Siete policías fueron imputados el domingo por el robo de 76.900 dólares de una vivienda donde 40 días atrás realizaron un allanamiento con el objeto de resguardar a tres niños que afrontaban un posible riesgo originado en un problema familiar. Seis de los uniformados prestaban servicio en la comisaría 15ª y otro es miembro de un grupo de irrupción. Seis de los acusados fueron imputados por el fiscal José Luis Caterina como coautores de delitos varios: “abuso de autoridad, hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica”. En tanto, otra empleada de la seccional de Sarmiento y Ameghino fue acusada solo de haber encubierto a sus compañeros a cambio de dinero y además otro de los imputados, precisamente el subjefe de la 15ª, también deberá responder por la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil que le incautaron al allanar su casa.
En ese marco el juez Rodrigo Santana les dictó prisión preventiva efectiva hasta el próximo 26 de julio a dos de los acusados: AG, la mujer imputada de encubrimiento, que la transitará en modo domiciliario, y para el subjefe DC. En cierto sentido serían los más comprometidos dado que la investigación detectó en ambos casos la posible utilización de una parte del dinero sustraído, por ejemplo, en la compra de una lancha.
En tanto, para los otros cinco sospechosos (los numerarios de la 15ª RA, BA, JG y AM, y MG, de un grupo táctico) el magistrado ordenó la libertad bajo reglas de conducta por al menos dos años y el pago de una fianza de 500 mil pesos. En ese marco también dispuso “la intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los imputados” por parte de la fiscalía, a quien los imputados deberán solicitar los permisos para que puedan realizar movimientos bancarios que “resulten necesarios y justificados”.
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En ese marco la familia había terminado en la casa de los abuelos paternos donde confluyeron un posible delirio persecutorio, con las lógicas preocupaciones de familiares y la existencia de armas de fuego en la vivienda. Una situación inestable en la que la aparición de 76.900 dólares que esa familia tenía como ahorros resultaron una tentación insoslayable para esos amigos de lo ajeno que a veces se visten de azul.
Delirio
La secuencia que derivó en el hurto de los 76.900 dólares comenzó dos días antes, el 11 de abril, cuando un matrimonio y sus tres hijos —un adolescente de 16 y dos niños menores de 10— intentaron esconderse en el baño de una confitería de Funes argumentando que estaban en peligro porque había gente que estaba persiguiendo a la familia para matarlos. Al lugar llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico que los convencieron de ir a denunciar lo que pasaba a la comisaría.
La policía había comunicado de la situación a la fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde al día siguiente se comunicaron con una hermana de la mujer que le manifestó su preocupación porque no tenía noticias sobre ella y su esposo e hijos, que se habían ido de su casa y no sabía dónde estaban.
Para entonces la situación de riesgo parecía evidente: o bien la familia era perseguida o, tal como intuían los familiares que habían alcanzado a contactarlos, los padres de los niños estaban atravesando alguna suerte de delirio persecutorio, tal como lo describieron allegados a la investigación.
En ese marco se activó un oficio de averiguación de paradero por cada integrante de la familia. Al día siguiente, la tarde del 13 de abril, los hermanos de la mujer localizaron el auto de la familia en la zona sur de Rosario. El vehículo exhibía rastros de un pequeño choque en un costado y desde afuera podían ver una billetera abierta en el piso. Como sabían que en esa cuadra vivían los suegros de su hermana, fueron a golpear la puerta de la casa. Lo hicieron durante algunas horas pero nadie los atendió.
Desde la fiscalía pidieron que interviniera la policía. Así empezaron a llegar uniformados pero nadie respondía desde adentro de la vivienda. En ese marco apareció un vecino diciendo que el dueño de casa, de unos 80 años y abuelo paterno de los hijos del matrimonio, tenía un arma de fuego y que alguna vez lo había escuchado disparar. Entonces se decidió ingresar a la casa para resguardar a la familia de una situación que, más allá de las dudas que ofrecía, se presentaba como difícil y riesgosa, especialmente para los niños.
Desde la comisaría se contactó al Grupo Táctico Multipropósito (GTM) para que se encargara de la irrupción. En tal sentido la Fiscalía les detalló a los policías la situación y el porqué del allanamiento: preservar a los menores del peligro que los pudiera estar acechando. Eso implicaba secuestrar armas pero la orden ni siquiera habilitaba a preguntar a los moradores si había objetos de valor.
Los policías ingresaron y dieron cuenta de quiénes estaban en la casa: los tres niños, sus padres y los abuelos paternos. En la casa se hallaron dos revólveres pero nada se reportó sobre dinero alguno. También se requisó el auto del matrimonio en el que hallaron unos 280 mil pesos.
Con intervención de la secretaría de Niñez de la provincia, los chicos quedaron al cuidado de una tía. Sus padres fueron tratados en la guardia de un neuropsiquiátrico pero más allá de algunas ideas paranoides en su discurso se resolvió que no debían ser internados sino recibir un tratamiento ambulatorio.
Con una causa aparte por tenencia de armas para el dueño de casa, el caso se consideró cerrado, se dieron de baja las averiguaciones de paradero y se dispuso la devolución de los efectos incautados, como el auto del matrimonio y el dinero hallado en su interior.
¿Y los dólares?
Al día siguiente, con la situación —supuestamente— resuelta la fiscalía volvió a comunicarse con una tía de los niños. La mujer les comentó cómo la familia se estaba reacomodando. Y de paso les preguntó a los funcionarios del MPA cuándo le iban a devolver el dinero.
La respuesta fue que ya lo habían hecho, que el dinero había sido restituido junto con el vehículo. Pero la mujer les indicó que no se refería a ese dinero sino a los casi 80 mil dólares que pertenecían a la familia de su cuñado y que la policía se había llevado.
Entonces se inició otra investigación, esta vez sobre la participación policial y con la intervención de Asuntos Internos. Entre cinco y seis semanas de entrevistas a testigos y otras medidas permitieron establecer cómo se había ejecutado en realidad el procedimiento. Que primero irrumpió el GTM con cinco o seis efectivos que llevaron a los moradores de la vivienda al comedor.
Luego ingresaron los policías de la 15ª. El subjefe de la comisaría, identificado como DC, les dijo que tenía orden de ingresar, llevarse a los niños y llevarse armas que sabía que había. Pero además, contra lo que afirmaba la orden judicial, les dijo a los dueños de casa que debían decirle si había elementos de valor.
Según coincidirían en sus posteriores declaraciones, los dueños de casa les dijeron a los policías dónde guardaban sus ahorros, unos 69 mil dólares que eran producto de la venta de una fábrica metalúrgica que había quebrado durante la pandemia. Estaban en una caja de zapatos con alhajas, que fueron dejadas sobre la caja en una escalera.
A eso se sumaban otros 7.900 dólares que había traído la madre de los niños, que pertenecían a la venta de un vehículo y que llevaban con ellos como parte su plan para escapar de quienes creían que los estaban persiguiendo. Esos dólares, que estaban a la vista, también fueron retirados por los policías.
Animo de lucro
También se supo parte de lo ocurrido afuera, cuando otro familiar de los niños escuchó que una policía salía de la casa y le decía a unos compañeros que “hay mucha plata adentro”. Al parecer el hallazgo despertó un interés extra en los uniformados que empezaron a hablar con familiares, e incluso con el hijo más grande de la pareja, para que les dijeran si la familia tenía vínculo con el narcotráfico, que sus padres irían presos, que no vería más a sus hermanos y discursos disuasorios de los que se escuchan en las series cuando los agentes salen a pescar confesiones.
En ese marco, según declararía luego otra familiar de los niños, una de las policías le dijo que estuviera atenta porque los habitantes de esa casa “estarían vinculados al lavado de activos de Alvarado”. Otra testigo contó haber visto a un policía con pasamontañas que mandaba un audio de Whatsapp en el que decía que “las hermanas habían denunciado” a los de la casa por lavado. Y otro de los testigos también declaró que en un momento DC le pidió al padre de los niños que confesara si el dinero ese tenía que ver con droga.
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Otro fiasco develado de la investigación del procedimiento: las dos testigos civiles que figuran en el acta no pudieron ser halladas; sus domicilios no existen y los DNI aportados no coinciden con esas identidades.
La investigación de Asuntos Internos estableció distintas participaciones de dos imputados. La identificada como AG, que no participó del procedimiento, fue imputada de “encubrimiento con ánimo de lucro” por no haber denunciado a sus compañeros por la sustracción. El lucro consiste en el dinero que le atribuyen haber recibido en mayo para poder pagar el cumpleaños de 15 de su hija. Y también por el hecho de que DC la hizo parte de la compra de una lancha que, según los investigadores, ambos fueron a elegir a un astillero de la zona sur.
