Tres altos jefes de San Lorenzo acusados de trabajar para la defensa de un policía acusado de homicidio

Son Gonzalo "Chino" Paz, Gustavo Spoleti y Jorge Quintana. Lo hicieron para aliviar a su colega Sergio Di Franco y convertir un homicidio de 2019 en un accidente, mediante manipulación de pericias
13 de mayo 2021 · 17:30hs

Tres oficiales superiores de la policía de San Lorenzo fueron acusados este jueves de diseñar y concretar una maniobra de manipulación de pruebas para que el caso de un comisario acusado de asesinar de un balazo a un conductor, ocurrido tras un control de tránsito en Capitán Bermúdez hace dos años, se tramitara judicialmente como un accidente mientras empuñaba su arma. Esa alteración fue lo que le permitió a este comisario lograr una atenuación de prisión y la libertad después al dictaminarse, debido al éxito de este armado, que la muerte era resultado de un acto sin intención.

Los policías acusados de orquestar este complot son el ex jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo, Gonzalo "Chino" Paz; el ex jefe de Plana de esa departamental, Gustavo Spoleti, y el jefe del Departamento Criminalístico de la PDI Jorge Quintana. Al desplegar la evidencia, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery afirmaron que estos oficiales de alta jerarquía montaron una estrategia que incluyó trabajar para los defensores particulares del policía implicado, mantener reuniones regulares con esos abogados con un objetivo común, elaborar una pericia oficial que propiciara la idea de un accidente, hacer gestiones para que se cambie la vaina de la bala que mató al conductor e intervenir en el sumario policial a espaldas de la fiscal actuante, todo con el fin de desincriminar al comisario involucrado.

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"Spoleti y Paz no solo manejaban la defensa de Di Franco, sino también sus honorarios", dijo el fiscal Edery en la audiencia.

Toda esta acción de encubrimiento se registró en la pesquisa del homicidio de Juan Cruz Vitali, ocurrido el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez. Aquel día ese muchacho, de 23 años, evadió un control de alcoholemia en esa localidad. Eso desencadenó una persecución policial que terminó dentro de la casa del tío del conductor al que seguían. Allí el comisario Sergio Di Franco efectuó un disparo con su arma reglamentaria que impactó en la cabeza de Vitali lo que le ocasionó la muerte.

Lo que se expuso en la audiencia fue cómo los máximos jefes de una regional se involucraron personalmente en una manipulación de prueba para mentirle a un juez sobre un caso donde mataron a una persona, con el fin de cuidarle las espaldas a un histórico camarada. También revela la hondura de una relación profesional de policías que viene de lejos y referencia asimismo sus relaciones con alguien más a quien, cuando Di Franco ya está con la excarcelación dictada, dicen deber gratitud por cómo el caso quedaba resuelto. Lo llaman "el hombre de San Lorenzo". Hacia el final en un intercambio dicen que hay que agradecerle "a Pipi", refirió Edery.

>> Leer más: Allanan al ex jefe de policía de San Lorenzo por presunta alteración de prueba en un homicidio

Las evidencias tomadas por el fiscal surgieron de dos vías distintas. Una fue la presentación del jefe criminalístico de la PDI, Julio Erbetta, quien denunció en una fiscalía que al realizar el cotejo balístico del caso el comisario Quintana le solicitó que cambiara la vaina correspondiente al primer disparo, de manera que ese balazo fuera tomado como producido por la pistola de otro empleado de la fuerza. Erbetta interpretó eso como lo que era: un pedido para insertar evidencia falsa en la investigación a fin de aliviar a Di Franco. Lo primero que dijo este perito al denunciar es que le ofrecieron que ponga un precio para cambiar su pericia.

La segunda vía de conocimiento de este armado, dijeron los fiscales, provino del contenido peritado del celular del comisario Spoleti. Este teléfono estaba secuestrado desde 2019 cuando Spoleti fue acusado de comprar una casa con fondos que no podía justificar en una audiencia donde también estuvo sentado Esteban Alvarado imputado de liderar una asociación ilícita. Para avanzar en ese caso los fiscales debieron pedir la reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra Spoleti que había archivado en el sistema conclusional la ex jueza de Instrucción Alejandra Rodenas.

En ese teléfono, de acuerdo a los que los acusadores mostraron esta tarde en audiencia, quedó de manera copiosa y prácticamente paso a paso el derrotero de acciones. Los fiscales explicaron que desde el principio llamó al jefe de la regional Gonzalo Paz y coordinó con el la colaboración para auxiliar a Di Franco. A esos fines, dijeron, se comunicó con el senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri el 13 de mayo de 2019 para pedirle el teléfono del fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, en ese momento colaborador principal del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, para hablar con él sobre la causa. Luego Spoleti llamó a Ponce Asahad. "Su teléfono doctor me lo pasó Pipi", le dijo, en alusión presunta al apodo del senador.

Tras concretar el contacto Spoleti se reunió con Ponce Asahad, hoy preso por ser parte de la trama de una organización de juego ilegal. Luego hizo lo mismo con el abogado Paul Krupnik (que hoy defendió a Spoleti) cuatro horas después. Luego se comunicó con el abogado Martín Marini, miembro del estudio de Krupnik y defensor de Di Franco, en reiteradas oportunidades. Este abogado le entregó a Spoleti según los fiscales un escrito para que presentara en el legajo fiscal, lo que ocurrió el 3 de julio de 2019.

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Por ese mismo momento, cuando Di Franco estaba detenido por homicidio agravado, Spoleti habla con Paz. En los mensajes previos y posteriores queda en evidencia que buscan una atenuación de prisión para el comisario preso. “Está dura la mano para domiciliaria de entrada (…) así que estamos hablando con el hombre de San Lorenzo a ver si hay algún tipo de contacto, le van a dar preventiva, al principio está medio duro porque es muy reciente, pero se la van a pedir igual”, le dice.

El 6 de julio de ese mismo año Spoleti le remitió al defensor los teléfonos del personal que trabajaba sobre el operativo de tránsito donde se inició el incidente investigado. Y le infomó al abogado de Di Franco que la reconstrucción integral del suceso ya estaba hecha, algo que ocurrió antes de que la misma fiscal de la causa, Melisa Serena, lo solicitara.

También Spoletti se comunicó con Juan Carlos Roselli, quien integraba el gabinete científico de la PDI, para que apresurara la elaboración de informes.

Para ese mismo momento, de acuerdo a los fiscales, Paz como máximo jefe de policía de San Lorenzo, tenía como función velar por el aseguramiento idóneo de la evidencia del homicidio de Vitali. Spoleti le contaba las conversaciones que mantenía con el abogado de Di Franco, con el fiscal Ponce Asahad y con los peritos criminalísticos de la PDI. Paz le sugirió a Spoleti que Di Franco solicitara una prisión domiciliaria a 45 días de ocurrido el homicidio.

“No es conveniente darle una domiciliaria ahora”, le comentó Paz a Spoleti, según un audio que consta entre la prueba. “Si vos lo analizas, le llegan a dar una domiciliara ahora empezamos con las marchas, con los quilombos, los escraches a la familia. Hay que dejar que esto se afloje 45 días y ahí que ya está más o menos encaminado podemos pedirla. Pero lo importante es que nos atendieron, ese es un paso muy importante”, sostuvo el entonces máximo jefe en San Lorenzo.

Asimismo Paz les encargó a terceros que le entregaran a Spoleti documentación de la causa sin la autorización de la fiscal para remitir a los abogados de Di Franco. El 16 de julio organizó una reunión entre el abogado de Di Franco y el jefe criminalístico de la PDI, de apellido Zuchero, “para que le transmita qué es lo que necesitaba que contenga el informe de Reconstrucciones Integrales en concordancia con la línea propuesta en el caso por la defensa".

Esa reunión se concretó en una estación de servicio Shell de Ovidio Lagos al 4500 entre el abogado Marini, Roselli y Zuchero. Tras eso se presentó el informe de Reconstrucciones Integrales de la policía sobre el incidente. “El tenor del mismo coincide con el informe pericial de la defensa de Di Franco”, realizado por un perito profesional de parte, según indicaron los fiscales.

La exposición del contenido del teléfono de Spoleti dibuja una pormenorizada hoja de ruta de las acciones. Revela las repetidas reuniones y contactos de los jefes policiales con el abogado Krupnik, a quien aluden por su nombre de pila, circunstancias que coordinan para encaminar una defensa hacia el homicidio involuntario. Están pendientes además de las alternativas de una marcha en transcurso en Capitán Bermúdez de allegados y familiares de Vitali que denuncian gatillo fácil y la evolución del caso judicial, hasta el acuerdo de defensa y querella por la que Di Franco, inicialmente acusado de homicidio calificado con perspectiva de prisión perpetua, recibe prisión domiciliaria primero y es excarcelado tres meses después.

En un momento, indican los fiscales, desde su celular Spoleti explica en un mensaje cómo se expondrá el argumento defensivo sobre el origen del disparo con que Di Franco mata a Vitali. “Se le escapó porque se agarró a trompadas y le manoteó la pistola y ahí se disparó en la cabeza”. El interlocutor, de nombre Agustín, le pide precisiones sobre quién empuñaba el arma. “Se escapa porque la tenían entre los dos”, es la respuesta.

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Hacia finales del año 2019 parece quedar claro como todas las partes saben de cómo queda acomodada la evidencia para que la muerte de Juan Cruz Vitali parezca un accidente. “Que el informe de Cabrera (el perito oficial) venga igual que el de Brachetta (perito de parte de la defensa) que ya lo acompañamos”, le dice el defensor Krupnik a Spoleti. El 27 de noviembre de ese año se acordó la prisión domiciliaria en favor de Di Franco por un acuerdo entre los abogados querellantes, que representaban a la familia de la víctima, y la defensa del comisario. La fiscalía no se opuso porque no había riesgo procesal ya que la prueba del caso estaba reunida. No hubo fundamentación del acuerdo. A la hora de la presentación el juez Juan José Tutau emitió un decreto y concedió la excarcelación.

Por toda la manipulación de la evidencia en el caso Vitali los fiscales acusaron a Paz, Spoleti y Quintana por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Se trata de un delito excarcelable pero esa conducta deja al desnudo, para los fiscales, un modus operandi delictual, que es el de dirigir investigaciones hacia una finalidad determinada, por fuera de los elementos del caso. Lo que puede implicar a veces presentar como delito algo que no lo es o viceversa. También reforzar o, como en este caso, atenuar responsabilidades penales.

Ahora el caso de la muerte de Vitali fue asignado a la fiscal Paola Aguirre. Di Franco permanece en libertad pero volvió a estar acusado de homicidio doloso y el caso se encuentra en perspectiva de ir a juicio.

Paz, Spoleti y Di Franco fueron integrantes históricos de la ex Dirección General de Drogas Peligrosas en Rosario, en las áreas operativas como de Inteligencia, en la que actuaron en cargos de conducción. En la última década, ya como oficiales superiores, desempeñaron la última parte de su carrera en la Unidad Regional XVII. En el caso en el que fueron acusados los policías esta tarde los fiscales tomaron nota de un mensaje por celular algo enigmático. Fue cuando el abogado Krupnik le dice a Spoleti, al estar asegurada la libertad de Di Franco, que para ello fue indispensable el perito de parte de la defensa. Spoleti le replica: “Indispensable fue el hombre de San Lorenzo”.

Quintana dijo en la audiencia que la acusación era un armado del perito balístico Erbetta. Spoleti señaló que su único afán había sido ayudar a un amigo que era compañero de promoción en la agilización de los trámites de la causa pero sin cometer delito alguno. Gonzalo Paz rehusó prestar declaración. La jueza María Trinidad Chiabrera les impuso a los tres policías medidas alternativas a la prisión con obligaciones como presentarse a firmar semanalmente en el Centro de Justicia Penal y una fianza económica.

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