En medio de una audiencia en la cual se ordenó la libertad de tres de los 17 policías acusados de tener participación en el doble homicidio de Emanuel Medina y David Campos, ejecutados en junio de 2017 tras una persecución por la zona sur, surgió imprevistamente otra situación que alteró la razón del trámite. Es que uno de los agentes imputado como autor material del doble crimen fue trasladado hace una semana desde la comisaría 10ª de Rosario a una clínica psiquiátrica, situación que no fue notificada a término a la Fiscalía.
Ante ello el juez de Garantías se vio obligado entonces a desdoblar el orden del día, y luego de decidir sobre los acusados a los que se les vencía la prisión preventiva, ordenó constatar el estado de salud del policía internado con aparentes alteraciones mentales. Con esta última resolución, sólo hay dos detenidos de manera efectiva acusados del delito de homicidio agravado.
La audiencia estaba programada ayer a las 9 en la sala 1 de los Tribunales bajo las garantía del juez Héctor Núñez Cartelle. Se debía tratar el vencimiento de la prisión preventiva de los policías del Comando Radioeléctrico (CRE) Adolfo E., Paola C. y Fernando V., imputados de falsedad ideológica y encubrimiento, y desde septiembre bajo prisión preventiva en el marco de la pesquisa del doble crimen.
En esa instancia los abogados defensores Matías Diodatti y Patricia Guzmán solicitaron la libertad (en el caso de Paola C. que subsidiariamente se mantenga la prisión domiciliaria), ya que no representaban riesgo para la pesquisa.
Aunque el fiscal Adrián Spelta se opuso al pedido y recordó que no se incorporaron elementos nuevos que puedan hacer variar la situación de los imputados, el juez finalmente les otorgó la libertad lisa y llana a los tres uniformados del Comando Radioeléctrico.
Ausente sin aviso
Sin embargo la carátula "multipropósito" de la audiencia refería a una situación que sorprendió a propios y extraños. Mientras tanto, el juez desautorizaba el ingreso a la sala de familiares de las víctimas por "falta de custodia policial".
Luego el fiscal Spelta exhibió sus molestias porque el acusado Alejandro Rubén B. no estaba presente en la sala, ya que había sido derivado por la policía a una clínica psiquiátrica de la zona oeste de la ciudad por supuestos trastornos mentales. Es que el funcionario no había sido notificado oficialmente de ese traslado desde la comisaría 10ª y en el tribunal tampoco había notificaciòn de ese traslado.
Tras repasar los antecedentes del acusado, Spelta advirtió que "se internó sin autorización judicial" al acusado, ante lo cual solicitó pasar a un cuarto intermedio para que el mismo sea examinado por un médico forense y la Junta Especial de Salud Mental "dictamine sobre su cuadro clínico".
Por su parte, los abogados defensores Juan Ubiedo y José Luis Giacometti también se mostraron sorprendidos. Volvieron sobre los antecedentes psiquiátricos de su cliente, estado que según ellos "constató una médica psiquiátrica". Refirieron además que venía siendo sometido a tratamientos, lo cual fue notificado debidamente a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Entonces, y luego de advertir sobre la desprolijidad que salió a la luz, el juez Núñez Cartelle decidió suspender la audiencia por 24 horas en relación a Alejandro B., y dispuso que un médico forense se constituya en el lugar donde está internado y constate si está en condiciones de prestar declaración. Además ordenó que se incorporen a la carpeta judicial todos los informes médicos aludidos por la defensa.
Trágica carrera
El 23 de junio de 2017 Medina y Campos evadieron un control de rutina a bordo de un Volkswagen Up, que tras varios minutos de persecución policial se estrelló contra un árbol en Callao al 5700. Allí ambos muchachos fueron cercados por policías del Comando Radioeléctrico y de la Patrulla de Acción Táctica (PAT) que les dispararon al menos catorce proyectiles.
En septiembre pasado, Spelta imputó a 17 policías por encubrimiento y a uno por homicidio agravado (Alejandro Rubén B.), al que después se sumó Leonel Emiliano M., del Comando, con la misma imputación a raíz de la declaración de dos acusadas. Esos hombres son quienes hasta el momento permanecen en prisión preventiva efectiva sospechados de ser los autores materiales del doble crimen.
Al resto y en diferentes momentos procesales, se les fueron fueron otorgando libertades o morigeración de la medida cautelar con restricciones. En diciembre, siete fueron puestos en libertad y otros dos se vieron beneficiados con arresto domiciliario. Así, y como plantearon los querellantes que representan a los familiares de las víctimas, la mayoría de los acusados quedó en libertad o con morigeraciones de la prisión preventiva, aunque siguen vinculados a la causa.
