El Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de los fiscales Diego Iglesias (Procuraduría de Narcocriminalidad), Pablo Turano (Fiscalía en lo Penal Económico) y Miguel Angel Gilligan (Fiscalía Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal) demandó la extinción de dominio de una gran cantidad de bienes y dinero secuestrados y cautelados a los integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes y el lavado de activos conocida como el "Clan Loza". La organización fue desbaratada en diciembre pasado en el marco de 73 allanamientos realizados en la Argentina y España, cuando se detuvo a 35 personas actualmente con procesamiento firme por tráfico de estupefacientes, lavado de activos y contrabando de divisas. La demanda recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos.
La medida solicitada, la primera desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de extinción de Dominio en el país (en Santa Fe tiene vigencia desde el año pasado), tiene lugar luego de que el procurador general Eduardo Casal designara al mencionado equipo de fiscales.
Si bien la organización era investigada desde 2011, la causa que tramita el fuero Penal Económico se inició en noviembre de 2017 cuando dos personas fueron detenidas en Ezeiza al intentar ingresar al país 365.800 euros acondicionados en los doble fondos de tres valijas despachadas en un vuelo que provenía de Madrid.
De acuerdo a una investigación del Ministerio Público se logró establecer que el dinero estaba relacionado con esa organización narco transnacional investigada en conjunto por Argentina, España e Italia.
De acuerdo a la pesquisa, la droga comercializada por esta organización provenía de Bolivia y Perú, y luego enviada desde nuestro país al continente europeo, principalmente a España. Desde allí, en algunas ocasiones, era distribuida o vendida a otras organizaciones asentadas en ese país, Italia, Irlanda e Inglaterra.
La asociación criminal tuvo como principal actividad ilegal el tráfico de estupefacientes, en especial el contrabando desde Argentina hacia España, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de esos fondos para mantener vigente la estructura delictiva, hechos que investiga el juez Pablo Yadarola, quien en diciembre pasado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de doce de los acusados por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas y les trabó embargos por 7.400 millones de pesos.
Semanas después, la decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico en un dictamen que explicó que los imputados adquirieron a su nombre (o por medio de sociedades integradas por ellos) bienes muebles e inmuebles sin haber tenido ingresos lícitos.
Millonarios
En función de ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron que "el estado procesal de la causa permite sostener, con un grado de verosimilitud adecuado, la existencia de delitos comprendidos en la categoría de criminalidad económica que dieron origen a cantidades ingentes de dinero que fue invertido, directa y/o indirectamente, en los activos que conforman el objeto de la extinción de dominio requerida".
"El producido de estos delitos se materializó en los bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo cuyo dominio se pretende extinguir, incorporados al patrimonio de los demandados con posterioridad a la fecha de la comisión de los delitos investigados en tanto no se corresponden razonablemente con sus ingresos o representan un incremento patrimonial injustificado", indicaron los fiscales.
En España actualmente están siendo juzgados por narcotráfico integrantes de la organización (entre ellos José Gonzalo Loza, uno de sus líderes) luego del hallazgo de 1.200 kilos de cocaína en la ciudad de Granada. Los beneficios de la actividad ilícita eran enviados a Argentina a través de "correos humanos".
La demanda contiene una pormenorizada descripción de cada uno de los bienes secuestrados y cautelados, valuados en unos 800 millones de pesos y que incluyen 45 inmuebles en Capital Federal, Buenos Aires, Salta y Mar del Plata, 30 vehículos de alta gama (entre ellos tres modelos Ferrari), motos, joyas, dinero en efectivo.
Los fiscales reseñaron que la extinción de dominio fue incorporada al ordenamiento jurídico argentino el 22 de enero de este año. Y que es la primera vez que el instituto es regulado en nuestro país, pese a existir numerosos instrumentos internacionales ratificados por la Argentina en los cuales se insta a incorporar figuras de esta naturaleza.
Además explicaron que ante las dificultades "que conlleva el decomiso penal donde se requiere de una condena, la extinción de dominio civil, autónomo del proceso penal, de carácter patrimonial y real se convierte en la herramienta adecuada para el alcanzar un recupero de los bienes producidos por el delito".
Para los fiscales, el decreto vigente está avalado por "la tendencia internacional en la materia y tiene fundamento en la necesidad de separarlo del decomiso penal pues, en ese supuesto, el decomiso definitivo depende del resultado del proceso penal que, en caso de paralizarse o no poder iniciarse, no podrá ser alcanzado".
Más allá de sus diversas denominaciones (extinción de dominio, decomiso civil o decomiso sin condena), entre los rasgos que definen a este instituto se destacan su carácter real (es decir que se dirige contra los bienes y no contra las personas), que no es de naturaleza penal y que puede ser decretado por un juez no penal.
