En una audiencia imputativa con características complejas llevada a cabo el viernes por la tarde en el Centro de Justicia Penal, Mauro Scaloni, el hermano del DT de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, quedó involucrado junto a otras siete personas en una causa que investiga el presunto delito de extorsión contra tres mujeres, a quienes, según una investigación de Fiscalía que llevó dos años, amenazaban con difundir sus imágenes de alto contenido erótico y pornográfico en redes sociales si no les giraban dinero o no accedían a distintos favores sexuales. La fiscal Viviana O'Connell junto al fiscal Ramiro González Raggio no pudieron solicitar la probable imputación a la jueza; ni de Scaloni ni de los otros implicados ya que la magistrada María Trinidad Chiabrera luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y los cuestionamientos que los abogados defensores hicieron sobre el corpus probatorio, determinó un cuarto intermedio sin fecha precisa en el que se realizará la imputación correspondiente por los delitos de: extorsión, asociación ilícita, coacción y abuso sexual simple.
Fue la primera parte de la audiencia la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, O’ Connell, expresó que Scaloni y los otros implicados formaban parte de un grupo de personas que a partir de obtener fotos, videos o direcciones de distintas páginas web o aplicaciones, como TikTok u Only Fans usabanimágenes para extorsionar a distintas mujeres, ya que tenían sus nombres y en algunos casos conocían a quienes las habían filmado en situaciones íntimas.
Precisamente, la denuncia la realizaron tres mujeres identificadas en el expediente como L. A., A. G., y C. S. quienes en Fiscalía declararon haber sido extorsionadas desde mayo de 2021 y hasta marzo de 2022; inclusive a una de ellas le seguían llegando mensajes extorsivos. Las imágenes de las presuntas víctimas se difundían en grupos en redes sociales, que integraban los citados al estrado y entre los que se contaban: "Rosario siempre estuvo cerca" y otro llamado "VGG 2012".
De acuerdo a lo que citó la fiscal, el grupo de extorsionadores las contactaba y las amenazaba con difundir esas imágenes entre sus conocidos y redes sociales y se escudaban en distintos seudónimos o bien usaban páginas de otras aplicaciones como Instagram y de allí creaban distintos grupos de contacto.
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La fiscal O' Connell hizo una larga exposición de la prueba con nombres propios, seudónimos y cruces de direcciones IP, una dirección única que identifica a un dispositivo en internet o en una red local, un “protocolo de internet” por el cual se puede identificar a la persona física y luego de distintas consultas a empresas prestadoras del servicio, obtener las direcciones físicas y el titular real de cada cuenta, y lograr las conexiones entre los involucrados en la causa.
En su argumentación, la fiscal sostuvo que logró ligar a los imputados y los seudónimos usados. Así, la fiscal explicó que Scaloni actuaba con el pseudónimo de El Pomberito y bajo este seudónimo se habría comunicado con al menos con dos de las tres víctimas y remarcó que estas situaciones se dieron en pleno contexto de pandemia y se extendieron en el tiempo. Como prueba, tendría acreditado que desde distintos celulares partieron algunas amenazas. Además expresó que en una de esas amenazas se citó a una de las víctimas en un departamento de Oroño y Salta, propiedad de Scaloni.
Ante esto, el defensor de Scaloni, el penalista Gustavo Franceschetti, remarcó que desde 2020 a 2022 ese departamento estaba alquilado y Scaloni no residía allí y planteó que "no hay ninguna prueba concreta" de que el hermano del técnico de la selección haya sido partícipe de la comisión de este delito y trató de "irresponsable" a la fiscal.
En un hecho bastante inusual, que no sería el último durante la extensa audiencia, Luis B., uno de los imputados pidió declarar y dijo: "Yo no conozco a nadie de los que habla esa causa y nunca llamé a ninguna mujer. El único problema que tuve es que me robaron el celular y no lo denuncié”, segundos después pidió declarar el propio Scaloni, quien dijo: “No entiendo de que hablan; desconozco cada cosa que dice (la fiscal). El departamento de Oroño estuvo ocupado todo ese tiempo y yo no vivo allí. Lo ocuparon jugadores de fútbol e hice más de seis contratos para las fechas en que ocurrieron los hechos”.
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Luego, cuatro defensores hicieron el planteo de rechazar la probable imputación y cuestionaron la prueba obtenida. El factor común de los argumentos de las defensas fue "imprecisiones y las pruebas sin un sustento para una futura imputación”. Franceschetti fue más allá: “Le pido a la fiscal que suspenda el acto. El Pomberito pudo ser cualquiera, no es más que un seudónimo, y la dirección que le dieron a estas mujeres fue falsa, todos saben en el mundo del fútbol de este departamento de Scaloni. Inclusive ninguno de los defensores tuvimos acceso a la prueba”.
La fiscal contestó a los cuestionamientos y dijo que se preservaron identidades de las víctimas y que por eso no se ventiló el expediente y que era improcedente el rechazo de los defensores, ya que por procedimiento esta instancia de imputación era justamente lo que permtía la defensa técnica de los posible imputados. Luego el debate se tensó y hasta el propio fiscal regional, Matías Merlo, se acercó a la sala de audiencias.
Casi dos horas y media después de iniciada la audiencia, la jueza expresó, luego del pedido de dos defensores, que se pasaría a un cuarto intermedio para que los defensores tuvieran acceso al expediente y la fiscalía “pueda tener algunos documentos que faltan, por ejemplo los contratos de alquiler del departamento citado”, y además destacó que “aún no se peritó el total de los teléfonos decomisados, ya que de 93 aún faltan peritar 69, entre ellos el de Scaloni”. De esta manera la audiencia pasó a la semana entrante.
