todos negativos. "Se trató de un crimen en circunstancias de robo. No hay en la causa elementos que acrediten otra cosa. No fue un ajuste de cuentas, mi un crimen por venganza o por su condición de empleado policial", indicó por entonces una alta fuente tribunalicia
Así, y con los familiares del comisario sumidos en el más profundo de los silencios, nunca quedó claro por qué mataron a Morgans.
Fuera de lo oficial, la especulación más seria que se tuvo fue la de su vínculo con la pesquisa por el brutal asesinato del empresario de la noche y supuesto narco Luis Medina, ocurrido la mañana del 29 de diciembre de 2013 en el acceso Sur y Ayolas. Junto a él también murió acribillada su novia, Justina Pérez Castelli.
¿Cuál fue la participación de Morgans en ese hecho? El mismo día del crimen fue allanada la habitación que la víctima ocupaba en el hotel City Center y se halló una notebook. Dos funcionarios del Ministerio de Gobierno santafesino la abrieron sin ningún permiso judicial con el propósito de desbloquearla para "colaborar con la investigación". Sin embargo, ese trámite llevó la causa hacia un mar de sospechas acerca de lo que pareció toda una intromisión del Poder Ejecutivo en la incipiente pesquisa del homicidio más resonante de aquel verano.
La apertura de la notebook se hizo delante de quien entonces llevaba adelante la investigación policial, el propio Morgans. Con el paso del tiempo, la Fiscalía rosarina desistió de investigar el accionar de los funcionarios de Gobierno y un peritaje de Gendarmería Nacional indicó que no se habían borrado archivos, aunque sí miraron qué había en la máquina. La denuncia que hicieron en su momento dos diputados provinciales nunca avanzó. Al igual que la que se abrió seis meses más tarde para saber quién y por qué mató a Morgans, quien pasó los últimos meses de su vida con miedo por él y por su familia a partir de lo ocurrido en la pieza de un hotel.
