Ataque mafioso

Otro imputado por las balaceras contra la Justicia

Guillermo V., de 23 años y detenido el lunes en un operativo policial de rutina de la Policía de Acción Táctica (PAT) en Chacabuco al 2200.

Jueves 27 de Diciembre de 2018

Guillermo V., de 23 años y detenido el lunes en un operativo policial de rutina de la Policía de Acción Táctica (PAT) en Chacabuco al 2200, fue imputado ayer como partícipe en el atentado perpetrado el 26 de julio sobre una vivienda de Zeballos al 2500 donde viviera la jueza Marisol Usandizaga, quien integró el tribunal que juzgó a la banda de Los Monos. Ayer el juez Alejandro Negroni escuchó los alegatos del fiscal Aníbal Vescovo y del defensor oficial Darío Pangrazi y le dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir dos años, además de la posesión de una auto robado.

Por este episodio, incluido en la saga de los ataques a edificios y funcionarios judiciales, fue imputado anteriormente Ariel Máximo "Guille" Cantero (como instigador de al menos una decena de hechos) y quedaron presos Lucía Uberti (acusada como instigadora y/o partícipe primaria en ocho hechos) y Matías César (imputado como instigador y/o partícipe primario en cinco hechos).

Ayer Vescovo detalló como evidencia lo mencionado por un testigo reservado y una serie de pericias sobre los teléfonos de Uberti y César. En ese contexto señaló que la pena en expectativa para los acusados es de "5 a 24 años"

En tanto, el defensor Darío Pangrazi sostuvo que la prueba de un testigo reservado carecía de solvencia ya que refería a "cosas que escuchó en un lugar de venta de drogas, ya que no estuvo presente en el lugar de los hechos. Además, no está probada la relación de Guillermo V. con los otros imputados".

A su turno, Guillermo V. decidió declarar y admitió conocer a dos personas que habrían participado en los hechos, haberles prestado su auto pero sin saber que tenía pedido de secuestro porque "era robado" y que en las escuchas mencionan a un tal "Guille, que podría ser cualquiera".

Finalmente el juez Negroni dijo que "por los dichos del testigo, además del relato armónico y coincidente del fiscal, se va a tener por cierta y probable la evidencia del fiscal". Y agregó que "es también probable que el acusado pueda interferir en el proceso", por lo que resolvió la prisión preventiva por dos años, con revisiones mensuales.

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