Una investigación judicial que permitió descubrir una de las más relevantes estructuras de narcotráfico de los últimos años en Rosario, detectada in fraganti cuando trasladaba desde la frontera con Bolivia un cargamento de 80 kilos de cocaína, terminó en un juicio abreviado que impuso para los miembros de la organización condenas inferiores al mínimo previsto por la ley. La pesquisa tuvo al iniciarse una fuerte repercusión pública por varios motivos: conectaba a importantes actores de la escena del campo narco local, había evidenciado cómo se movía la banda, la cobertura policial con la que contaba y los detalles del negocio. Pero pese al abundante acervo de pruebas el trámite no se hizo en un juicio oral que habría servido para exponer a la sociedad un caso paradigmático, que mostraba el recorrido de los pasos del grupo, desde el momento que organizaron el plan en un bar de Fisherton hasta que los atraparon con casi cien panes de droga en la provincia de Salta.
La organizadora de este contrabando de cocaína con destino al mercado de Rosario fue Reina Quevedo, una mujer de 65 años que al ser detenida vivía en Fisherton. Es hermana de Arturo "Carau" Quevedo, quien ostentaba un copioso prontuario por tráfico de drogas cuando en octubre de 2012, un año antes de que la atraparan a ella por este caso, fue ejecutado de siete balazos en la puerta de su casa de Villa Gobernador Gálvez.
Por un acuerdo entre el fiscal y la defensa a Reina Quevedo le impusieron nueve años de prisión como autora de contrabando con fines de comercio agravada por la participación de tres o más personas, una figura que contempla un mínimo de 12 años. Estará bajo el control de un programa bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación. Con la condena, además le impusieron una multa de 2 mil pesos y reintegraron dos vehículos —un Peugeot 307 y un VW Vento— secuestrados a la banda. "Faltó que les devolvieran la droga", ironizó un observador de este trámite.
El principal socio de Quevedo es Juan Carlos Feldkircher, de 40 años. Bajo la misma acusación, le impusieron 8 años y 10 meses de prisión y 1.900 pesos de multa. En la investigación se estableció que éste gozaba de la cobertura de un policía muy citado por la prensa en los últimos cinco años: Germán Almirón.
Este ex empleado de la División Judiciales de la Unidad Regional II que cayó preso por varios delitos como facilitar la fuga de un sicario de Los Monos y haber sido captado hablando con un acusado de narcotráfico en un diálogo en el que ambos hablaban de la eventual eliminación física de un juez (ver aparte) recibió en este abreviado seis años de prisión que, por la unificación de penas previas, llegan a nueve años y medio.
La cocina
El 8 de febrero de 2014 dos vehículos fueron interceptados en una ruta de Metán, en Salta, llevando 80 kilos de cocaína. Mientras se realizaba ese procedimiento, en Rosario eran apresadas las personas acusadas de organizar y concretar ese acto de narcotráfico. Pero la actividad del grupo venía de antes. Sus cabecillas eran Reina, quien proveía la droga, y Feldkircher, que la estiraba para comercializarla.
La punta de la pesquisa estuvo en un dato obtenido por un policía federal que estaba afectado a tareas en la calle Las Achiras de Funes, lugar donde una semana antes David Delfín Zacarías había caído en una vivienda con 300 kilos de esa cocaína. A ese policía se le acercó una persona que quedaría en la causa como testigo protegido y le reveló la ubicación de una cocina de drogas perteneciente "a los Cantero". Mencionaba a una persona llamada "César" (Feldkircher) y una vivienda en San José y Maiztegui de Funes.
Con esos datos, y otros sobre vehículos y números telefónicos brindados por ese testigo, el fiscal federal Juan Murray abrió una investigación que continuaron sus pares Adriana Saccone y Mario Gambacorta. Hubo escuchas en directo a diversas líneas telefónicas.
Citas
La conclusión del seguimiento fue que Quevedo aparecía como proveedora, que el grupo se abastecía en Salta para que Feldkircher elaborara estupefacientes a distribuirse y comercializarse en Rosario por otras personas, ya sea en bunkers como en delivery.
De las escuchas surgió que Quevedo planeaba un viaje a Salta entre los días 8 o 9 de febrero para comprar drogas. Y que se encontraría con Feldkircher en una conocida confitería de Fisherton. Luego hubo otro contacto en un bar de Urquiza y Sarmiento. Consta en el expediente que Reina, con una cartera aferrada a su pecho, ingresó en un edificio de San Martín 370 seguida por Feldkircher.
Esa observación se concretó el 7 de febrero, un día antes de que Reina viajara a Salta para adquirir droga. La continuidad de las escucha motivó que el juez federal Carlos Vera Barros se contactara con un juez salteño para advertirle que frenarían a dos vehículos en los que presumían se trasladaba Quevedo con una carga de droga.
Se dispuso así una vigilancia entre las localidades de Las Lajitas y Apolinario Saravia. La mañana del 8 de febrero en una estación de servicios de Metán agentes de la Policía Federal apresaron a cuatro personas que iban en dos vehículos: una VW Amarok gris y una Toyota Rav 4.
En la Toyota había 80 panes de cocaína. En ese auto iban Reina Quevedo, su dueña, y Cristian Palomeque, un remisero que actuó como chofer. También allí secuestraron un arma de fuego. En la Amarok fue apresada Silvana Barbora, su propietaria, y Sergio Galarza. A este último se lo considera un contratado por Quevedo como custodio de la carga. En esa camioneta se decomisaron una pistola, dinero y celulares.
A partir de ese procedimiento se ordenaron allanamientos en domicilios de Rosario y Funes vinculados a Quevedo y Feldkircher. En San Martín 370, por ejemplo, se encontraron elementos para estirar droga como ácido clorhídrico y 12 cajas de éter. Esa dirección se atribuye a Quevedo, como otra casa situada en la calle Kay, en Fisherton. El hallazgo de materias primas para producir y fabricar drogas en los domicilios de Rosario, por ejemplo en uno de calle Acevedo, acredita que la droga secuestrada en Salta tenía como destino "ser cocinada".
Soterrada
Los juicios abreviados son buenas herramientas para aliviar la carga laboral del sistema de justicia en hechos de menor envergadura. Pero en este tipo de casos, que son de gran relevancia pública y que transparentan el modo en que actúa una importante red de narcotráfico, que una investigación compleja termine de una manera soterrada y lejos del conocimiento de la sociedad tiene escasa sensatez en términos de política de persecución.
El fiscal Fernando Arrigo aceptó apartarse de los topes en un caso que llevó un enorme esfuerzo de instrucción, con escuchas directas durante meses, seguimientos y filmaciones de implicados, secuestro de un cargamento de cocaína, incautación de armas de fuego y la evidencia de personal policial brindando cobertura a la banda. Para los imputados esto significó no ir a juicio oral y que les impusieran una condena menor a la mínima prevista.
