De los 28 imputados por ser parte de una organización ilícita liderada por Luciano “Lucho" Cantero y dedicada a la comisión de diversos delitos en la zona sur de la ciudad, 25 deberán pasar al menos los próximos dos años tras las rejas de acuerdo a la resolución dictada la tarde de este miércoles por el juez de primera instancia Héctor Núñez Cartelle después de la acusación llevada adelante por la fiscal Marisol Fabbro en una maratónica audiencia que se inició el jueves de la semana pasada. De los otros tres implicados, dos fueron enviados a la cárcel por 90 días y una sola, Érica Bullón, pareja de Lucho, fue beneficiada con la prisión domiciliaria por el término de 60 días.
De acuerdo a la imputación fiscal, el grupo delictivo estaba comandado por Lucho (hijo del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero); su madre, Lorena Verdún; y su pareja y madre de su pequeño hijo, la mencionada Érica Bullón. Ellos, junto a otras 25 formaban una asociación ilícita que cometió delitos como homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego sembrando el terror y marcando su influencia en la zona sur de la ciudad de Rosario, principalmente en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y Plata.
Debajo del trío que lideraba la banda, la fiscal Fabbro ubicó a Dylan Tomas “Capocha” Baldón, un pibe de 18 años a quien le atribuyó el rol de organizador en las calles de esos barrios a partir de las órdenes que le dictaba Lucho desde prisión según surge de una serie de escuchas judicializadas que fueron expuestas en la audiencia y de la cual La Capital diera cuenta en ediciones del fin de semana. En esos diálogos, según el Ministerio Público de la Acusación, no sólo queda claro quién daba las órdenes sino también el poder que Lucho consideraba tener a partir del distanciamiento marcado con su tío, el multicondenado Ariel Máximo “Guille” Cantero, y su abuelo, Máximo Ariel “El viejo” Cantero, lo que implica la irrupción en el mundo delictivo de una tercera generación del clan surgido en el barrio La Granada.
En tanto Daniel Héctor Carni, Martín Walter Medina, Macarena Cantero, María del Carmen Martin, Santiago Arnold, Marcelo Diego Sotelo, Carlos Emanuel Fernández, Bruno Antonio Candia, Facundo Ismael Meza, Facundo Di Filippo, Alexis Nahuel Ledesma, Yamir Jose Insaurralde, Alberto Rómulo Sánchez, Juan Ignacio González, Guillermo Leonel Aranda, Gastón Ezequiel Schneider, Dylan Lautaro Cantero, Lucas Alejandro Ponce, Brandon Paulo Aramburu, Fausto Santiago Gamarra, Walter Alejandro Arce, Juan Hernán Espinoza, Ricardo Jorge Verdun y Tomas Emiliano Ruiz Díaz fueron acusados de ser integrantes de la asociación en carácter de miembros y se les asignaron “roles específicos que contribuyeron al funcionamiento de la misma”.
Acusación
De acuerdo a la fiscal Fabbro, “la organización criminal descripta data por lo menos desde junio de 2021 hasta su caída” del pasado 26 de septiembre, cuando tras casi 80 allanamientos fueron detenidos 14 de los acusados que aún permanecían en libertad. “Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de Rosario con el fin de excluir de allí a bandas antagónicas y así obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas como su expansión territorial”.
En ese sentido, dijo la acusadora, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos como homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes”.
A la hora de describir al grupo criminal, Fabbro explicó que “la banda se compone por un grupo de personas que converge mediante un acuerdo de voluntades, estable (en el sentido de permanencia en el tiempo) y con caracteres de cohesión y organización con la finalidad de cometer actividades ilícitas indeterminadas y diferentes entre sí, con mucha influencia en la zona sur de la ciudad y alrededores”.
Respecto a los “jefes de la organización, administradores del ejercicio de violencia y actividades ilícitas”, la fiscal dijo que “se ve reflejada en la autorización o reprimenda, en su caso, por el ejercicio de violencia en situaciones no aprobadas por los mismos”. Admás, manifestó que “imparten directivas desde su lugar de alojamiento, donde actualmente se encuentran privados de su libertad por encontrarse implicados en causas penales ligadas al narcotráfico y ejercicio de violencia desmedida”, tal el caso de Lucho Cantero y su madre Lorena Verdun.
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Ellos, junto a la pareja de Lucho (Érica Bullón), “tienen el control de la organización criminal, gran poder de fuego y siguen operando intra muros”. Los mismos comunican sus intenciones a la banda por medio de su nexo en el territorio, Dylan Tomás “Capocha” Baldón, quien “se encarga de ejecutarlas por sí o por medio de otras personas”. Pero “la empresa delictiva no sólo tiene poder de fuego sino también económico dice Fabbro, en tanto puede apreciarse que cuentan con liquidez en moneda nacional y extranjera que obtienen de actividades ilegales como ser la venta de drogas, el robo y posterior venta de vehículos, o la compra de viviendas mediante actos intimidatorios”. En ese marco, “sus objetivos están direccionados a incrementar su patrimonio ilegal con bienes muebles e inmuebles, a los que buscan otorgarles un destino legal sin perjuicio de haber sido obtenidos a la inversa”.
Respecto a Lucho Cantero, la acusación dijo que “opera desde la cárcel federal de Marcos Paz (Buenos Aires) las 24 horas del día ordenando atentados con armas de fuego contra diferentes personas, eligiendo a quienes van a cumplir cada uno de los roles en los hechos, adquiriendo y disponiendo el uso de armas de fuego y vehículos, autorizando el pago a los miembros de la organización por los «trabajos» realizados y por los «gastos» ocasionados, decidiendo dónde se guardan o se esconden las armas y los vehículos de la banda, organizando y administrando la atención de los puntos de venta de drogas y controlando su recaudación”.
En ese sentido, dijo la fiscal, es Lucho junto a su madre quienes “autorizan la venta de estupefacientes y dan el visto bueno de las zonas donde pueden operar”. Y aclaró que “el ejercicio de violencia que rodea dicha comercialización también se encuentra gestionado y amparado por ellos. En palabras sencillas, se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad puede tener lugar allí sin su venia”.
Así las cosas, entre otras maniobras delictivas en pos de la obtención de sus fines se encuentra la extorsión, la cual era ejecutada por Érica Bullón antes de resultar detenida el pasado 22 de marzo. Y lo hacía “mediante la triangulación de llamadas entre las víctimas y su pareja”.
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Finalmente, la fiscal dijo que “es imprescindible para la existencia y subsistencia de la empresa delictiva las funciones llevadas adelante por Daniel Carni”, a quien le atribuyó ser el principal proveedor de armas de fuego y municiones al grupo a cambio de un buen precio. “Es la persona quen dota a la organización criminal del gran poder de fuego que tiene, medio elegido por excelencia para el ejercicio de la violencia en procura de sus objetivos”. Y aclaró que “esas armas eran resguardadas por personas de confianza” de Lucho entre ellos Capocha Baldón.
En cuanto a los delitos achacados a los integrantes de la banda, la fiscal Fabbro acusó a Luciano Cantero, Dylan Baldón, Marcelo Sotelo y Santiago Arnold el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria en grado consumado, en carácter de instigador para Lucho Cantero. Este hecho ocurrió el 23 de febrero pasado a las 23.30 en San Francisco Solano y Pueyrredón y del mismo fue víctima Ulises Gastón Gamarra Urquiza.
A Dylan Baldón y Santiago Arnold también les atribuyó el homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado consumado en calidad de coautores material del que fuera víctima Damián Gastón Gómez el 21 de junio del año pasado en Balcarce y Anchorena.
También a Capocha Baldón le achacó abuso de armas agravado por la participación de un menor de edad en calidad de coautor ocurrido cuatro meses antes del crimen de Ulises Gamarra cuando balearon un auto tras perseguir a ocupantes; y a Yamir Insaurralde tenencia Ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado (tres 3 hechos) en concurso real y en carácter de autor cuando en una casa de pasajes 528 y 507 le hallaron una pistola calibre 9 milímetros y tres motos robadas.
A Juan Ignacio Gamarra lo acusaron por el homicidio calificado criminis causa de Luciano Muscio, ocurrido el 3 de julio último a la tarde sobre la autopista a Buenos Aires cuando la víctima fue baleada para robarle la moto frente a la fábrica General Motors, robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de guerra (tres hechos en concurso real) en carácter de coautor.
Y a María del Carmen Martin le atribuyó el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad al considerar que colaboraba con los jefes de la organización para eludir las investigaciones “ocultando, alterando o haciendo desaparecer pruebas de delitos contra la propiedad al inscribir a nombre de cualquiera de los miembros de la banda los rodados sustraídos por éstos por medio de la confección de boletos de compraventa y/o formularios falsos mediante actos extorsivos dirigidos contra sus respectivos titulares o legítimos poseedores, como así también regularizando la situación registral de rodados cuyos dominios fueran falsificados y/o alterados, asegurando con tales maniobras el producto o provecho de tales delitos, todo ello agravado en función de dedicarse a realizar tal trabajo en su calidad de mandataria y gestora”.
