Los fiscales Matías Edery y Luis Shchiappa Pietra adelantaron al comienzo del juicio que a lo largo del debate iba a lograr explicarse “parte de la historia criminal rosarina”. En los primeros días se pudo conocer la declaración de tres testigos de suma trascendencia: los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala, y el asesinado Carlos Argüelles. Cercanos y colaboradores de Alvarado en otros tiempos, los tres declararon con anterioridad al juicio como anticipo jurisdiccional de prueba, modalidad que se emplea cuando la vida de un testigo corre peligro. En los tres testimonios, los primeros en darse a conocer en debate, se mencionó un viejo vínculo de “El Esteban”: Luis Medina, un empresario sindicado como narco asesinado en 2013, según estos testigos por orden del propio Alvarado.
En estas declaraciones los testigos describieron que Alvarado se había dedicado al robo de autos hasta que empezó a meterse en el comercio de drogas y luego se consolidó junto a Medina para hacerse fuerte en las zonas oeste y noroeste. Esa relación creció al punto de convertirse en socios, aunque una supuesta pelea luego de la detención de Alvarado en 2012 en una causa por robo de autos devino en la ruptura del vínculo. En diciembre de 2013 Luis Medina fue asesinado a balazos junto a su pareja en un hecho todavía no esclarecido en la Justicia, pero que los hermanos Ortigala y Arguelles aseguraron que fue una orden de Alvarado ejecutada por uno de sus principales sicarios, Darío “Oreja” Fernández, un pibe que también terminó asesinado.
El nombre de Alvarado ligado al narcotráfico no es cosa nueva, sin embargo recién en marzo de 2020 tuvo su primer procesamiento confirmado en una causa en la que está acusado de traficar 493 kilos de marihuana, razón por la cual está detenido en la cárcel federal de Ezeiza. Antes de que se destapara esta causa su vínculo con el narcotráfico era un rumor de investigadores policiales, pasillos judiciales y calles rosarinas. Pero en concreto sólo acumulaba en su prontuario anotaciones por robo de autos y asaltos a comercios y una condena en suspenso a tres años de prisión por el robo de un Fiat Duna que levantó de la calle.
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Los jefes jefes
Uno de esos rumores corrió en una causa iniciada a mediados de 2011 luego de un allanamiento a un búnker de drogas de Juan José Pasó al 6300, en Empalme Graneros. En aquel procedimiento, a cargo de la Brigada Operativa de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, la ex Drogas Peligrosas, quedó detenido el soldadito que estaba a cargo de la venta de marihuana y cocaína en una casilla bajo condiciones inhumanas. Se trataba de un chico de 17 años que luego fue sobreseído ante el pedido de un fiscal federal de que se lo considerara víctima de reducción a la servidumbre.
En distintas declaraciones el pibe contó que lo obligaban a vender drogas en jornadas de 12, 24 o 48 horas sin dormir, casi sin comer o hidratarse. Que lo agredían físicamente de manera constante y que en ocasiones no le pagaban, bajo el argumento de que faltaba plata o droga y debía saldar la deuda con trabajo.
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Al ser consultado por las jerarquías superiores a su rol de soldadito de un búnker, el chico mencionó a dos personas que por entonces no estaban ligadas públicamente al narcotráfico. “Luis Medina y Esteban Alvarado son los jefes jefes. Están fuera del país. No sé dónde viven. Una sola vez los vi, después nunca más. Tienen todos autos deportivos, 4x4, todo nuevo”, contó el muchacho según las declaraciones de hace más de diez años que constan en el expediente.
Desde entonces se hablaba de Alvarado como un hombre de bajo perfil y que junto a Medina eran los "número 1" y quienes "traían de afuera" a la droga que después se distribuía en decenas de búnkeres de la ciudad. "Mucho no se dejan ver. Medina es muy raro que baje, tiene que haber mucho problema para que baje", contó el chico.
Policías y kioscos
En aquel allanamiento al búnker de Empalme Graneros los policías tuvieron que romper un candado que cerraba la puerta desde afuera. Entonces se encontraron con varias bochitas de cocaína y marihuana listas para la venta al menudeo, y unos 2.200 pesos sobre una mesa. Además del chico en condiciones deplorables, que tenía 30 centavos en sus bolsillos.
De ese operativo participaron dos policías que años después fueron condenados en causas distintas. Uno de ellos fue el entonces cabo primero Gustavo Elizalde, que en 2019 fue condenado en la Justicia federal por confabulación con transeros justamente de Empalme Graneros cuando ya era sargento de la seccional del barrio, la comisaría 20ª. El otro, Cristian “Chamuyo” Di Franco, también fue condenado pero por la Justicia provincial en mayo de 2020 y como parte de la asociación ilícita liderada por el propio Esteban Alvarado. La investigación lo ubicó como colaborador de la banda desde el año 2012, encargado entre otras cosas de habilitar información sobre allanamientos en Empalme Graneros.
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En la declaración del menor de edad en 2011 surgieron otros pormenores de la cotidianidad en los búnkeres. “Cuando hay algún allanamiento ponen a un menor. Sé que tienen arreglada a la gente de Drogas porque tienen un contacto que es el jefe, directamente con él. Yo lo vi”, contó el chico y mencionó a un sub jefe de la ex Drogas Peligrosas. “Con él —agregó— trata Luis Medina. Les avisa antes para que dejen poca mercadería y un menor. A cambio le dan plata. Hablan personalmente, no por teléfono”.
Un detalle que el chico no mencionó fue que el día del operativo fueron al lugar este jefe de la policía y otro más que con el correr de los años también aparecieron como sospechosos en la causa que investiga a Alvarado. Así quedó asentado en el acta policial que además describe que ambos se fueron sin firmar el documento.
Uno de ellos fue detenido en 2019 en el marco de la misma causa que este año sentó en el banquillo a Alvarado, aunque recuperó la libertad bajo una fianza de tres millones de pesos. Además no fue imputado como parte de la asociación ilícita, como sí ocurrió con los otros seis policías que entre mayo de 2020 y julio de 2021 fueron condenados por colaborar con Alvarado. En tanto el otro jefe también fue nombrado en esa causa, por lo cual en 2019 dejó por pedido del Ministerio de Seguridad su cargo de jefe de una unidad regional.
Territorios violentos
Al volver a aquella causa de 2011, cuando en Rosario apenas comenzaban a proliferar los búnkeres de droga, llama la atención cómo en el relato del testigo aparece una descripción precisa de los distintos puntos de venta que había en las zonas oeste y noroeste. Cuando doce años más tarde las crónicas policiales vuelven a esos lugares a raíz de balaceras y homicidios lo que cuentan los vecinos, que generalmente son los principales testigos de la vida cotidiana en esos puntos de la ciudad, da cuenta de la permanencia de los puntos de ventas de droga. En algunas ocasiones están a metros de distancia de donde en otros tiempo hubo uno. Y en otras se consolidaron en viviendas y ya no son construcciones precarias.
“Tienen muchos búnkeres esta gente, si me suben a un auto se los señalo”, dijo el chico en su declaración. Entonces mencionó varios: el de Gorriti y Campbell, el de Sorrento y Travesía, el de Magallanes en Empalme Graneros, el de Felipe Moré y Uruguay, el de barrio Rucci, el de barrio Godoy, y el de Felipe Moré y French.
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Sobre este último búnker se tiende un puente al juicio contra Alvarado. En una de las audiencias se mencionó al asesinato de Elías Bravo, un chico de 17 años acribillado de 30 balazos la noche del 14 de octubre de 2011 frente a ese punto de venta de drogas de Felipe Moré y French, en barrio Ludueña. En las audiencias recientes reapareció este homicidio al ser mencionado como obra del Oreja Fernández, el mismo sicario apuntado por los testigos como supuesto autor del crimen de Luis Medina.
Mariana Ortigala dijo en su declaración que, luego del crimen de Bravo, Alvarado quedó molestó por semejante ejecución cuando solo había ordenado “que mate de un tiro”. Según la testigo, Alvarado le había contado que el pistolero “se le estaba descarrilando y no lo podía controlar”. Fernández apareció asesinado a un costado de la autopista a Santa Fe en noviembre de 2015.
El ida y vuelta entre aquellos años y la actualidad es constante. En parte evidencia, aunque no explica, cómo la violencia ligada a la venta de drogas ganó territorio en algunas zonas de Rosario que están, como mínimo hace una década, identificadas como puntos conflictivos. En septiembre de 2020, en el mismo lugar en el que en 2011 fue asesinado Elías Bravo, los tiros que salieron desde un auto acabaron con la vida de Franco Graceano, de 22 años.
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En la crónica de este diario los vecinos dijeron que los tiros no fueron para alguien en particular sino "para tumbar a uno", como si el objetivo fuera sembrar el miedo o disgregar el movimiento vecinal. “Esta zona volvió a ser un desastre. Quedamos en el medio de una guerra", dijo un vecino entonces.
Una de las hipótesis del crimen fue una disputa por el territorio después de la caída en prisión de quien era mencionado como encargado de la venta de drogas en la zona: Francisco “Fran” Riquelme. Como si las piezas se unieran solas, este joven había sido detenido en abril de 2020 acusado de intentar asesinar a balazos a Mariana Ortigala.
