Las lluvias en el norte de Santa Fe no dan tregua y volvieron a generar inconvenientes en diversos sectores. La localidad más afectada en este evento fue Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, en donde cayeron más de 200 milímetros (mm) en pocas horas.
En uno de los primeros relevamientos hechos por el gobierno provincial, se constató que fue afectado el 60% del casco urbano de esa localidad, que cuenta con unos 6.500 habitantes. Además, se registraron unas mil viviendas en las que ingresó el agua. Esto derivó en la evacuación de 21 personas entre las que se encuentran niños, adultos y personas mayores.
Se estima que en los últimos siete días se acumularon más de 360 milímetros (mm) de lluvias en Villa Minetti.
En esa zona, desde septiembre del año pasado, las precipitaciones acumuladas vienen superando al promedio, según datos de la estación que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene en Ceres.
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A raíz de las consecuencias de las lluvias, se reforzó el sistema de bombeo que hay en la localidad para acelerar el drenaje del agua y que ya había sido monitoreado la semana pasada. La situación fue supervisada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien este lunes estuvo en el operativo desplegado en Villa Minetti.
“Vamos a sumar más bombas que estamos trasladando desde otros puntos de la provincia para garantizar que, cuando llegue el agua desde Santiago del Estero, el sistema funcione correctamente. Lluvias de estas características nos ponen a prueba, pero el Estado tiene que estar presente en el territorio”, aseguró el gobernador.
Pedido de declaración de emergencia hídrica
A raíz de la situación en el norte de la provincia, la diputada nacional por Santa Fe Gisela Scaglia (Provincias Unidas) presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia hídrica, económica, financiera, social y productiva en la región afectada por las lluvias.
La declaración abarca los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio, y precisamente a las localidades de Reconquista, Avellaneda, Villa Minetti, San Bernardo, Gato Colorado y Fortín Olmos, por un plazo de 120 días que podrán ser prorrogables.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer recursos técnicos, humanos y financieros para asistir a la población damnificada, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Contempla asistencia social directa, reparación de infraestructura, restablecimiento de servicios esenciales, líneas de crédito a tasa subsidiada y refinanciación de obligaciones financieras, además de la articulación a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).