En lo que a todas luces es un claro mensaje ejemplificador hacia el interior de la policía de la provincia, el subsecretario de Control Institucional de la fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad santafesino dispuso el pase a disponibilidad de cuatro oficiales y profundizar la investigación sumarial sobre el accionar de otros siete altos mandos por sus supuestos vínculos con el encubrimiento del crimen de Juan Cruz Vitali, un joven de 23 años baleado por un uniformado el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez tras evadir un control de alcoholemia y ser perseguido hasta la casa de un familiar. Por el hecho está acusado el ex comisario mayor Sergio “Chamuyo” Di Franco como autor del disparo letal, mientras tres altos jefes fueron imputados el mes pasado por diseñar y concretar una maniobra de manipulación de pruebas con la finalidad de que el trágico episodio pasara como un accidente y no un asesinato.
De acuerdo a la resolución 068 de la Subsecretaría de Control Institucional firmada el pasado jueves por su titular, Diego Rodríguez, los policías pasados a disponibilidad son el comisario supervisor Ernesto Gaudenzio (quien se desempeñaba en la Policía de Investigaciones de la UR XVII), la comisaria María Laura Pérez (ex jefa de la División Judiciales de San Lorenzo), el comisario Diego Maximiliano Ronsisvalle (de la Secretaría Privada y Relaciones Institucionales) y el subinspector Raúl Oscar Cabrera (de la Agencia de Investigación Criminal).
En tanto, otros siete altos mandos ya retirados de la fuerza seguirán sometidos a la investigación administrativa ministerial (la que puede extenderse hasta seis años posterior al retiro) al entenderse que dentro del sumario iniciado hay suficientes elementos que los inculpan.
Se trata de los directores generales Walter Rubén Miranda, Marcelo Pablo Albornoz, Gonzalo Manuel Paz, Alejandro Silvio Zucchero, Gustavo Darío Rapuzzi y Gustavo Claudio Spoleti; y el subcomisario Juan Carlos Roselli. Vale recordar que la misma suerte ya han corrido el sudirector Germán Alberto Vega y el comisario supervisor Jorge Daniel Quintana quienes fueron imputados oportunamente por la Justicia por la tenencia indebida de armas de fuego en sus propiedades.
La historia
Juan Cruz Vitali fue asesinado poco antes de las 6 de la mañana del 12 de mayo de 2019 mientras intentaba ingresar a la casa de su tía, ubicada en Montevideo al 400 de Capitán Bermúdez. Momentos antes, en el cruce de Chacabuco y avenida San Lorenzo de esa localidad, el joven se topó con un control de alcoholemia montado por personal municipal y policial. Ante el temor de que le incautaran el Volkswagen Fox negro familiar que conducía decidió esquivar el retén.
Según contó entonces su novia, quien lo acompañaba en el vehículo, en su intento por escapar Juan Cruz chocó un cono del control y luego, tal vez asustado, aceleró y dobló por otra calle. Ante ello una camioneta policial le salió al cruce y lo embistió. La joven contó que en ese momento bajaron varios policías y les dispararon, lo cual los asustó aún más. Entonces comenzó un escape a lo largo de unas veinte cuadras hasta llegar a la vivienda de su tía donde buscó protegerse y frente a la cual lo mataron “sin que le den la voz de alto”, según aseguraron la chica y los familiares de la víctima.
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Dos días después del crimen el comisario Sergio Di Franco, quien era jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII fue detenido e imputado de asesinar a Juan Cruz con un disparo en la nuca bajo la figura de homicidio calificado y agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad. Sin embargo, por un acuerdo previo entre sus abogados defensores y la fiscalía, el juez de primera instancia Juan José Tutau ordenó que continúe el proceso en prisión domiciliaria a la espera del resultado de una serie de pericias balísticas y planimétricas entre otras. Esa situación se revirtió tres meses más tarde cuando Di Franco obtuvo la libertad aunque sigue ligado al proceso y su situación se encamina a un juicio oral.
De acuerdo a la defensa de Di Franco, a cargo del abogado Paul Krupnik, tiempo después las pericias “arrojaron que el proyectil mortal, en su trayectoria, demuestra que fue un disparo accidental como así también la dinámica del hecho reconstruida en el mismo lugar del episodio y a la misma hora en que ocurrió”. Además, agregó que su cliente “siempre estuvo a derecho y jamás cambió su declaración desde la primera audiencia imputativa”.
Encubrimiento
Sin embargo la pesquisa del hecho fue avanzando y ya en manos de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, tomó ribetes que dejaron al desnudo una cadena de encubrimientos entre los principales jefes de la Unidad Regional XVII que comandaba Gonzalo Paz, en cuya jurisdicción ocurrió el crimen y en la cual prestaba servicios Di Franco, para que todo pasara como un accidente y no como un asesinato.
En ese sentido, los fiscales se valieron del contenido del celular de Gustavo Spoleti, quien era el jefe de la Plana Mayor de la regional San Lorenzo, y que le había sido secuestrado a mediados de 2019 cuando el uniformado fue acusado de comprar una casa con fondos que no podía justificar en una audiencia donde también estuvo sentado el narcoempresario Esteban Lindor Alvarado, a quien se acusó de liderar una asociación ilícita. Para avanzar en ese caso, Edery y Schiappa Pietra debieron pedir la reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra Spoleti que había sido archivada en el viejo sistema conclusional de la provincia.
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Así las cosas, del celular de Spoleti, dijeron los fiscales, surgió la trama tendiente a alterar lo ocurrido de forma tal que Di Franco logre primero una atenuación de prisión y la libertad después al dictaminarse que la muerte era resultado de un acto sin intención. Y eso fue expuesto con detalles en la audiencia en la cual el mes pasado se imputó a Gonzalo “Chino” Paz, quien fuera jefe de la URXVII al momento del crimen; del propio Spoleti; y del jefe del Departamento Criminalístico de la PDI de esa regional, Jorge Quintana, quienes fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, figuras penales excarcelables pero que dejaron al descubierto un modus operandi delictual, que es el de dirigir investigaciones hacia una finalidad determinada, por fuera de los elementos del caso concreto.
