El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

En noviembre de 2022, el reconocido financista de la city rosarina, Luis Herrera fue acusado junto a su esposa, Marcela Beatriz Fernández y sus hijos Diego e Ignacio por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Los tres hombres estaban cerca de salir en libertad, pero finalmente seguirán bajo prisión preventiva hasta abril.

El exfiscal de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada, Miguel Moreno, inició la investigación y ahora es vocal de una de las salas la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Actualmente, la causa se refiere a un presunto fraude que asciende a unos 30 millones de dólares. La empresa con la que operaban los imputados era la financiera Herrera Fernández Soljan. La mujer es la única que no está tras las rejas.

Luego de idas y venidas a lo largo de estos cuatro años se llegó a un juicio abreviado para Herrera y sus hijos con el fin de dictar las condenas y cerrar los resarcimientos económicos pertinentes. No obstante, el acuerdo se cayó. Gustavo Franceschetti, abogado defensor, sostiene que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) metió a sus clientes en una trampa, ya que retiró el apoyo de manera repentina y ahora irían directo a un juicio oral.

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La estafa se habría concretado por la administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas. Esta semana, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, rechazó el juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno, ya en otra función judicial, y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de 5 años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que de aceptarla quedarían en libertad.

Juicio abreviado

En el acuerdo que por el momento se cuestiona, los dos hijos lograban la libertad, pero ahora a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Al trascender el posible abreviado, un grupo de damnificados problematizó el trámite judicial, ya que procuraban que el caso llegará a un juicio oral y público.

El defensor Gustavo Franceschetti expuso que los límites del acuerdo eran claros: "Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables, pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio".

Según declaró el letrado ante la prensa, sus "representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial". Así señalo que la propuesta "era difícil de rechazar" y remarcó: "Una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado".

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Sin total acuerdo

El fiscal regional replicó: "Antes de avalar cualquier abreviado, tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas". Los número fríos de Merlo arrojan que 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna.

"No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada", escribió el funcionario en los fundamentos del rechazo al procedimiento.

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En audiencias previas, a Herrera y sus hijos se los acusó de haber utilizado la firma “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de la Bolsa". Por otra parte, los investigadores detectaron "una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores". También advirtieron que “las maniobras defraudatorias se realizaban a través de la celebración de contratos mutuos y de la inexistente inversión en el mercado de futuros de Chicago”.

Contador y licenciado en administración de empresas, el financista acuñó una relación de extrema confianza con sus clientes, que nunca dudaron en entregarle desde unos pocos miles de dólares hasta cifras con cinco o seis ceros que él personalmente prometía invertir en operaciones cruzadas en el mercado estadounidense que les depararían altas tasas de interés y pingües ganancias. En la calle se dice que en sus mejores momentos, dijeron las fuentes, llegó a pagar entre el 7 y el 12 por ciento anual en dólares.