De las más de 9.000 personas que se encuentran presas por estos días en establecimientos penitenciarios o comisarías de la provincia de Santa Fe hay alrededor de 140 que están cumpliendo prisión perpetua y cerca de un centenar que afrontan condenas superiores a los 24 años de cárcel. El robo es el delito por el cual la mayor parte de los detenidos, un 35%, quedaron tras las rejas y poco más del 20% de los reclusos está mencionado en un homicidio. Del total de la población actualmente en prisión el 44% no tenía condena firme a fines del año pasado y algo más del 10% está sospechado o fue sancionado por la comisión de delitos federales, básicamente relacionados a la venta de drogas.
Las cifras están consignadas al 31 de diciembre de 2022 y surgen del informe de gestión presentado por el ex fiscal general Jorge Baclini al dejar de su gestión comenzada en 2017 y finalizada días atrás, cuando fue reemplazado por María Cecilia Vranicich. El informe contiene, entre otros tópicos, datos acerca de los detenidos en cárceles y comisarías dentro del territorio santafesino.
El doble
Entre los datos salientes del informe se destaca que en los últimos diez años prácticamente se duplicó la cantidad de personas privadas de la libertad en cárceles y sedes policiales en la provincia de Santa Fe, tanto a disposición de la Justicia ordinaria como de la federal. Entre 2013 y 2017 la cifra se manejaba entre los 4.500 y 5.400 presos, pero desde 2018 la cantidad comenzó a subir hasta llegar a 9.350 al 31 de diciembre del año pasado.
La suba fue proporcional respecto de los que están encerrados por delitos federales: en 2013 eran 229 y el año pasado fueron 578. Asimismo, a finales de 2022 se observaba un incremento del 13% en comparación con el año anterior.
También la tasa de encarcelamiento cada 100 mil habitantes fue la más alta registrada. El informe indica que entre 2008 y 2011 ese valor se mantuvo relativamente estable, que en 2012 y 2013 hubo dos aumentos sucesivos que produjeron un pico de 150 detenidos cada 100.000 habitantes. La tasa se estabilizó hasta que en 2018 comenzó a subir hasta superar los 200 en 2020 (214), en 2021 (232) y llegar al año pasado con 263 personas presas cada cien mil habitantes.
En el informe se compara la tasa santafesina de 2022 con la bonaerense que el año pasado registró 311 personas cada cien mil habitantes, lo que incluye personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico. También con lo registrado durante 2021 en las provincias de Córdoba (98) y Tucumán (78).
Saturaciones
Uno de los problemas de los cuales vuelve a hablarse por estos días es el de las personas privadas de libertad en espacios policiales por la saturación del sistema penitenciario. Las últimas mediciones indican que por estos días se trata de un 11,6%, lo que implica una merma respecto de los dos años anteriores: 13,1% en 2021 y 12,4% en 2020. Sin embargo, esos números son bastante más altos que los registrados en los cuatro períodos previos: 9,6% en 2016; 7,8% en 2017; 7% en 2018 y 7,3% en 2019.
No obstante, cabe remarcar que todos estos valores siguen siendo mucho más bajos si se comparan con años anteriores. En 2008 había cuatro de cada diez presos (40,5%) en penales policiales, porcentaje que comenzó a bajar en 2009 (37,2%), 2010 (35,3%) y 2011 (34,9%). La proporción volvió a crecer en 2012 (40%) y 2013 (44%) y observó su primera merma importante en 2014 (26,8%) lo cual coincidió con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal. Al año siguiente, en 2015, volvió a bajar a un 20,5%.
El informe también desglosa la cantidad de presos con o sin condena —tanto en cárceles como en comisarías— que había hasta fines de 2022. En ese sentido, se remarca que el 44% no tenía condena firme, la misma proporción que la registrada en 2021 y en 2014, cuando comenzó a funcionar el actual sistema penal acusatorio. También se destaca que durante los años anteriores la cifra de presos sin sentencia solía superar el 50% y que esos guarismos comenzaron a bajar.
¿Por qué?
El informe del MPA también distingue los delitos por los cuales están acusadas o condenadas, calificaciones legales que suelen ser más de una (por ejemplo, a la imputación de un robo con arma de fuego suele sumarse la portación ilegal del arma). Según las cifras dadas a conocer por la Fiscalía General, a fines del año pasado el 35,6% de los presos en Santa Fe tenían alguna imputación por robo entre los delitos que les achacaron. Un 22% afronta una acusación por homicidio entre las razones por las cuales está tras las rejas, un 17,2% algún delito contra la integridad sexual.
Casi un 16% está acusada de portación de arma de fuego, un 13% está privada de libertad por lo menos por algún delito de amenazas. En tanto, el 6,6% de los presos fue acusado de infracción a la ley de estupefacientes 23.737.
También se detalla a cuántos años de prisión fueron sentenciados aquellos que recibieron condena (ver infografía página 23). En ese sentido se especifica que al 31 de diciembre de 2022 127 personas (un 2,5% del total) cumplían prisión perpetua (a esa cifra habrá que sumarles los condenados este año) y que otras 93 cursan penas superiores a los 24 años de reclusión.
Casi la mitad de los reclusos está purgando condenas de hasta seis años de cárcel, uno de cada cinco (17%) tienen una pena de entre 6 y 9 años, y un 20% afrontan condenas superiores a los 12 años.
También se aportan datos sobre las personas que con prisión domiciliaria, que a fines de 2022 fueron 1.823. Más de la mitad (1.073) se encontraba en prisión preventiva y 198 purgaba su condena bajo esa modalidad. Asimismo, del total había 31 obligados a portar un dispositivo electrónico que acreditara que se encontraba en ese lugar.
