El jefe antinarcóticos de la Federal en Rosario, el comisario Raúl Hirsch, dijo el mismo viernes que la cantidad de cocaína hallada “excede enormemente la demanda no solo de Rosario y su zona sino de la provincia de Santa Fe, por lo que se estima que aquí quedaba parte de esa mercadería para ser vendida a bandas que operan en la ciudad, y el resto era enviado a Buenos Aires y otras áreas del país”. Y la superintendente Martínez explicó que el cargamento supuestamente “había llegado la semana pasada y que la camioneta ya estaba preparada para salir con el cargamento hacia su destino final”, donde tenía que ser recibida el fin de semana que pasó.
El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, quien conduce la investigación, había ordenado la captura de las cinco personas arrestadas en los allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, General Lagos, Arroyo Seco y Albarellos. La acusación alcanzó a Gustavo Núñez; su mano derecha, Sebastián Romera; su hermana y testaferro, María José “Tati” Núñez; la gestora Jorgelina Galligani; y Matías Ezequiel “Mele” Tomei, todos quienes tenían roles asignados en distintas operaciones que realizaron entre septiembre de 2019 y junio de 2021 por tráfico internacional y almacenamiento de estupefacientes en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los 400 kilos de cocaína estaban distribuidos en 369 panes envueltos en colores celeste y blanco.
La causa también apunta al crecimiento económico de la banda liderada por Núñez y que les habría permitido lavar dinero con los fondos provenientes del tráfico de drogas. Así las cosas, tanto Núñez como Romera y Galligani adquirieron en los últimos años una flota de más de 30 vehículos, motos, una embarcación, un campo en General Lagos, una propiedad en Villa Constitución y otra en la localidad de Alvear.
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Respecto a Gustavo Núñez, un nombre que quizás pasó desapercibido en las crónicas policiales de los últimos años, es considerado el líder del clan desmantelado. Pero: ¿Quién es Gustavo Núñez? ¿Para quién trabaja? Encontrar respuestas a esas preguntas es entrometerse en un pasado no tan lejano y descubrir en su historia las identidades de personas asesinadas o apresadas, y de clanes delictivos que cayeron en desgracia y enfrentan juicios por su actividad narcocriminal.
¿Quién es Núñez?
Entre los años 2009 y 2013 Núñez trabajó como chofer en uno de los dos remises que supo tener Miguel Angel “Japo” Saboldi, un hombre ligado al tráfico de drogas y afincado en Villa Gobernador Gálvez que tenía 35 años cuando fue asesinado, el 12 de abril de 2013, mientras estaba preso en el pabellón 3 de la vieja alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II, donde hubo un incendio que las pericias comprobaron fue provocado intencionalmente. Esos remises generalmente trabajaban al servicio de una agencia de Villa Gobernador Gálvez manejada por la familia de Luis "Pollo" Bassi.
Saboldi llevaba detenido ocho días desde que cayó en una chacra de la localidad de Alvear a la cual la policía llegó, supuestamente, buscando una partida de electrodomésticos robados a una empresa rosarina. Sin embargo no hallaron lo buscado y se toparon con 19 kilos de cocaína y varias armas de fuego que todo indica había sido plantada por la propia policía. Esa chacra pertenecía a Diego Cuello, un hombre que estuvo vinculado al narcotráfico en Villa Gobernador Gálvez y que en diciembre de 2018 fue condenado como uno de los más importantes proveedores de drogas de la banda de Los Monos. Entonces recibió una pena a 11 años y 6 meses de cárcel dictada por la Justicia federal en el marco del proceso denominado “Los patrones”.
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Cuello, a su vez, tenía vínculos con la familia de Luis “Pollo” Bassi, absuelto en el juicio que le siguieron por instigar el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero pero que cumple una condena a 16 años de cárcel dictada en 2017 por el homicidio del adolescente Juan Pablo Colasso.
Los vínculos entre Núñez y Saboldi no solo eran laborales. Juntos hicieron al menos un par de viajes al norte del país para traer drogas para Cuello y para la también caída en desgracia Reina Isabel Quevedo, a quien en noviembre de 2018 le impusieron nueve años de prisión como autora de contrabando con fines de comercio agravada por la participación de tres o más personas tras incautarle en Salta un cargamento de 80 kilos de cocaína que tenían por destino la ciudad de Rosario. La mujer, que hoy tiene 68 años, fue detenida en su casa de Fisherton y era hermana de Arturo “Carau” Quevedo, quien ostentaba un copioso prontuario por tráfico de drogas cuando en octubre de 2012, un año antes de que la atraparan a ella, fue ejecutado de siete balazos en la puerta de su casa de Villa Gobernador Gálvez.
Deslealtades
Según distintas fuentes, Núñez y Saboldi hicieron varios viajes juntos para comprar y traer drogas a Rosario. En abril de 2013 estuvieron en Paraguay después de haber estado en Salta, donde recibieron un cargamento de estupefacientes provenientes de Bolivia para Reina Isabel Quevedo. Sin embargo, en esos periplos, Núñez hacía sus propios negocios y también compraba estupefacientes para el procesado Luis Paz, quien después de declarar como testigo protegido en el juicio a Los Monos terminó acusado como organizador de una banda narco y lavado de activos proveniente de esa actividad con operaciones en Santa Fe, Rosario y Villa Constitución.
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Paz siempre sostuvo que a su hijo Martín, a quien apodaban “Fantasma” y lo ejecutaron a tiros el 8 de septiembre de 2012 en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero cuando estaba a bordo de una flamante cupé BMW, lo había mandado a matar Saboldi. Pero eso nunca se pudo comprobar y el crimen sigue impune. Lo que sí trascendió en el marco de la investigación y de boca de viejos pesquisas es que el negocio que llevaba adelante Paz padre por entonces tenía protección de altos mandos policiales y políticos de la provincia y que se la tenía jurada a Saboldi porque éste sabía demasiado de esos vínculos.
En ese marco fue que la policía santafesina llevó adelante el allanamiento a la chacra de Alvear donde cayó preso Saboldi pocos días antes de su muerte. “Al «Japo» lo entregaron, lo pusieron a tiro para que la policía lo haga desaparecer porque sabía mucho de los negocios de Paz con el poder de turno, y le endilgaron sus vínculos con una cocina de drogas que este hombre manejaba en Arroyo Seco además de las sospechas por el crimen de «Fantasma»”, relató una conocedora del mundo narco del sur santafesino.
El vínculo con los Loza
Lo cierto es que muerto Saboldi, Núñez siguió con sus emprendimientos y no dejó de viajar al norte argentino para proveerse de droga. Pero el cargamento de 400 kilos incautado el viernes pasado en Villa Gobernador Gálvez no era solo para que el lo distribuyera en el mercado local sino que parte del mismo tenía otro destino. Y ahí aparece el clan Loza, un grupo familiar afincado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del cual once miembros están siendo juzgados por el Tribunal en lo Penal Económico Nº 3 de Comodoro Py por lavar en la Argentina más de 800 millones de pesos a través de decenas de operaciones, como la compra de hoteles, empresas, inmuebles y autos de lujo, entre ellas la Ferrari que uso Diego Maradona en los 90, todo dinero proveniente del narcotráfico. Según los investigadores, este clan tenía “vinculaciones con otras células narcocriminales” que operaban en España y en la Argentina. Y en el país más precisamente en la provincia de Santa Fe, donde se mencionan sus negocios con Luis Paz.
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Un testigo arrepentido que declaró en el marco de esa causa sostuvo que Erwin Loza, uno de los líderes del clan, “expresó que este hombre sería el propietario de dos aviones y el flete desde Bolivia o Salta lo hacia él directamente”. También agregó que “volaban hasta la provincia de Santa Fe y tenían un sistema de transporte de la droga hacia la Capital Federal y el conurbano bonaerense en camionetas con doble fondo”, según el expediente.
El arrepentido que apuntó esos detalles se llamaba Diego Xavier Guastini, un contador y financista de 45 años oriundo de Quilmes, que realizaba transacciones con el clan Loza y que, tras declarar en secreto, fue ejecutado por sicarios la mañana del 28 de octubre de 2019. Según la pesquisa, la víctima tenía una cueva financiera en la cual se lavaba el dinero de los Loza y se cambiaba dinero a gente pesada.
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Santa Fe apareció en el mapa de los Loza luego de las revelaciones que hizo Guastini y poco después de que cayera presa en septiembre de 2020 Adelaida “Reina Tití” Castillo, a quien se investigaba desde hacía más de dos años por tráfico de estupefacientes. Los investigadores de Gendarmería la detuvieron en la ruta 9 cuando era parte de una caravana de tres camionetas que transportaban 382 kilos de cocaína que había partido de la localidad santafesina de Ybarlucea, donde se acopiaba antes de enviarse a su destino final en Buenos Aires y los puertos de Rosario o Campana donde era embarcada hacia Europa. Los pesquisas estaban detrás de ella porque uno de los camiones que habían pertenecido al clan Loza estaba a su nombre. “Reina Tití” tiene 58 años y es oriunda de Salvador Mazza, en la frontera entre Salta y Bolivia, donde tenía una peluquería como pantalla de sus negocios ilegales.
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El clan Loza, quien iba a recibir parte del cargamento decomisado en Villa Gobernador Gálvez, cayó tras más de cuatro años de investigaciones en los que se desentrañó su funcionamiento como una organización sofisticada. Quienes hoy están en el banquillo de los acusados son los hermanos Erwin y Valdemar, como líderes. Junto a ellos lideraba el clan José Gonzalo, quien murió en 2019, el año en que a la banda le incautaron unos 65 bienes muebles e inmuebles a partir del DNU presidencial que estableció la extinción de dominio de los bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado. Además de los tres hermanos Loza están acusados Clara Fernández, pareja de Erwin; sus sobrinos Gonzalo, Daniel y Alan Loza; el peruano William Weston Millones; Juan Carlos Fernández, Gerardo Cuccione, Javier Silveira López, Estela Gallo, Américo Santi y Natalia Grosso.
De acuerdo a la acusación, los Loza financiaban operaciones de narcotráfico, adquirían cocaína en la Argentina y otros países de Sudamérica para transportarla hacia España en barco y distribuirla en otros países europeos. Luego, “el dinero producido se transportaba hacia la Argentina para ponerlo en circulación en el mercado legal ocultando de esa forma su verdadero origen o bien para adquirir nuevos cargamentos” de drogas.
