La nueva defensa del financista rosarino Luis Herrera presentó ante la Fiscalía una propuesta de juicio abreviado para intentar cerrar la causa por la millonaria estafa que afectó a cientos de ahorristas. El planteo contempla una condena de seis años de prisión efectiva para Herrera y de cuatro años para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio, además de la inhabilitación para ejercer el comercio. Marcela Fernández, esposa del financista y también involucrada en la investigación, quedaría fuera del eventual acuerdo. La iniciativa generó preocupación entre los damnificados, que temen que la Fiscalía acepte la propuesta y la causa se resuelva sin llegar a juicio oral.
La investigación se encuentra en la etapa previa a la audiencia preliminar preparatoria del juicio, pero los abogados de Herrera buscan alcanzar un acuerdo que permita resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado. No es la primera vez que la familia intenta esta salida judicial: una propuesta anterior fracasó por la falta de consenso entre los querellantes y las objeciones de la Fiscalía. En junio de 2026, la Justicia resolvió que Herrera y sus dos hijos continuaran en prisión preventiva hasta el comienzo del juicio.
Aunque la investigación reunió 462 casos, solamente 129 llegarían a juicio, por un perjuicio económico calculado en 9.870.478 dólares. Si se considera la totalidad de los hechos denunciados, la suma asciende a 34.850.235 dólares, una cifra que refleja la magnitud de la presunta maniobra fraudulenta.
El primer intento de juicio abreviado contemplaba una pena de cinco años de prisión para Luis Herrera y la libertad de sus dos hijos, imputados por administración fraudulenta y lavado de dinero. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia entre los damnificados. De los querellantes, 33 prestaron conformidad y otros 27 manifestaron formalmente su oposición, mientras que la mayoría no expresó una postura. Esa falta de consenso fue uno de los motivos por los cuales la Fiscalía Regional decidió no acompañar el acuerdo.
En aquella oportunidad, el fiscal regional Matías Merlo consideró que la solución propuesta resultaba contradictoria y cuestionó que los imputados no hubieran demostrado un arrepentimiento genuino ni una actitud de reconocimiento del daño causado a las víctimas. La nueva oferta incorpora penas más elevadas que las planteadas inicialmente, tanto para Herrera como para sus hijos. Con ese cambio, la defensa espera conseguir una respuesta más favorable de los querellantes y avanzar hacia una resolución negociada.
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La causa investiga una presunta maniobra de administración fraudulenta y lavado de activos cuyo perjuicio fue estimado, en distintas etapas de la investigación, entre 30 y 60 millones de dólares. Según la acusación, la operatoria consistía en captar ahorros de particulares con la promesa de invertirlos en el mercado de futuros de Chicago.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el entonces fiscal Miguel Moreno, parte del dinero aportado por nuevos inversores se habría utilizado para afrontar los retiros solicitados por clientes anteriores, una operatoria que permitía disimular la falta de liquidez. La investigación también incorporó documentación relacionada con cuentas bancarias y movimientos financieros en el exterior. Los reclamos de los ahorristas comenzaron a multiplicarse en 2021, cuando numerosos inversores denunciaron que no podían recuperar los fondos que habían confiado a los Herrera.