La Cámara de Diputados de la provincia ya tiene en estudio un proyecto de ley que habilitaría la agremiación del personal policial y del Servicio Penitenciario santafesino. La iniciativa corresponde a la diputada justicialista Matilde Bruera, quien afirmó en la presentación que se trata de una normativa “más amplia que la simple sindicalización”, que reconoce derechos a los empleados y busca democratizar a las fuerzas de seguridad, pero que a la vez prohíbe la posibilidad de hacer huelgas por las características del servicio que prestan.
“El proyecto establece derechos y obligaciones de los trabajadores policiales y penitenciarios de la provincia y podrá acceder a la agremiación como cualquier trabajador”, sostuvo la legisladora. También explicó que se prevé la creación de una Defensoría de la Policía, a modo de ombudsman, “para defenderlos de los sumarios administrativos y otras faltas que puedan cometer”, agregó.
La diputada provincial sostuvo que “el derecho a la agremiación es de los trabajadores, no de los gobiernos” y aclaró que “en la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas de seguridad, con lo cual hay que impulsar reformas profundas en la concepción y estructuración de la policía”.
“Se han vuelto a presentar las tres leyes de reforma policial que en su momento ingresaron a la Legislatura (con el impulso del ex ministro de Seguridad Marcelo Saín) y no fueron tratadas. Y me pareció que, además de ese debate que se va a dar en algún momento, la cuestión gremial es algo que no se puede obviar. En un estado de derecho no se pueden dejar de lado las obligaciones y derechos de los trabajadores. Los empleados policiales y penitenciarios son empleados públicos”, subrayó la legisladora del Frente de Todos.
En ese sentido, Bruera sostuvo que “la agremiación reconoce derecho a peticionar ante las autoridades, pero prohíbe hacer huelgas”. En ese orden, el proyecto declara a la policía y al Servicio Penitenciario “como servicios esenciales, por eso está restringido el derecho de huelga y a peticionar en horario de trabajo. Pero no hay restricciones sobre los otros derechos que tiene cualquier trabajador. Democratizar a las fuerzas policiales es un primer paso para empezar a jerarquizarlas y especializarlas”, enfatizó la diputada.
“Tenemos una policía muy mal paga, a la que no se le provee de elementos, que no está capacitada ni organizada en las distintas especialidades. Por ejemplo, una cosa es la policía de investigación y otra cosa es la de prevención y de seguridad. Todo eso no existe. Tenemos una policía organizada con una ley provincial que es de 1975, previa a la dictadura, con un criterio de orden público que organiza a la policía en la persecución política”, agregó Bruera.
La diputada justicialista consideró que “a esta altura del estado de derecho la provincia debe tener una policía democrática, que se ocupe de resguardar los derechos y libertades de las personas, de prevenir riesgos de inseguridad, que sea capacitada permanentemente y reciba un salario digno. Si no es una fuerza a la que le exigimos seguridad y no le reconocemos ningún derecho”.
