Esta semana, el Senado santafesino tratará en sesión la ley que busca establecer el juicio por jurados en la provincia de Santa Fe. La medida, que ya tuvo media sanción en Diputados, permitirá que en el tratamiento de delitos graves participen doce jurados con paridad de género dirigidos por un mismo juez. Desde el Instituto de Litigación Oral del Colegio de Abogados expresaron su apoyo al proyecto. "No es más que el cumplimiento del mandato que nuestros constituyentes determinaron como sistema de juzgamiento en nuestro país", indicó Malena Inés Corvalán, presidenta de la institución.
Luego de la media sanción conseguida a principios de mes en Diputados, este jueves el Senado buscará convertir en ley el proyecto que establece la participación de jurados populares en juicios de causas penales por delitos graves. Entre ellas aparecen los homicidios o las tentativas y las torturas, vejaciones y apremios ilegales de parte de funcionarios públicos, además de los casos de abuso sexual agravado.
Corvalán, abogada y docente en la Universidad Católica Argentina, manifestó su acuerdo con el proyecto como presidenta del Instituto de Litigación Oral del Colegio de Abogados. "Con la instauración del jurado popular, son los ciudadanos quienes habilitan al Estado a ejercer el poder penal. Este es un límite al poder Estatal y es a su vez, una garantía del propio imputado de ser juzgado por sus pares, por personas que no están dentro del sistema penal ni estatal", explicó.
Ante las críticas
En ese sentido la profesional apuntó contra diversas críticas que se han hecho al jurado popular. Uno de ellos es la constitucionalidad, según Corvalán cuestionada por los críticos dado que dicho instituto no permitiría a los imputados tener la posibilidad de apelar las decisiones del jurado por no contar con los fundamentos del veredicto.
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"Es indiscutible que el juicio por jurados es un imperativo constitucional. Está establecido desde 1853, no en uno, sino en tres de sus artículos. En todos los casos está claro que el espíritu de nuestra ley fundamental, es que los juicios criminales deben ser juzgados por juicios por jurados, y esto es irrefutable", contrapuso Corvalán sobre este aspecto. "Esto no fue tocado al reformarse la Constitución en el año 1994 lo que implica una ratificación de los constituyentes de mantener el jurado en nuestra Carta Magna", agregó.
La abogada también apuntó a "la confusión respecto de creer que el jurado no toma una decisión fundada". "En rigor lo que no hay son los fundamentos del veredicto, pero éste surge de una deliberación entre todos los miembros del jurado, por lo que es una decisión razonada y fundada, más allá de que no estén expuestos junto con el veredicto", explicó. "Con los avances tecnológicos que hoy tenemos a disposición, los juicios están grabados, lo que permite analizar cada testimonio, cada elemento de prueba, cada incidente que se produce en el juicio, como si estuviera presente", argumentó.
Según Corvalán también hubo reparos ante la selección por sorteo para conformar los jurados, según establece el proyecto. En contra de esas críticas indicó: "En el caso del jurado se elije a través de un mecanismo que permita evitar la manipulación del mismo. Tal es el caso del sorteo, lo que le da al sistema, transparencia".
Además explicó que "esta instancia de sorteo no es la única forma en la que se determinará los integrantes del jurado". "Una vez que se seleccione una cierta cantidad de personas que representen en género y en ubicación geográfica, se pasará a realizar lo que se llama selección del jurado (voi dire). En esta instancia tanto el fiscal como la defensa podrán sacar a personas seleccionadas que por sus circunstancias personales, no serán lo suficientemente imparciales", analizó.
