Una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional es la base con la que varias defensas de los 30 policías acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco pedirán que se dé marcha atrás con el procesamiento por distintas variantes de ese delito. Dos peritos dictaminaron que la firma rubricada en un acta de egreso de la comisaría 7ª, fechada el día 7 de octubre de 2014, corresponden al joven de 22 años oriundo de Buenos Aires que fue encontrado sin vida en el río Paraná 22 días después. Para los defensores, esa conclusión hace caer la hipótesis avalada por el juez federal Carlos Vera Barros, que indica que Franco estuvo alojado en la comisaría de Cafferata al 300 durante la noche del día 6 en el marco de un estado de detención no registrado, durante el cual no se tuvo conocimiento sobre su paradero. Y que en esa situación irregular resultó víctima de tormentos y golpizas del personal policial. El juez indica que el último lugar donde se vio a Casco antes de desaparecer fue la comisaría 7ª y que la actuación del personal allí presente impidió formalizar su búsqueda.
El defensor de seis policías que estuvieron de guardia en la comisaría 7ª, Eduardo Sosa, indica que no pudieron causarle la muerte o hacer desaparecer a Franco el 6 de octubre de 2014 si el muchacho firmó la salida de la seccional al día siguiente. Con eso pedirá que se revoque la medida judicial contra sus asistidos. La pericia, incorporada al expediente después de los procesamientos, indica que la firma que figura en el formulario de egreso de la comisaría es suya, en comparación de los trazos de otras firmas que son del joven, según dictaminaron los peritos calígrafos Gustavo Caffarena y Carlos Baró Graf.
Los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima señalaron que esa rúbrica había sido falsificada para simular una salida de la comisaría cuando en realidad allí le infligieron una violencia letal. La ya fallecida madre de Franco, Elsa Godoy, había dicho en su momento que no era la firma de su hijo.
Los policías a los que representa Sosa son Cecilia Contino, Anahí Díaz, Marcelo Guerrero, Fernando Esteban Blanco, Yanina Arévalo y Walter Eduardo Benítez, este último preso en la cárcel de Ezeiza, el único que está detenido de los seis en una unidad penitenciaria. "Tomé conocimiento hace una semana de esta pericia con lo cual solicitaremos que el juez revoque su decisión y disponga falta de mérito de mis asistidos", dijo el abogado. "No hay elementos para señalar que ellos tengan responsabilidad alguna en el destino de Franco Casco cuya muerte por causas violentas, además, no está acreditada, así como tampoco que haya sufrido tortura, a partir de una pericia odontológica del Instituto Médico Legal (IML) que indica que no hay desprendimiento traumático de dos piezas dentarias", agregó.
"La pericia de Gendarmería deja en claro que Franco Casco firmó la salida de la comisaría 7ª. No es posible sostener que lo mataron allí el día 6 cuando dos peritos calígrafos de una fuerza neutral dicen que quien firmó el día 7 el egreso de esa seccional fue Franco Casco", sostuvo Sosa.
Testigos
En la investigación del fiscal federal Marcelo De Giovanni tiene mucho peso el testimonio de al menos diez presos que señalan haber escuchado los gritos por aplicación de tormentos de una persona que dicen era Franco Casco. "Es lo único que tienen, pero son dichos controvetibles y mendaces", indica el abogado.
El juez parece discrepar con eso por la cantidad de detalles que brindaron los detenidos. Expresó que Cecilia Contino y Walter Benítez "fueron nombrados por testigos como aquellos que, entre otros, intervinieron en la golpizas.
La pericia caligráfica fue incorporada al expediente el 6 de octubre pasado, es decir, cuatro días después de que el juez Vera Barros dictara los procesamientos a los policías. Las defensas oficiales de otros agentes de la seccional 7ª y los defensores de los policías de la Dirección de Asuntos Internos también analizan acciones derivadas de los resultados de esta pericia. La controversia en esta compleja causa también se alimenta por la aparición de la aludida pericia odontológica del IML, entregada a los investigadores judiciales del caso casi tres años después de realizada, que indica que las piezas dentarias que están ausentes de la cavidad bucal de Casco no fueron desprendidas de manera violenta. Esto contradice el planteo acusatorio que, en base a una pericia posterior de la morgue judicial porteña indica que esos dientes fueron extraídos cuando el joven estaba con vida, lo que llevó al fiscal a afirmar, junto a otros elementos, que fueron arrancados bajo tortura.
