Tras una audiencia llevada a cabo la mañana de ayer, la Justicia rechazó la presentación judicial que el Servicio Penitenciario hizo contra el traslado de Enrique Adrián "Cable" Solís, imputado de los crímenes de los hermanos Ulises y Jonatan Funes y de la tentativa de homicidio del padre de ambos, Jorge Funes, desde la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero a la Unidad 3 de Rosario, lugar ordenado por el juez Carlos Leiva.
El Servicio Penitenciario apeló la decisión del magistrado de hacer lugar a un pedido de hábeas corpus presentado por la defensora de "Cable", Romina Bedetti, para que el joven fuera alojado en el penal rosarino. Y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se sumó a ese rechazo al sostener que "no puede ser que los presos decidan dónde alojarse, es el mundo del revés. Desde el Servicio Penitenciario se decidió un pabellón de conducta para un acusado por homicidio, para un preso de alta peligrosidad y la Justicia lo envía a una unidad sin las condiciones para garantizar los niveles de seguridad que requiere".
El 22 de febrero pasado el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, le imputó a Solís los homicidios de Jonatan y Ulises Funes y la tentativa de homicidio calificado de Jorge Funes, padre de ambos. El juez Carlos Leiva aceptó la calificación de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva y el traslado del imputado al pabellón evangélico de la cárcel de Rosario. Sin embrago, el Servicio Penitenciario decidió mandarlo al penal de Piñero.
De aquí para allá
La audiencia en la Cámara de Apelaciones se realizó ayer y convalidó el rechazo al recurso interpuesto por el Servicio Penitenciario por lo que Solís seguirá en Rosario. Tras el fallo, Pullaro criticó el accionar de los jueces: "Como Ejecutivo necesitamos un mayor compromiso de todas las partes y a veces no sentimos esa responsabilidad, esa decisión que se necesita para enfrentar al delito". Y agregó: "Ante situaciones similares vamos a seguir defendiendo la autonomía del Servicio Penitenciario para ejercer sus funciones".
En tanto, Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios, aseguró que "de ninguna manera un interno como Solís puede elegir su lugar de alojamiento, elegir el pabellón y la unidad a la que quiere ir. Y muchos menos un juez le puede hacer lugar y mandarlo a una unidad de buena conducta cuando claramente no están dadas las condiciones" para su estancia allí.
En el mismo sentido, se mostró molesto por la forma en que la Justicia hizo lugar al pedido de un interno. "Estas resoluciones tomadas sin dar la más mínima intervención al Servicio Penitenciario, que es quien tiene la facultad legal de tomar estas decisiones, no hacen más que provocar un debilitamiento general de todas las medidas de seguridad que persiguen garantizar que no haya motínes, que no haya peleas y que sigan bajando la mortandad intracarcelaria y el número de evasiones".
El funcionario afirmó que "cuando estén dadas situaciones donde nos parezca que un juez ha ordenado un traslado de manera arbitraria, sin tener en cuenta los pormenores que hacen a la decisión sobre el alojamiento de un recluso, vamos a seguir apelando. No vamos a admitir que un preso decida donde alojarse".
Horas después de le impusieran la prisión preventiva, la defensora de Solís denunció que su cliente había sido trasladado a Piñero, "la misma cárcel donde están detenido dos hermanos y varios amigos de las víctimas", logrando así que permanezca en el penal de Rosario.
Por Emmanuel Paz
Por Elbio Evangeliste
Por Florencia O’Keeffe
Por Lucas Ameriso