En mayo de 2025, desde el Hospital Italiano de La Plata alertaron por un lote de fentanilo contaminado. Fue el primer paso para destapar uno de los casos más terribles en la historia sanitaria del país, que acumula 114 víctimas fatales y 50 sobrevivientes. A casi 15 meses del hecho, la Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario publicó una carta abierta en la que sostuvo: "La respuesta institucional no puede limitarse al ámbito de la Justicia".
En las últimas horas, el juez de la causa Ernesto Kreplak dictó secreto de sumario luego de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas para avanzar con la investigación sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.
La causa por fentanilo contaminado ya tiene 13 procesados, entre ellos el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, su hermano Diego y su madre, Nilda Furfaro.
Según los números oficiales, Santa Fe registra 59 víctimas entre fallecidos y sobrevivientes, de las cuales 49 corresponden a Rosario, el distrito con mayor cantidad de casos en todo el país.
Pedido de cambios en las leyes
La Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario se expresó a través de una carta en la que planteó que la tragedia "es una oportunidad para corregir aquello que falló y fortalecer las instituciones".
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Para los familiares, los casos de fentanilo contaminado expusieron falencias en el sistema de salud, el control y los procedimientos. Como en cada intervención que tuvieron oportunidad, el grupo a través de esta carta reiteró "la necesidad urgente de revisar procedimientos, fortalecer la fiscalización y garantizar que los derechos de los pacientes sean plenamente respetados".
Si bien la investigación judicial avanza para dar con los responsables penales, las familias remarcaron que "la respuesta institucional no puede limitarse al ámbito de la Justicia" y pidieron por un Estado presente en "la prevención y las políticas públicas".
Entre sus pedidos, las familias rosarinas solicitaron "medidas concretas" para fortalecer la seguridad de los pacientes. Entre ellas, la plena implementación de la Ley Nicolás, la sanción de una Ley de Trazabilidad de Medicamentos y el efectivo cumplimiento de los derechos de los pacientes. "Convocamos a los funcionarios públicos, a los legisladores, a los profesionales de la salud, a los medios de comunicación y a toda la comunidad a transformar la empatía en compromiso. La protección de la vida no admite diferencias partidarias ni intereses sectoriales. Es una responsabilidad colectiva y un deber indelegable del Estado", señalaron.
Por un mayor acompañamiento
En otro tramo del escrito, recordaron que el 3 de noviembre de 2025 el Concejo Municipal abrió sus puertas para una reunión de la Comisión de Investigación de la causa del Fentanilo Contaminado, creada para dar respuestas legislativas y determinar responsabilidades del Estado. Fueron meses de encuentros en el Congreso de la Nación y aquella oportunidad en Rosario en los que la ausencia de las autoridades sanitarias y del ministro de Salud, Mario Lugones, resonó.
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En aquella oportunidad en el Palacio Vasallo, fueron las familias de Rosario las que relataron su tragedia ante legisladores nacionales, provinciales y concejales. Sin embargo, "con el paso del tiempo comprobamos que el acompañamiento institucional no estuvo a la altura de la magnitud de lo sucedido".
Aunque las familias reconocieron que existieron expresiones de solidaridad, lamentaron las escasas acciones para impulsar cambios estructurales: "El silencio, la indiferencia y la falta de continuidad en el compromiso también generan dolor".
"Del mismo modo, observamos con preocupación que una tragedia sanitaria de semejante dimensión haya ido perdiendo espacio en la agenda pública", agregaron los familiares en la carta.
Por último, aseguraron que no claudicarán en su lucha para cambiar la realidad del paciente en el sistema de salud y subrayaron: "Honrar la memoria de quienes ya no están significa trabajar para proteger a quienes mañana ingresen a un hospital confiando en que serán cuidados".